Mónica Oltra. Foto: CORTS/I.CABALLERVALÈNCIA. Los grupos parlamentarios del Botànic II -PSPV, Compromís y Unides Podem- registraron este jueves sus enmiendas a la Ley de Presupuestos de la Generalitat de 2021. Un trámite que el tripartito ha aprovechado para establecer las bases que permitirán a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra llevar a cabo su Pla Edificant para construir residencias y demás infraestructuras sociales.
A través de una enmienda de adición, PSPV, Compromís y Unides Podem establecen que "para la ejecución del presupuesto del Plan de Infraestructuras de Servicios Sociales" que tiene el departamento de Oltra se "formalizarán las delegaciones a las entidades locales mediante una resolución de la persona titular de la conselleria y competencias en materia de servicios sociales" y, de manera alternativa, "podrá formalizarse mediante convenio o cualquier otra fórmula prevista en el ordenamiento jurídico en función de la complejidad de la actuación a desarrollar, la situación económico financiera de la entidad local o por cualquier consideración determinada por la planificación de infraestructuras sociales de la Generalitat".
De esta manera, el departamento dirigido por la también vicepresidenta del Gobierno valenciano podrá delegar en los ayuntamientos o bien la construcción de centros sociales, o bien los fondos para que sean los municipios los que lleven a cabo la construcción de este tipo de infraestructuras. Y, para controlar el ritmo de ejecución, la Conselleria podrá incluir en las resoluciones que dicte la duración de la delegación, así como establecer mecanismos de "control de eficiencia".
En esta línea, la Generalitat también podrá pedir en cualquier momento información sobre "la gestión municipal de la competencia delegada, así como enviar personal comisionado y formular los requerimientos pertinentes para enmendar las deficiencias observadas". Además, para dotarse de ciertas garantías, la enmienda del tripartito especifica que cuando la delegación realizada a los ayuntamientos sea la construcción de residencias u otras infraestructuras sociales, la Conselleria podrá acordar que el pago del precio "se realice de manera total o de una sola vez después de finalizadas las obras o mediante cualquier otro mecanismo de acuerdo a derecho que por medio de convenio pacten las partes".
La enmienda registrada establece que los consistorios que estén interesados en adherirse a este "plan de cooperación", deberán presentar al departamento dirigido por Oltra la solicitud correspondiente en la que deberán incluir tanto la construcción que se pretenda llevar a cabo "identificando la tipología de centro que se pretenda reformar o construir", como el importe máximo de la obra e, incluso, "cualquier tipo de tributo relacionado directamente con la ejecución de la actuación".
Para evitar que pueda ocurrir lo mismo que en Ciegsa, la Conselleria se protege ante los posibles sobrecostes que pudieran derivarse en cada proyecto. "En caso de que durante el proceso de adjudicación se produzcan bajas respecto de la cuantía inicialmente fijada en la resolución o convenio que formalice la delegación, estas deberán dar cobertura a cualquier incremento de gasto que se produzca durante la ejecución de los contratos gestionados por delegación". Es decir, que si las obras se adjudican a una empresa por un presupuesto determinado, si hubiera sobrecostes sería la propia empresa quien deberá asumirlos.
Aunque a priori la delegación se realizará en las entidades locales, Políticas Inclusivas también reserva la posibilidad de contar con la ayuda de las diputaciones para "coordinar y seguir las delegaciones".
La modificación legal de ahora pretende, a través de la colaboración entre administraciones, acabar el mapa de infraestructuras pendientes que tiene dependencia, en el que la Conselleria lleva trabajando desde 2015 y al que dio un impulso en 2017 a través de convenios con los ayuntamientos.
No en vano, con el cambio de gobierno, en la legislatura anterior Igualdad comenzó a dibujar una suerte de esquema con las necesidades existentes en cada municipio del territorio. Un análisis demográfico que refleja la población de cada uno de ellos, el nivel de envejecimiento o el número de personas con diversidad funcional, entre otras cuestiones.
En base a esto, la conselleria esbozó un mapa con las infraestructuras que serían más precisas en la autonomía para poder prestar servicios y permitir, por una parte, que la población tuviera acceso a los recursos que necesitara independientemente de dónde viviera y, por otra, que creara puestos de trabajo. Así, en 2017 ya comenzó a construir parte de este plan gracias a un convenio firmado con la Diputación de Valencia -las corporaciones de Alicante y Castellón no lo hicieron-. A través de este, los municipios ponían a disposición el solar en el que se iba a construir el centro o el edificio a rehabilitar, la corporación provincial edificaba o rehabilitaba y la conselleria equipaba, tanto con mobiliario como con personal para ponerlo en funcionamiento.
