La consellera Carmen Montón y Ximo Puig. Foto: J.A. CALAHORROVALENCIA. "Es una cuestión que debe abordarse con la mayor urgencia". Nueve meses después de que el presidente de la Generalitat pronunciara en Pedreguer estas palabras al ordenar a los consellers de Hacienda y de Sanidad que preparasen el rescate de la concesión de área de salud de La Marina, nada se ha avanzado al respecto, según ha podido constatar Alicante Plaza.
Una dejadez que algunas fuentes atribuyen a la falta de interés real de la Generalitat, pese a las proclamas de Ximo Puig y Carmen Monton, dada la complejidad del proceso. La elaboración de unos informes que no acaban de entregarse son la excusa perfecta que ha encontrado el Consell para justifica el retraso. Perfecta porque los informes no se están haciendo.
Fue el 29 de marzo cuando Ximo Puig hizo anunció que había dado la orden a la consellerias que dirigen Vicent Soler y Carmen Montón para iniciar conversaciones con la aseguradora DKV con el fin de revertir el modelo sanitario del Hospital de Dénia. DKV es la principal accionista de Marina Salud, la concesionaria de esta área, y estaba en negociaciones para vender su 65% al propietario del 35%, Ribera Salud, concesionaria de las áreas de salud de La Ribera, Elx-Vinalopó y Torrevieja.
La operación era compleja por diversas causas: No había precedentes conocidos de la compra de una concesión por parte de la Administración, Ribera Salud tiene derecho de adquisición preferente, Sanidad afirma tener potestad de veto sobre la venta de la participación de DKV a otra empresa, la repercusión en el ámbito laboral... Tampoco el coste de la operación estaba claro –Valencia Plaza calculó un mínimo de 60 millones y fuentes del sector hablan de más de 100–, ya que había que contemplar la amortización pendiente, el lucro cesante y qué hacer con la deuda de Marina Salud, cuyos acreedores son sus dos socios, DKV y Ribera Salud.
Por ello, la Generalitat anunció que se elaborarían sendos informes, jurídico y económico, para tomar decisiones. El jurídico lo haría la Abogacía de la Generalitat y el económico, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). Mientras, la Conselleria de Sanidad Universal mantenía conversaciones con DKV para conocer el precio al que estarían dispuestos a desprenderse de su participación.
Los informes debían estar listos antes del verano, pero el pasado 26 de agosto se reunían en el Palau de la Generalitat Puig, Montón y Soler, con el jefe de Gabinete del presidente, Arcadi España, y todavía no estaban. Tras dicha reunión, la consellera de Sanidad aseguraba que los equipos mixtos de las consellerias estaban trabajando para hacer una valoración del rescate "que preserve la calidad de los servicios y a la vez tenga en cuenta los intereses del contribuyentes valenciano".
Pues bien, según ha podido saber Alicante Plaza tras consultar diversas fuentes públicas y privadas, la Generalitat no ha encargado ninguno de los dos informes necesarios para abordar la operación.
En el caso del informe económico, el IVF no lo ha realizado por falta de medios, ya que haría falta una auditoría –due dilligence– de la empresa Marina Salud, aunque no fuera muy exhaustiva, para tener una idea aproximada de su valor. Desde la Conselleria de Hacienda se ha sugerido encargar la auditoría a una empresa externa, pero de momento no se ha hecho. Esa auditoría probablemente no podrían realizarla ninguna de las big four del sector –PwC, EY, Deloitte y KPMG– porque todas ellas tienen vinculación con la propia Marina Salud o con alguno de sus accionistas.
En cuanto al informe jurídico, en la Abogacía de la Generalitat sólo se recibió, muy al principio, la petición de un informe sobre si Ribera Salud debería pedir permiso a la Conselleria de Sanidad en el caso de comprar el 65% de Marina Salud que tiene DKV. Según la empresa que dirige Alberto de Rosa, bastaría con comunicarlo según el contrato, pero la Abogacía sostuvo en su informe que el cambio de titularidad del socio mayoritario requiere la autorización previa de Sanidad.
El informe sobre las repercusiones jurídicas de la hipotética reversión no lo está haciendo la Abogacía de la Generalitat. Cabe la posibilidad de que se encargue a un bufete externo, pero fuentes de la Conselleria de Sanidad aseguran que desde ese departamento no se ha solicitado porque están pendientes del informe económico-financiero.
Por si esto fuera poco, tal como publicó Alicante Plaza, el Consell no ha reservado un solo euro en el proyecto Presupuestos de la Generalitat 2017 para la compra del Hospital de Dénia. El conseller de Hacienda, Vicent Soler, rechazó que esto signifique que no se vaya a comprar y justificó que no se haya reservado una partida para esa operación porque todavía se está estudiando y negociando.
"El canon que paga la Generalitat es muy grande y estamos haciendo un plan de futuro para financiar la recuperación porque es muy onerosa", apuntó Soler tras presentar el Presupuesto. El conseller insinuaba así que los fondos destinados al canon del área de salud que la Generalitat paga a Marina Salud podrían utilizarse para la adquisición.
Sin embargo, la solución apuntada por el conseller no es sencilla, ya que ese canon cubre los gastos de funcionamiento del hospital, así como la parte correspondiente de la amortización anual y el beneficio de empresa, que en el caso de Marina Salud no existió en 2015, año que acabó en pérdidas.
