Ana Barceló, consellera de Sanidad Universal. Foto: RAFA MOLINAVALÈNCIA. Este miércoles, 31 de octubre, era el último día en el que las resonancias magnéticas en la mayoría de hospitales públicos valencianos iba a ser realizada por empresas privadas. Finalizaba, según el concierto vigente y la promesa de revertir el servicio a la gestión pública de la exconsellera de Sanidad Universal, Carmen Montón, un contrato de diez años que ha resultado costosísimo para la Sanidad pública valenciana, como pusieron de manifiesto la Sindicatura de Comptes en dos informes (2013 y 2016) y la Intervención General en otro de 2017.
Y como evidencian también las cuentas anuales de las empresas contratistas, como desveló este lunes Valencia Plaza. Según esta información, Erescanner Salud UTE (unión temporal de empresas) ha obtenido en estos diez años unos beneficios de más de 125 millones de euros, con 425 millones de facturación, que ascenderían a más de 150 millones si sumamos los beneficios de los socios de la UTE que le prestan el servicio, fundamentalmente Eresa e Inscanner.
Pues bien, a pesar de ello, el pasado 15 de octubre, la Conselleria de Sanidad Universal citaba en su sede a representantes de los socios de la UTE Erescanner Salud —Eresa (49%), Iberdiagnosis (8%), Inscanner (20%), Beanaca (8,5%) y Ribera Salud (14,5%)— para comunicarles una estupenda noticia para sus cuentas de resultados: el contrato finaliza el 31 de octubre pero el servicio se mantiene al menos tres meses más, hasta el 31 de enero de 2019, con las mismas condiciones aunque diferente forma de pago, ya que al no haber contrato, la conselleria que dirige Ana Barceló tendrá que generar expedientes de enriquecimiento injusto para que la Generalitat pague los servicios que ha recibido.
Si atendemos a la evolución del negocio en los últimos años, el coste para la Conselleria de Sanidad Universal de este trimestre adicional será de unos 11 millones de euros y el beneficio para la UTE Erescanner Salud superará los 4 millones, que se reparte proporcionalmente a su participación, a lo que hay que añadir el beneficio de Eresa e Inscanner como prestadoras finales del servicio. Cuatro millones de euros es más de lo que cuesta una máquina de resonancias magnéticas.
El principal argumento de la Conselleria para justificar la prolongación del servicio privado por parte de la Conselleria es el "retraso" que ha sufrido el nuevo concurso de resonancias para prestar un servicio externo complementario al de los hospitales públicos que evitase las listas de espera.
servicio complementario para facilitar la transición a la gestión pública ha hecho que Sanidad no se arriesgue a perjudicar a los ciudadanos, según admiten fuentes de la Conselleria.
