FSIE-CV recurre la orden de Bono infantil de Educación por “poner en peligro” 500 centros

VALÈNCIA. FSIE-Comunitat Valenciana, el sindicato mayoritario en la enseñanza concertada y uno de los más representativos en la enseñanza privada y la atención a la diversidad funcional en la Comunitat Valenciana, ha advertido este lunes de que el Conseller de Educación, Vicent Marzà “pone en peligro” el futuro de 5.000 trabajadores de las escuelas infantiles y la existencia de 500 centros en la Comunitat.

FSIE se ha referido así a la orden de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deportes que establece las bases reguladoras del Bono Infantil de 0 a 3 años y la resolución que regula esta convocatoria, contra la que ha presentado un recurso contencioso-administrativo.

La orden, ha añadido, que establece las ayudas para la adquisición del bono infantil, utiliza criterios “diferenciadores” y “sin justificación objetiva” entre los centros de titularidad pública y los centros de titularidad privada. La semana pasada también anunciaron también la interposición de recurso las patronales Feceval-CECE, Escuelas Católicas de la Comunitat Valenciana y Acade.

Según FSIE, la Conselleria pretende así “acorralar” a las escuelas infantiles y “desactivar la demanda social” de forma “intencionada y desequilibrada hacia un modelo de escuela en el que no cabe la libertad, la pluralidad y la diversidad”. “Marzà está teledirigiendo la libertad de los padres con un uso partidista de los recursos públicos”. 

Esta resolución es una “criba” de los profesionales y centros infantiles que no son públicos y ha lamentado que esta “persecución” pueda costarle el puesto de trabajo a miles de profesionales que, a través de la red privada de escuelas infantiles de iniciativa social ya prestan un servicio de calidad a la sociedad que, desde la actual administración autonómica no se reconoce.

Para FSIE, “no se puede diseñar un modelo de sociedad de forma unidireccional y a costa de la libertad de un sector muy importante de la población” porque la administración “debe valorar las aportaciones educativas de un sector que atiende, con unas exigencias normativas elevadas, a gran parte de la población en esa franja de edad”.

“Muchos de estos trabajadores de las Escuelas Infantiles de iniciativa social, maestros y maestras, auxiliares, personal de servicios, se han transformado para muchos padres en los depositarios de lo que más estiman, ganándose con su esfuerzo, y día a día, la confianza de las familias”, ha señalado.  

En este contexto, FSIE CV recuerda que desde hace unos años la Conselleria introdujo el Bono Infantil como medida para favorecer la iniciativa social en el desarrollo de la actividad escolar y facilitar la libertad de elección de los padres a la hora de recoger el centro en el que los padres quieren formar a sus hijos.

Una ayuda que “aunque siempre llega tarde y mal” ha permitido que las escuelas infantiles de iniciativa social “hayan dedicado su tiempo y dinero a impulsar iniciativas que en muchos barrios y pueblos han posibilitando la creación de puestos de trabajo”. Iniciativas que han dinamizado en muchos casos la economía local y han ampliado las posibilidades de elección de los padres.

“Los principios de eficiencia en el gasto público obligan a la Administración a gastar de forma coherente el dinero de todos y en este caso se podrían financiar puestos escolares actualmente existentes en las escuelas infantiles de iniciativa social ya constituidas”.