X AVISO DE COOKIES: Este sitio web hace uso de cookies con la finalidad de recopilar datos estadísticos anónimos de uso de la web, así como la mejora del funcionamiento y personalización de la experiencia de navegación del usuario. Aceptar Más información

La Sindicatura de Comptes apreció 'irregularidad' pero no delito

Empar Marco y Enrique Soriano, citados a declarar por adjudicaciones 'a dedo' en À Punt

3/05/2019 - 

VALÈNCIA. El presidente del Consejo Rector de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC), Enrique Soriano, y la directora general de À Punt, Empar Marco, han sido citados a declarar en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Paterna dentro de una causa abierta por un delito de prevaricación a raíz de una querella presentada por el Partido Popular.

La querella del PPCV se basa en el informe de la Sindicatura de Comptes, informe que se menciona varias veces, que tachó los contratos bajo sospecha de "irregularidad" pero no de delito. Es más, fuentes jurídicas afirmaron que si la Sindicatura hubiera creído que eran penalmente punibles debería haber presentado una denuncia ante los tribunales, hecho que no se produjo.

Dicha querella, a la que tuvo acceso Valencia Plaza, se basa en dos patas. La primera es la relacionada con un contrato Firmado el 28 de junio de 2017 que se suscribió entre la CVMC, representada por su presidente, Enrique Soriano Hernández, y la sociedad mercantil Mediterráneo Media Entertainment, S.L. (MME), representada por su administrador único Fausto José Atienza Reines exconcejal del PSPV en Benifaió. Dicho contrato era para la producción de la serie La Tramuntana, a realizar por MME para su posterior emisión en los canales de televisión de la radio televisión valenciana. La serie consistía en 13 capítulos por un importe total de 1.353.727 euros.

Según la querella, el contrato se adjudicó directamente "sin ninguna clase de procedimiento público abierto a la concurrencia competitiva (procedimiento abierto), ni tampoco procedimiento sin publicidad en el que existiese una negociación previa sobre el precio y características del servicio (procedimiento negociado)", por lo que, a juicio de los querellados, "la tramitación que se le da es la propia de un contrato menor", algo que se saltaría la ley al superar los 18.000 euros más IVA.

En cuanto a la imputación sobre la serie de 1,3 millones, fuentes cercanas al ente público afirmaron que el contrato se firmó por parte de Soriano, pero venía avalado por una consultora externa y por el Alto Consell Consultivo, órgano que se creó previamente a la creación del CVMC, y que era un grupo de expertos en el que estaba el PPCV y avaló la compra de varias producciones audiovisuales entre la que se encuentra la investigada.

Las fuentes explicaron que "no entienden que se denuncie una compra de una producción que el propio PPCV sabía que se iba a adquirir y a la que no puso reparos en un principio". De hecho, en dicha adquisición no consta la firma de Marco.

Foto: KIKE TABERNER

Respecto a la primera pata de la querella, el PPCV afirma que "se puede constatar que MME no contaba con solvencia técnica ni económica suficiente para ejecutar el contrato y que la CVMC no comprobó tal requisito legal", para demostrar esta parte, el querellante adjuntó la actividad económica desarrollada por la empresa durante el ejercicio anterior a recibir el contrato. Llama poderosamente la atención que pasó de facturar 4.500 euros en un año a conseguir un contrato de más de 1,3 millones de euros.

Pero a todo ello, además, añaden que desde la televisión valenciana se le pagaron 409.502 euros a los pocos días de haber firmado el contrato "sin que conste la recepción de ningún trabajo o prestación del servicio" y ese pago, junto con lo anterior, pondría de manifiesto las irregularidades penales denunciadas que se avalarían a juicio del PPCV al añadir a su querella "la fiscalización de los contratos por la Sindicatura de Comptes".

En esta primera pata ha sido, a su juicio, "no sólo arbitraria la adjudicación y contratación a la empresa MME, sino que también se ha anticipado el pago de una cuantiosa suma de dinero sin que haya hecho entrega de ningún material, y sin que se le haya exigido ningún tipo de garantía".

Y sobre los pagos anticipados de À Punt, añaden que "la Sindicatura de Comptes en su Informe de fiscalización, denunció el pago de más de 3.000.000 de euros de forma anticipada a las empresas adjudicatarias en el momento de formalizar los contratos sin que dichas empresas hayan hecho entrega alguna de materiales, y sin que ni la Sociedad Anónima de Medios de Comunicación (SAMC) ni la CVMC haya asegurado sus pagos requiriéndoles las oportunas garantías".

Segunda pata: contratos a dedo

La segunda pata de la querella de los populares es la que versa sobre los contratos menores suscritos por la SAMC con distintas personas que, según ellos, "encubrían salarios de personal no contratado", o lo que es lo mismo, contratos a dedo.

Explica el escrito que antes de la puesta en marcha de las emisiones, la sociedad pública suscribió contratos menores por importe de 5.995 cada uno de ellos con distintas personas a las que luego se les contrató como personal laboral.Foto: KIKE TABERNER

El objeto de los referidos contratos era la realización de "informes", o "estudios", y fueron adjudicados "a dedo" a determinadas personas a las que luego se tenía intención de contratar, "obviando que la contratación de personal de la corporación, así como de sus sociedades ha de respetar los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad, mediante las correspondientes pruebas de acceso establecidas y convocadas por el Consejo Rector".

Dicen los querellantes que las personas que fueron agraciadas con aquellos contratos para realizar informes y estudios terminaron por ocupar puestos en la CVMC o la SAMC con cargos de productora ejecutiva, subdirectora de programación, subdirectora de informativos, director de contenidos, jefe de redacción, periodista, ingeniero o director de ingeniería.

El PPCV asevera en su querella que "todo ello se hizo de forma deliberada, adjudicando contratos a personas a las que luego contratarían como personal laboral, sin haberse solicitado otras ofertas", y añaden que, "esta actuación, a todas luces delictiva, también ha sido puesta de manifiesto por la Sindicatura de Comptes en su Informe de fiscalización de la SAMC".

Pero a la lotería de puestos a dedo denunciada, la querella añade una pedrea de tres puestos directivos, supuestamente también otorgados a dedo. Dichos puestos son los del director de Contenidos y Programación, el director de Explotación e Ingeniería y el de la directora de Informativos.

Noticias relacionadas

next
x