Fiscales anticorrupción negociaron con el director de Picassent permisos penitenciarios para Blasco

VALÈNCIA. El fiscal del caso Cooperación, Vicente Torres, se reunió con el director de la cárcel de Picassent para negociar la concesión de permisos penitenciarios al exconseller Rafael Blasco, que cumple una pena de seis años y medio por la condena que se le impuso en el primer juicio de este caso por malversación de ayudas destinadas al Tercer Mundo.

El objeto de la reunión era avanzar en el acuerdo de conformidad con Rafael Blasco, un pacto para evitar la celebración del nuevo juicio condicionado a la confesión del exconseller en las piezas 2 y 3 del caso Cooperación. El exconseller de Cooperación ha puesto como condición para firmar que se le facilite la salida de la cárcel con permisos que hasta ahora siempre se le han negado. La negociación de estos permisos penitenciarios sería irregular al condicionarse un acuerdo de conformidad con la ejecución de una pena derivada de otra causa.

En ese encuentro, confirmado a Valencia Plaza por Instituciones Penitenciarias, también estuvieron otro de los dos fiscales anticorrupción de Valencia, Pablo Ponce; los dos abogados del exconseller, el penalista Javier Boix y el encargado de sus asuntos penitenciarios, Juan Molpeceres, y la esposa de Boix, que también es abogada.

Se trata de una reunión absolutamente anómala por el formato y las circunstancias, ya que se produjo al margen de los fiscales específicos de Vigilancia Penitenciaria y de la Junta de Tratamiento de Picassent, dos de las instancias que intervienen directamente en la tramitación de los permisos de los reclusos. A ello se suma, además, el hecho de que el director del centro reciba a los abogados de un interno para hablar de permisos.

La Junta de Tratamiento de Picassent, cuyo presidente es el director de la prisión, siempre se ha opuesto a los permisos de Blasco

Hasta ahora, la Junta de Tratamiento de Picassent, cuyo presidente es el director de la prisión, se ha opuesto a todas las solicitudes de permiso de Rafael Blasco. Incluso informó en contra cuando el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria le concedió a finales de 2017 el único permiso del que ha disfrutado desde que ingresó en prisión. La Audiencia Provincial de Valencia lo revocó posteriormente, pero cuando ya lo había disfrutado. Desde entonces, todas las solicitudes le han sido denegadas.  

La Junta de Tratamiento es un órgano colegiado presente en todas las prisiones entre cuyas funciones se encuentra conceder los permisos de salida previo informe del equipo técnico, solicitando la autorización del Juez de Vigilancia o del Centro Directivo. No ha pasado ni un mes desde que a Blasco se le negó por última vez el permiso por el riesgo medio-alto de reincidencia detectado por la Junta de Tratamiento de Picassent.

Sin permisos no hay acuerdo

La oferta de la Fiscalía Anticorrupción a Blasco consiste en bajar la petición de cárcel de 16 años a 2 y medio a cambio de su declaración de culpabilidad sin necesidad de celebrar el juicio de las piezas 2 y 3 del caso, pero el exconseller también está exigiendo los permisos. Dado que la Junta de Vigilancia de la prisión siempre se ha opuesto, Anticorrupción intenta –de espaldas a los fiscales específicos de Vigilancia Penitenciaria– que el director de la prisión interceda para que la Junta que él mismo preside reconsidere su criterio. Sin un informe a favor de la Junta de Tratamiento, el juez no concedería los permisos.

Pero las circunstancias por las que la Junta de Tratamiento no ha concedido ningún permiso a Blasco se mantienen. Además de tener juicios pendientes, el exconseller de Cooperación no ha reparado el daño económico porque no ha pagado ni un euro de la responsabilidad civil por la que se le condenó en la primera pieza del caso Cooperación. Por lo tanto, el próximo informe de la Junta será clave para comprobar si se consuma el cambio de criterio tras las peticiones de los fiscales anticorrupción al director de la cárcel de Picassent.

El próximo informe de la Junta de Picassent será clave para comprobar si se consuma el cambio de criterio que pide Anticorrupción

Un portavoz de Instituciones Penitenciarias reconoció que este tipo de visitas a la prisión no son habituales, pero aseguró que el director del centro penitenciario accedió a reunirse con los dos fiscales anticorrupción por "cortesía" y "colaboración institucional" al tratarse de una autoridad judicial.

Sin embargo, rechazó valorar el hecho de que el director de la prisión reciba en su despacho a los abogados de un interno, algo totalmente excepcional, así como los detalles de una reunión "privada" de contenido "confidencial" que enmarcaron en la negociación del acuerdo de conformidad entre el exconseller de Cooperación y la Fiscalía.

Los fiscales también se reunieron con Blasco en prisión

Además de recibir a los dos fiscales y a los abogados de Rafael Blasco, el director de la prisión accedió a su petición para que les habilitase una sala de gran tamaño y con buena iluminación. En lugar de usar los locutorios, espacio habitual de reunión entre los abogados y los reos cuya capacidad está limitada a cuatro personas, los abogados de Blasco y los dos fiscales utilizaron esta sala para reunirse con el exconseller del PP.

La visita a la prisión, que según la Fiscalía General del Estado tenía por objetivo "buscar conformidades", se produjo en plena agitación ante los detalles del pacto con Blasco revelados por este periódico.

Tal y como viene contando Valencia Plaza, además del acceso a permisos penitenciarios, otra de las contrapartidas que el exconseller está pidiendo a la Fiscalía Anticorrupción a cambio de su confesión es que se garantice trato de favor a su mujer, Consuelo Císcar, y su hijo Rablaci, ambos imputados por malversación y prevaricación en el caso IVAM.

Antes de firmar, Blasco pide a Anticorrupción compromisos concretos sobre los beneficios a su mujer y su hijo en el caso IVAM

En el encuentro celebrado en la prisión, Rafael Blasco solicitó a Anticorrupción compromisos concretos sobre los beneficios a su mujer y su hijo en el caso IVAM antes de firmar el acuerdo de conformidad. Císcar tiene pendiente de depositar una fianza de 4,1 millones de euros que la jueza le reclama junto a otros imputados, pero la exdirectora ha solicitado una prórroga para evitar el embargo de sus bienes.

Se da la circunstancia de que la acusación de Fiscalía Anticorrupción en la investigación de las irregularidades en el museo, que abarcan desde la compra de obras falsas hasta el uso de los recursos del centro para impulsar la carrera de su hijo, la ejerce el mismo fiscal, Vicente Torres.

Además, el abogado de Blasco para asuntos penitenciarios, Juan Molpeceres, lo es también de Consuelo Ciscar en el caso IVAM. El propio letrado confirmó a este periódico su participación directa en todas las reuniones con Anticorrupción para negociar la conformidad del exconseller de Cooperación, pero no el porqué de su presencia: "Es evidente por qué estaba en esa reunión".

Un acuerdo basado en dos falacias

Para justificar el acuerdo que reduce sustancialmente la petición de cárcel para Rafael Blasco y los otros 23 acusados en las piezas 2 y 3 del caso Cooperación, Anticorrupción se basa en dos premisas. Por un lado, una supuesta recuperación del dinero malversado que no podría llevarse a cabo porque todos los bienes que los principales procesados se han ofrecido a vender están embargados.

Especialmente llamativo resulta el caso del chalet del exconseller en la Barraca de Aigües Vives que Anticorrupción ha aceptado para reducir los años de condena pese a estar embargado por el Tribunal de Cuentas. En cualquier caso, no cabría hablar de reparación del daño económico causado porque no se garantiza un desembolso efectivo por parte de los acusados, sino una promesa de puesta en venta de estos bienes.

Anticorrupción, que pidió 16 años de cárcel para Blasco en el próximo juicio por el saqueo de las ayudas a ONG, le ofrece ahora 2 y medio

Por otro lado, tanto Anticorrupción como la Generalitat, que en sus escritos de acusación pidieron respectivamente 16 y 17 años de cárcel para Blasco, justifican la oferta para rebajar condena reclamada a dos años y medio en el hecho de que, según la sentencia del Tribunal Supremo por la que Blasco fue condenado, la pena de seis años y medio del exconseller por malversación solo podría incrementarse en un año y medio más porque el tope serían los 8 años con los que se castiga este delito.

Sin embargo, no tienen en cuenta que en las piezas 2 y 3 Blasco está acusado por un delito continuado de malversación que se comete en concurso con prevaricación y falsedad documental, lo que eleva a 12 años y no a 8 la pena máxima. También pasan por alto que el exconseller está acusado por otro delito por el que nunca antes ha sido condenado y por el que las mismas acusaciones le pidieron 4 años.

Por lo tanto, la condena que está cumpliendo Blasco podría incrementarse en 9 años y medio más: 5 y medio por delito continuado de malversación que se sumarían a los 6 y medio por los que ya fue condenado y otros 4 por asociación ilícita.

A ello se suma además que, de prosperar el acuerdo de la Fiscalía, que contempla rebajas muy sustanciales de las peticiones de condena para los otros 23 acusados, prácticamente todos saldrían impunes del saqueo perpetrado en las ayudas a las ONG y los fondos destinados a construir un hospital en Haití tras quedar este país devastado por un terremoto.

El acuerdo de conformidad solo contempla penas de más de dos años de prisión para César Augusto Tauroni, Rafael Blasco y Marc Llinares. El caso de este último, señalado como pieza clave en el funcionamiento de este "grupo criminal", resulta especialmente flagrante porque se libró de ser condenado en la primera pieza por una imprecisión en la acusación y, por lo tanto, no tendría ninguna limitación para cumplir los 12 años que le podrían caer en el futuro juicio. Aún así, se le han ofrecido 2 años y 4 meses de condena a cambio de confesar y evitar el juicio.