El juzgado fallará en marzo sobre los 300 millones que Puerto Mediterráneo exige al Consell

VALÈNCIA. El recurso presentado por Puerto Mediterráneo contra el 'no' del Consell en 2016 a la construcción en Paterna de su macrocentro comercial y de ocio se resolverá el próximo 20 de marzo, fecha en la que está prevista su votación y fallo. Así lo trasladó a las partes este viernes la sección primera de lo contencioso administrativo, tal y como ha podido contrastar Valencia Plaza.

El juzgado explica que ya ha finalizado la fase de conclusiones, una circunstancia inesperada para estas fechas, ya que las partes daban por hecho que como pronto la votación y fallo tendría lugar en verano. En consecuencia, la mayor polémica empresarial de la legislatura en la Comunitat podría resolverse cerca de las próximas elecciones autonómicas, ya que según fuentes de la Generalitat la interpretación de la sentencia todavía tardará varias semanas.

Como viene informando este diario, la empresa reclama a la Generalitat Valenciana 300 millones de euros por tirar atrás un proyecto que antes había avalado en 2015, durante el gobierno popular de Alberto Fabra. El montante, estimado por la empresa a partir de un análisis pericial, contempla tanto el perjuicio causado a la firma por el cambio de criterio -cabe subrayar que la mercantil es propietaria del 50% del terreno y suma hasta el 90% comprometido-, como el lucro cesante por la ganancia legítima de la que no disfrutarían sus impulsores.

La formación que más se juega con este veredicto es Compromís, que ha defendido de forma explícita la inviabilidad del proyecto desde el comienzo del mandato y ostentaba la presidencia de la Comisión de Evaluación Ambiental que tumbó la iniciativa con el argumento principal de que no guardaba distancia suficiente con las carreteras colindantes. Si la justicia corrigiera este fallo sería un duro golpe para la coalición, que, por contra, acudiría muy reforzada a los comicios si su dictamen resulta avalado.

En cuanto al PSPV, la formación del presidente Ximo Puig tiene menos que perder y poco que ganar. Un fallo contra el rechazo al proyecto de 2016 también impactaría contra la seguridad jurídica que pregona el líder del Consell, si bien un dictamen que valide la decisión tampoco le serviría para sacar demasiado pecho, máxime si se tiene en cuenta que el alcalde de Paterna, el socialista Juan Antonio Sagredo, es el principal valedor político de la iniciativa comercial.