Javier Vega de Seoane, presidente de DKV Seguros. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. Este jueves se cumplen dos años del día que el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, lanzaba en Pedreguer un encargo a las consellerias de Sanidad y Hacienda ante la sorpresa de todos: iniciar negociaciones con DKV para adquirir su participación mayoritaria en la empresa Marina Salud, concesionaria del área de salud de Dénia y de su hospital público de gestión privada. La aseguradora alemana, que quería dejar la gestión de Dénia, estaba en negociaciones para vender su 65% al otro socio, Ribera Salud, concesionario de las áreas de salud de Elx-Vinalopó, Torrevieja y -hasta este sábado- La Ribera.
El anuncio de Puig, que afirmó que "es una cuestión que debe abordarse con la mayor urgencia", provocó que se paralizase el acuerdo entre DKV y Ribera Salud, que estaba muy avanzado, ya que la Conselleria de Sanidad que dirige Carmen Montón avisó de que no autorizaría la transmisión de acciones a la firma que pilota Alberto de Rosa. Desde entonces, el Gobierno valenciano se ha comportado como el perro del hortelano, ni compra el hospital ni deja que otro lo compre.
Cansado de esperar, el presidente de DKV Seguros, Javier Vega de Seoane, pidió audiencia a Ximo Puig y fue recibido hace pocos días por el presidente en el Palau de la Generalitat, en una visita que no fue anunciada aunque la consellera de Sanidad, Carmen Montón, daba una pista en la entrevista publicada este martes por Valencia Plaza al responder que la negociación sobre Dénia "se está desarrollando a alto nivel".
Y tan alto. Ambas partes confirmaron a este periódico el encuentro, que según fuentes de Presidencia fue "muy cordial" y según fuentes de DKV fue muy cordial pero acabó sin avances en cuanto a la posible solución para que la aseguradora pueda salir de Marina Salud, como es su deseo desde hace más de dos años.
La intervención de Puig en este asunto se suma a las que ha tenido que realizar en los conflictos de Carmen Montón con el IVO y con Ribera Salud. Con la Fundación que dirige Manuel Llombart logró sacar adelante un concierto que se había enquistado entre la consellera y su predecesor, aunque los ánimos en el IVO vuelven a estar muy alterados ya que consideran que Montón no ha cumplido lo acordado cuando medió el presidente.
En cuanto a Ribera Salud, desde Presidencia se han tendido puentes en las últimas semanas, tras el envío por parte del Hospital de la Ribera de un dossier que advertía de los problemas que podía tener la reversión el próximo 1 de abril debido, en opinión de la concesionaria, a la falta de diálogo y a la prepotencia de Montón, más preocupada por desprestigiar a la todavía gestora que de pedirle ayuda.
Fue el secretario autonómico de Presidencia, Andreu Ferrer, quien se puso en contacto con Ribera Salud y reunió a los altos mandos del hospital con altos cargos de Sanidad, sin Montón ni Alberto de Rosa, para procurar una transición de la gestión privada a la pública sin problemas.
Poco después de estas reuniones, el pasado viernes, se materializó el desembarco del equipo de Presidencia en la dirección de la Conselleria de Sanidad con el nombramiento de Isabel Castelló como directora general de Alta Inspección Sanitaria -encargada de las concesiones y conciertos con empresas- y de Carmelina Pla como directora general de Eficiencia y Régimen Económico de la Conselleria.
Fuentes de la Generalitat han confirmado que hace meses que Sanidad tiene el informe de valoración de las acciones de Marina Salud que encargó a la Conselleria de Hacienda para poder culminar la compra, una vez descartada una rescisión unilateral del contrato de concesión por su alto coste en indemnizaciones. La concesión vence en 2025.
La idea de la Conselleria era compensar el precio a pagar con el pago que Marina Salud tendrá que hacer a la Generalitat cuando se aprueben las liquidaciones de los ejercicios cerrados, pero Sanidad va muy lenta con las liquidaciones y las pocas que ha realizado -ninguna del área de La Marina-, están recurridas en los tribunales, por lo que el proceso puede alargarse años.
A ello hay que añadir que Ribera Salud ha anunciado que ejercerá el derecho de tanteo en caso de que la Conselleria compre la parte de DKV, mientras Sanidad advierte de que no permitirá a Ribera Salud comprar, lo que lleva a una situación diabólica que también tendría que resolverse en los tribunales.
