El pánico a la inseguridad jurídica provoca más nombramientos del Consell en el sector público

VALÈNCIA. El Gobierno valenciano incluyó días atrás en la Ley de Acompañamiento una disposición adicional por la que se establece que los nombramientos de directivos en las empresas públicas será 'a dedo' -es decir, a través del Consell- y no desde los consejos de administración de estos entes.

Una medida que, a priori, puede interpretarse como un intento de evitar cierta fiscalización de la designaciones pero que, dentro del departamento perteneciente a la Conselleria de Hacienda, se explica de otra manera.

Así, tal y como informó días atrás el diario Las Provincias, la medida afectaría hasta 80 cargos directivos dentro del sector público. Pero la cuestión no radica en que el Gobierno valenciano pretenda ejecutar a su antojo los nombramientos, sino que el objetivo, según fuentes oficiales, se dirige a otorgar una mayor "seguridad jurídica" a las designaciones y evitar recursos que ya se han venido produciendo dentro de varios entes públicos que se han enfrentado a estos procesos.

De hecho, según explican fuentes de la Dirección General del Sector Público, los nombramientos pasarán por el mismo proceso dentro de los respectivos consejos de administración que hasta ahora se venía aplicando, pero posteriormente la decisión se elevará al Gobierno valenciano para que se impulse la designación con carácter discrecional.

Una medida que, según el informe justificativo emitido desde este departamento, tiene su origen en la existencia de "cierta heterogeneidad" entre los distintos entes del sector público instrumental que, a su juicio, conviene "evitar" por "razones organizativas de racionalidad administrativa".

Estos motivos se amplían por diversas causas que se han ido experimentando en la práctica dentro de la pasada legislatura. De hecho, este asunto fue objeto de debate dentro de la negociación del Botànic I en 2015, pero decidió mantenerse el apartado de designaciones dentro de las competencias de los consejos de administraciones al considerar que limitar los nombramientos 'a dedo' mejoraba la transparencia del Ejecutivo.

¿Mayor 'blindaje' o mayor transparencia?

Una circunstancia que, no obstante, no ha implicado una mejora de la opacidad y que, por otro lado, no ha limitado los problemas de este tipo de designaciones. Fuentes de la conselleria recuerdan que han existido problemas en distintas empresas públicas por diversas causas, ya fuera por reproches de las auditorías o recursos de los sindicatos, entre otras situaciones. FGV, À Punt, la Agencia Valenciana de la Innovación (AVI) el Ivace, han sido algunos de los entes donde han surgido problemas.

Para Hacienda, 'tutelar' -por así decirlo- los nombramientos refuerza la seguridad jurídica de los mismos, permite un doble filtro para justificar la idoneidad de los mismos y reforzar la vinculación de los elegidos con las políticas de las correspondientes consellerias. En resumen, para el Ejecutivo valenciano, esta medida no supone un blindaje de sus decisiones sino que mantiene las ventajas que ofrecía la elección a través de los consejos de administración pero además refuerza la transparencia -y al mismo tiempo la protección- de las designaciones. 

En cuanto a la polémica del aumento de altos cargos del Ejecutivo por nombramiento directo, fuentes de la Conselleria de Hacienda insistieron en recalcar que los directivos de las empresas públicas no tendrían este rango, sino que se limitarían a ser "cargos públicos", una figura que no entra dentro de las consideraciones de segundo escalón del Gobierno valenciano.