MADRID (EFE). A pesar de los avances registrados por la causa penal que investiga en la Audiencia Nacional a los dos últimos gestores del Banco Popular, Ángel Ron y Emilio Saracho, cada vez son más los perjudicados por la resolución de la entidad que tratan de recuperar su inversión en la vía civil.
Expertos y abogados creen que el éxito prácticamente generalizado de los inversores minoristas de la salida a bolsa de Bankia supone un referente para parte de los 300.000 accionistas y tenedores de deuda del Popular, partidarios de demandar al banco en juzgados de Primera Instancia en su afán de ser resarcidos lo antes posible.
Aunque muchos afectados se han personado en todos los frentes judiciales posibles, incluido el contencioso, los especialistas ven en las acciones civiles la forma más eficaz de obtener el reintegro de las cantidades perdidas tras el proceso de amortización.
Y es que, aún considerando la saturación de algunos juzgados, el ritmo al que tramitan estas demandas es muy superior a los plazos en los que la Audiencia Nacional instruye el centenar de querellas contra los expresidentes del Popular, sus respectivos consejos y el socio auditor.
Frente a esta demora, desde que el 7 de junio de 2017 el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) resolviera la entidad a instancias de Europa, en la jurisdicción civil se han sucedido las victorias de los inversores que acudieron a la ampliación de capital de 2016 basándose en información "falseada o irregular" sobre la situación del banco.
23 meses en los que audiencias provinciales como las de Oviedo, La Coruña, Barcelona, Álava y Vizcaya han ratificado las sentencias dictadas en la instancia anterior al entender que la imagen de solvencia que el Popular ofrecía en su folleto no se ajustaba a su realidad económica.
También la de Madrid, que recientemente rechazó el recurso de apelación del Santander -como sucesor tras el proceso de fusión- ya que la inversión se basó en datos "completamente inciertos, puesto que las pérdidas a finales de 2016 no fueron de 2.000 millones sino de 3.485 millones, que en modo alguno quedaron cubiertas por la ampliación".
Igual que sucediera con Bankia y antes con las preferentes de Caja Madrid, otros afectados por el Popular han optado por la acción colectiva, como los 300 socios de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) que el pasado jueves presentaron en la localidad madrileña de Móstoles su primera demanda, en la que reclaman un total superior a 7,5 millones de euros.
No obstante, a lo que sí que parecen cerrar la puerta los jueces, al menos de momento, es al posible enriquecimiento ilícito del Santander por la adquisición del Popular a un euro y la consiguiente amortización de las acciones y de la deuda subordinada.
Tal como expone el Juzgado de Primera Instancia número 27 de Barcelona en una sentencia a la que ha tenido acceso Efe, "si el Santander compró a buen precio el Popular y supuso un enriquecimiento para la entidad -lo que no ha podido ser acreditado-, existe justa causa que lo ampara", esto es, "la salvaguarda de la estabilidad financiera en toda la Unión Europea".
Demandas al margen, en términos similares se manifestó la sección cuarta de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el pasado 30 de abril, cuando levantó la imputación que había heredado el Santander al no haber "dato alguno" que indique su participación "ni siquiera indiciaria" en los hechos.
El auto, que revocaba la decisión del juez José Luis Calama y desatendía a la Fiscalía Anticorrupción, rechazaba además que se produjera un enriquecimiento injustificado en tanto que no sólo "tuvo en cuenta su valoración económica" del Popular en vista a su deterioro, sino que además "inyectó liquidez y solvencia".
En concreto, proseguían los magistrados, "el mismo 7 de junio inyectó 13.000 millones de euros, y el 28 de junio acordó una ampliación de capital por valor de 2.736 millones, íntegramente suscrita por el Santander" que aportó en esa ocasión un total de 6.879 millones.
Al tiempo que acusaciones como la de los fondos Pimco, Anchorage y Algebris lamentan la medida y estudian un posible recurso ante el Supremo por infracción de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), las pesquisas prosiguen su curso en una causa que año y medio después se mantiene a la espera de las declaraciones de los investigados.
Mientras tanto, las dudas sobre la veracidad de la imagen que ofreció el Popular a sus inversores en los últimos años de su centenaria historia se intensifican al tiempo que la justicia estima el aluvión de demandas.