VALÈNCIA. Ence fue ayer la gran protagonista negativa de la sesión bursátil, al sufrir una fuerte caída del 5,33% en lo que fue la mayor desde el pasado 1 de noviembre de 2018, cuando sus títulos se desplomaron un 9,90%. Además, y como dato a tener muy en cuenta, el batacazo de la compañía celulosa vino acompañado de un volumen de contratación que ni los más viejos del lugar recordaban, dado que se intercambiaron de manos 4,46 millones de 'ences' -como se les conoce en la jerga- frente a una media diaria anual de 1,35 millones, según los datos de Infobolsa.
Ni que decir tiene que fue la peor jornada bursátil desde que el pasado 24 de diciembre volviera al Ibex 35 después de abandonarlo 21 años antes. Y después de que hace un mes, tal y como contó este diario, era la cotizada que más subía en dicho índice, rebotando casi un tercio desde sus mínimos de finales de 2018. Pese a ello, y tomando el cierre de ayer, la empresa presidida por Juan Luis Arregui se revaloriza en lo que va de año un 1,91%, aumentando así su capitalización hasta la frontera de los 1.377 millones de euros.
Pero, ¿qué provocó la fuerte corrección de Ence en bolsa? El anuncio del Gobierno de renunciar a defender la prórroga otorgada a la empresa para mantener su actividad industrial en la ría de Pontevedra. Según el escrito del abogado del Estado, al que tuvo acceso ayer Europa Press, la prórroga en la concesión a Ence en la ría de Pontevedra en enero de 2016 por el Gobierno en funciones del PP no fue "conforme a derecho".
De tal forma, en su argumentación en un documento de seis folios se basa, entre otros antecedentes, en un dictamen del Consejo de Estado que fija que "el plazo máximo" de una concesión es de 75 años, sin que se "pueda sobrepasar" ese límite. En 1958 se estableció una concesión de 75 años que caduca en 2033 para la pastera, por ello el abogado del Estado apunta que la prórroga otorgada en 2016 por 60 años (a contar desde la fecha de solicitud en 2013, hasta 2073) "no sería conforme a derecho".
En lo tocante a la actual ubicación de Ence en la ría de Pontevedra, el Estado se refiere a la normativa de Costas que fija que "únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre" en aquellas instalaciones que "por su naturaleza no puedan tener otra ubicación". De tal modo, sostiene que "no queda justificado que la ubicación de la mercantil sobre el dominio público marítimo-terrestre no pueda tener otro emplazamiento".
Por su parte, Ence emitió un comunicado mostrando su rechazo ante "el inesperado cambio de criterio" de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar (dependiente del Ministerio de Transición Ecológica) de allanarse el pasado 8 de marzo en los tres procedimientos que se siguen en la Audiencia Nacional (promovidos por el Ayuntamiento de Pontevedra, la Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra y Greenpeace), que pretenden que se declare la nulidad de la resolución que otorgó una prórroga de 60 años a la pastera. La compañía sostiene que esta actuación del Estado "solo puede ser explicada en clave electoral", a la par que "es contraria al ordenamiento jurídico e implica un cambio arbitrario en el criterio que había venido manteniendo durante todo el procedimiento".
En esta línea, Ence avisa de que esta decisión pone en riesgo la planta, ya que "si el allanamiento es aceptado en las sentencias de los tribunales podría provocar una fuerte destrucción de empleo en toda Galicia". Censura que "es una falta de respeto" para las 5.100 familias que dependen de forma directa o indirecta de la fábrica. Y es que la empresa muestra su "sorpresa" debido a que ahora la Dirección General "dé argumentos contrarios a los que ha defendido hasta la fecha en el último momento procesal", "cuando hasta hace nada estaba defendiendo la absoluta legalidad de la orden ministerial que otorgó la prórroga de la concesión de Ence".
Asimismo, la pastera subraya que "el 30%" de las personas empleadas en el sector forestal en Galicia dependen de la actividad de Ence. Además, recuerda que la prórroga en 2016 estaba ligada a acometer inversiones por 71 millones (apunta que más de 40 millones están realizadas), a lo que se une un plan por 350 millones en el plan estratégico 2019-2023. De tal forma, apunta que el sector forestal del noroeste de España "se verá muy afectado por una fuerte bajada de precios provocada por la caída de la mitad de la demanda, lo que afectará a las más de 200.000 familias productoras forestales.
Por todo ello, la compañía advierte de que va a "utilizar todas las vías jurídicas para defender la validez de la prórroga de la concesión", dado que "intereses de parte y acuerdos políticos quieren anular en contra de los derechos e intereses de sus trabajadores, proveedores, accionistas y de todo el sector forestal del noroeste".
