Juan José Marín, vecino de Nazaret aquejado de espina bífida.VALÈNCIA. “Todas las semanas tengo que ir en mi silla de ruedas al Hospital Clínico, pero el mal estado de las rampas de los buses de la línea 30, que no suelen funcionar, hace que bien sea a la ida o bien a la vuelta, tenga que esperar en ocasiones más de una hora hasta que pasa un bus con la rampa operativa; así es difícil tratarse con normalidad y llegar puntual a las citas con el médico”.
Así se ha pronunciado Juan José Marín, de 45 años, vecino del barrio de Nazaret, aquejado de espina bífida. Según relata, acercarse al centro sanitario cada semana se le antoja un auténtico vía crucis al depender de que las rampas de acceso para personas con movilidad reducida de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) funcionen correctamente.
“Raro es el día que a la ida o a la vuelta, el primer bus en pasar tras una espera, a veces, de 20 ó 25 minutos, no tiene la plataforma averiada; me he quejado al conductor varias veces que ya me conoce, pero dice que, a pesar de trasladar a sus superiores la problemática, siempre le dan el mismo autobús”, ha explicado.
El problema no es exclusivo de la línea 30. Tal y como ha comentado, además también ha tenido problemas en la línea 4, “aunque es menos habitual”.
De hecho, según ha asegurado, “la semana pasada cuando salí del Clínico, como pasaron dos buses del 30 sin rampa, me fui con la silla de ruedas hasta la avenida del Puerto, que casi se me queda sin batería, para coger el 4; por suerte la plataforma sí funcionó”.
Sobre la posibilidad de recurrir al servicio especial puerta a puerta para personas con movilidad reducida que ofrece la EMT, Marín ha comentado que “de inicio prefería el servicio ordinario ya que me da más autonomía al no depender de un horario fijado previamente, pero visto lo visto, al menos para la ida me plantearé solicitarlo”.
Al respecto, el presidente de la Asociación de Vecinos Nazaret Unido, José Antonio Barba, ha exigido a los responsables de la EMT “que cada día cuando salgan los buses de cocheras, especialmente aquellos que pasen por hospitales o centros de salud, como mínimo lleven la rampa revisada y preparada para usarse” y que faciliten “la cancelación de los títulos en las puertas con plataformas, ya que muchas veces cuando entra el discapacitado no puede llegar a la cabina del conductor para ticar”.
Por su parte, la Federación de Vecinos ha recordado que la accesibilidad universal a dependencias municipales y al transporte público debe ser una prioridad y, en este sentido, ha recordado que la Fiscalía provincial de Valencia ha abierto diligencias preprocesales por la denuncia de Cocemfe al servicio de cercanías de Renfe por problemas de accesibilidad en sus trenes.
"No llegamos ni de broma", afirma a Europa Press el director de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación ONCE, Jesús Hernández, sobre la fecha tope que España se dio en 2003 para que todos sus espacios públicos urbanizados y edificaciones fueran accesibles a las personas con discapacidad. El lunes 4 de diciembre acaba el plazo.
Se trata de acatar el Real Decreto Legislativo por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que regula, aclara y armoniza las leyes en materia de discapacidad aprobadas con anterioridad y, además, da cumplimiento a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, ratificada por España exactamente hace diez años.
"Existe un variado y profuso conjunto de impedimentos que privan a las personas con discapacidad del pleno ejercicio de sus derechos y los efectos de estos obstáculos se materializan en una situación de exclusión social, que debe ser inexcusablemente abordada por los poderes públicos", señala este decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado el 3 de diciembre de 2013.
Hernández afirma que cuando se aprobó la Ley de Igualdad de Oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, hace ya catorce años, "se pensó que había tiempo suficiente, pero 2017 ha llegado más rápido de lo que se esperaba y no se va a cumplir". "Lo digo como usuario y lo avalan los estudios técnicos", apostilla.
Desde Fundación ONCE se ha elaborado varios informes sobre el grado de cumplimiento en España de toda la legislación relativa a la accesibilidad. Concretamente, esta entidad presentó en 2011 el 'Observatorio de la accesibilidad universal en los municipios de España' con la colaboración de la FEMP y el CERMI, con el que pusieron de manifiesto la baja accesibilidad en áreas urbanas, edificios y transportes de 70 ciudades españolas.
"Aunque han pasado seis años, no se ha evolucionado", lamenta este experto y autor del informe, que recuerda algunos de los aspectos más clamorosos: El 90% de los municipios tiene escaleras urbanas que no cumplen la normativa, incluso casi un tercio de las mismas no tienen barandilla; el 68% de los comercios no tienen acceso a nivel; el 67,6% de los semáforos no cuentan con un avisador; más de la mitad de los bancos de la calle no son accesibles, y en casi un 70% de las urbes hay alcorques sin cubrir o los bolardos están mal diseñados.
Hernández explica que si bien España es uno de los países europeos que destaca por su accesibilidad, también alerta de que "está retrocediendo". Concretamente, en la séptima edición del 'Premio Europeo ciudad accesible', no se encuentra ninguna urbe española: "Dimos un buen impulso al principio, pero nos estamos relajando".
