VALÈNCIA. El pasado 20 de septiembre, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se lanzaba en el Debate de Política General con diversas promesas de índole sanitario, una estrategia lógica y comprensible ante la crisis pandémica provocada por el coronavirus, que obligaba a una profunda reflexión sobre el sistema sanitario valenciano.
Así, aunque medidas anunciadas como la prórroga de los contratos sanitarios para luchar contra la covid, una paga adicional -no exenta de posterior polémica-, o el nombramiento de una Comisionada para la Transformación de la Atención Primaria, sí se cumplieron; otra, la creación de un nuevo Servicio Valenciano de Salud, permanece en el tintero tras casi nueve meses.
Obviamente, este era el compromiso más complejo de los pronunciados, por lo que corre el riesgo de quedarse en un 'ximoanuncio', tal y como fueron bautizadas las promesas del presidente precisamente por en su día socio del Botànic, Antonio Estañ, portavoz de Podem. Desde la Conselleria de Sanidad admiten que, al menos "de momento", la implantación de este servicio está "parado".
Cabe recordar que, según anunció el propio Puig, este instrumento centrará sus funciones en "dirigir la prestación de asistencia sanitaria, distribuir los recursos económicos garantizando su uso eficiente y unos resultados eficaces, coordinar y gestionar los recursos humanos y desarrollar la docencia e investigación".
Una serie de cometidos que recuerdan a los que en su día ostentó la Agencia Valenciana de Salud (AVS) -vigente entre 2003 y 2013- y previamente al Servicio Valenciano de la Salud (Servasa), cuya creación se aprobó en Les Corts en diciembre de 1987, estando en funcionamiento hasta la reconversión en el ente anteriormente citado.
Sin embargo, una urgencia mayor resurgía en la Conselleria de Sanidad ante la próxima reversión del departamento de Torrevieja y la ya necesaria internalización de las resonancias magnéticas. Y es que, la creación de la Empresa Pública de Salud se puso sobre la mesa a principios de 2020, previa a la pandemia, pero había permanecido en letargo prácticamente el último año y medio. No obstante, lo que parecía que el departamento de Ana Barceló llevaría finalmente a cabo sin contar con sus socios del Botànic -de los que no tuvo en cuenta ni sus alegaciones-, ha hecho que finalmente este ente también se enquiste.
La tensión generada con la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, al avanzar medidas sobre la desescalada de la pandemia que no se habían aprobado en la interdepartamental, llevó a Puig a no querer entrar en más conflicto esa misma semana y señalar que si no se encontraba el acuerdo con los socios del Botànic, la validación de este decreto se aplazaría. "Nosotros siempre buscamos el acuerdo, no estamos en una posición dogmática", sostuvo, a pesar de que el equipo de Barceló ni siquiera se había sentado a debatir la creación de la empresa pública.
Los oídos sordos que hizo Sanidad a las peticiones de sus socios de Gobierno sentaron especialmente mal a ambas fuerzas. De hecho, el enfrentamiento llegó el martes a Les Corts, donde los grupos parlamentarios expusieron sin rubor su malestar: la portavoz adjunta de Compromís, Aitana Mas, reveló que la secretaria autonómica de Salud Pública, Isaura Navarro (de Compromís), no tenía información alguna sobre el decreto y la adjunta de Unides Podem, Estefanía Blanes, también se quejó por la falta de mestizaje a la hora de enfocarlo. Ahora, habrá que ver cuál de todas las propuestas es la primera en desatascarse.