Eduardo Zaplana. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. La operación Erial ha hundido al expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, acusado de cobrar mordidas y blanquear dinero. La investigación no ha sido fácil. De hecho, el entramado societario presuntamente utilizado para desviar el dinero negro es más que complejo. Pero todo final tuvo un principio, y el de Erial fueron la ingeniería financiera y las facturas falsas. Todo ello antes del periplo viajero de paraíso fiscal a paraíso fiscal de las supuestas mordidas. Así se gestó la trama descubierta en la operación Erial.
Según la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), el eje principal del caso pivota en lo que podrían ser "una serie de comisiones aparentemente desembolsadas en atención a las adjudicaciones del servicio de ITV y del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, todas ellas adjudicadas y pagadas por parte de sociedades del grupo empresarial Sedesa", propiedad de la familia Cotino. Aunque lo realmente complejo ha sido encontrar y acreditar el entramado empresarial supuestamente utilizado para mover y blanquear el dinero.
Explican los agentes que para llevar a cabo la mecánica delictiva, presuntamente se habrían utilizado dos operativas: por un lado, a través de sendas compraventas de participaciones concertadas entre una mercantil luxemburguesa y una española y, por otro, mediante facturación, por prestaciones de servicios aparentemente inexistentes, a empresas relacionadas con la consultoría radicadas en Valencia.
En un informe aseveran los agentes que las operaciones de compraventa de participaciones por parte del grupo Sedesa para "el pago de comisiones" se hicieron por dos vías, a través de los cuales se habrían abonado comisiones por importe de 6.400.000 euros a la mercantil Imision International y 2.186.000 a Fenix Investment.
En relación al segundo tipo (pago justificado a través de facturación a sociedades españolas por servicios inexistentes) se trataría del pago, entre los años 2003 y 2011, a la sociedad Dobles Figuras Constructores de 1.355.351 euros y a Imarol de 580.000 en el añó 2008. "El montante total de los presuntos sobornos investigados asciende a 10.521.351 euros" según la investigación realizada por la UCO.
Con Imision, el grupo Sedesa realizó dos transferencias de dinero, la primera, en septiembre de 2005, por 6,4 milones de euros, y la segunda en juicio de 2006 por un importe de dos millones de euros. La UCO dice que para justificar la salida de fondos con destino a una sociedad con cierto perfil offshore, radicada en Luxemburgo, se lleva a cabo una inusual compraventa de participacjones de una mercantil establecida en Valencia (Inversiones Imison), vinculada igualmente a Sedesa.
Resulta, tal y como se explica en el informe, que se compran las mismas participaciones sociales que cuatro años antes había vendido la propia Sedesa a Imison Internacional, administrada por Beatriz García Paesa, pero abonándose por ellas una cuantía extraordinaria. "Es significativo el hecho de que en la escritura de compraventa no se exponga y se detalle el criterio que se siguió para acordar el precio de venta (6,4 millones de euros)", que resulta ser el precio de la mordida. Afirman los agentes que "esta sociedad luxemburguesa se utilizó como "vehículo corporativo" para canalizar fondos que presuntamente tuvieron por objeto el pago de comisiones pactadas".
La misma mecánica se utilizó para pagar las supuestas mordidas a Juan Francisco García, exjefe de gabinete de Zaplana, presidente de la mesa de contratación de las ITV y segunda persona que presuntamente más mordidas cobró tras Zaplana. En este caso se realizaron dos transferencias, 186.000 euros en 2005 y dos millones en 2007, a otra sociedad en Luxemburgo, Fenix Investments.
Uno de los detalles que demuestran lo minuciosa que ha sido la investigación es que la UCO, buscando seguir el rastro de las mordidas, topó con otra mercantil, Imarol, estrechamente relacionada con otro expresidente valenciano, en este caso, José Luis Olivas, a la que el grupo Sedesa habría ingresado 580.000 euros. Es más, la UCO hace referencia al juicio por el que Vicente Cotino y Olivas fueron condenados, y en cuya sentencia se hace referencia a esos 580.000 euros.
Así, con ingeniería fiscal y el clásico entre los clásicos de la corrupción, las facturas falsas, fue como empezó la trama descubierta por la operación Erial.
