El nuevo informe de Ciegsa mete de lleno a la Conselleria de Educación de Font de Mora en Taula

VALÈNCIA. La pieza del caso Taula que investiga presuntas mordidas en la construcción de colegios de la Comunitat Valenciana, a través de la empresa pública Ciegsa y en la que está imputado el que fuera su responsable Máximo Caturla, comienza a tomar forma gracias a la llegada de un nuevo informe que perita los modificados de obra del IES del Cabanyal. Es el primero de varios que están por llegar. 

Dicho informe no solo evidencia que los modificados de obra fueron injustificables, más de un 37 por ciento con respecto al precio original, sino que alguien en Ciegsa, dependiente de la Conselleria de Educación, autorizó ese desvío pese a saber que a partir de un 20 por ciento se podía haber rescindido el contrato. 

Este informe supone una piedra en el zapato para el PPCV liderado por Isabel Bonig, pues el entonces conseller de Educación era el actual diputado popular Alejandro Font Mora. Además, fuentes consultadas por Valencia Plaza explican que más de un técnico de dicha conselleria y de Ciegsa deberá desfilar por el juzgado para tratar de explicar lo sucedido con esta obra.

El problema para los investigadores, y que se hace evidente con esta nueva prueba pericial, será encontrar al responsable. Se sabe que se pidió autorización a la conselleria para ese modificado tan brutal. Se sabe que se autorizó. Lo que no se sabe, y difícil será de saber, es quién firmó la autorización pues esos papeles no aparecen.

El informe

Según cuenta el informe, al que ha tenido acceso Valencia Plaza, el presupuesto inicial era de 11.081.000 de euros dividido en dos fases, una primera consistente en un derribo por 239.732 euros, y una segunda fase de 10.886.907 euros para la construcción del edificio. Ambas fases fueron adjudicadas a la empresa BM3 obras y servicios a través de un contrato negociado sin publicidad.

La fase I ya sufrió un primer modificado de más de 218.000 euros que incrementaba el total en 1,97%, mientras que la fase II se modificó dos veces. La primera con una subida de 2.368.443 euros, un 23,34 por ciento más del precio inicial, y una segunda de 1.555.516 euros que dejó un 37,38% de acumulado sobre el contrato inicial. Así, se pasó de los poco más de 11 millones de euros previstos inicialmente a los 16.351.490 totales.

Modificados

En cuanto a los modificados de la Fase I, explican los peritos que las sobre excavaciones y demoliciones podrían haberse evitado haciendo catas y una inspección más exhaustiva antes del proyecto, lo que habría supuesto 76.000 euros menos de lo que finalmente se abonó.

Sobre la Fase II el informe dice que se realizaron modificaciones solicitadas por el Ayuntamiento de València derivadas de un informe de bomberos, otras por ausencia de urbanización de los viales para desaguar la totalidad de aguas residuales, modificaciones de tipo estructural como por ejemplo completar un incremento de hormigón en cimentación y, por último, otro capítulo llamado otras modificaciones.

En cuanto a los cambios, entre los presuntos ‘chanchullos’ del proyecto, explican los peritos que “no se entienden los motivos técnicos de la presente modificación puesto que, en la redacción del proyecto de ejecución, objeto del contrato, ya se conocen los condicionantes para el diseño de la estructura (…) por lo que el cálculo de la estructura del proyecto inicial debería ser el válido y definitivo”.

También dicen que “una de las modificaciones no corresponde a necesidades nuevas ni a causas imprevistas”. Y añaden que “no se ha encontrado en la documentación facilitada, ni tampoco en el proyecto en papel guardado en las instalaciones de Ciegsa, el recálculo de la cimentación y la estructura. Y se ha comprobado que los planos revisados, son los mismos que los del proyecto inicial”.

Del total del modificado, el informe asegura que medio millón de euros se podría considerar acorde o admisible, mientras que 803.317 euros sería el resultado de modificados “cuya motivación no son acordes a las premisas establecidas en la ley”. Y a ello habría que añadir otros 81.000 euros sin justificación del segundo modificado de la fase II.

Y de todo ello se dice que "no se tiene constancia, en la documentación revisada, de que haya una aprobación, previa a su ejecución, de los precios contradictorios nuevos. Las fichas de los mismos, aportadas en la certificación de liquidación, incluyen la firma de la dirección facultativa y de la contrata, pero no incluyen firma por parte de Ciegsa".