MADRID/VALÈNCIA (EP) El juicio por la presunta financiación ilegal del PP de la Comunitat Valenciana (PPCV) en las campañas de las elecciones autonómicas y generales de 2007 y 2008 en el marco de la trama de corrupción Gürtel arrancará finalmente a mediados de enero de 2018, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
De este modo, este juicio comenzará casi un año después de lo previsto inicialmente, ya que la fecha original iba a ser el 13 de marzo de este año, pero la baja médica de uno de los fiscales y la imposibilidad de comparecer del otro representante del Ministerio Público lo impidió.
La vista oral, que en un principio iba a coincidir con la celebración del juicio de la primera época de actividades de la trama Gürtel (1999-2005) y que está teniendo lugar en la Audiencia Nacional, juzgará las piezas 1, 2 y 6 de la rama valenciana de la red corrupta, relacionadas con la financiación irregular del PP valenciano en las campañas electorales de 2007 y 2008.
En el banquillo de los acusados se sentarán 20 personas, entre los que encuentran el presunto líder de la trama, Francisco Correa; su 'número dos', Pablo Crespo; y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, 'El Bigotes'. Estos tres se encuentran en la cárcel desde el pasado febrero, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ordenó su ingreso en prisión sin fianza tras ser condenados a hasta 13 años por los amaños en Fitur.
Los empresarios admitieron la financiación
También se acusa a cinco ex altos cargos de la formación política, entre ellos Ricardo Costa y Vicente Rambla. El resto de acusados son empresarios radicados en la Comunitat Valenciana sospechosos de financiar de forma irregular el partido a nivel regional, entre los que figura Vicente Cotino, el sobrino del expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino.
Precisamente, los nueve empresarios imputados han reconocido haber financiado irregularmente al PPCV y han alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción por el que han aceptado penas de entre 15 y 21 meses de prisión y al abono de multas por el importe máximo de 30.000 euros.
La empresa de la trama Orange Market comenzó su actividad en 2004 con la realización de actos para el PP en la ciudad o la presentación de la America's Cup y la Cámara de Comercio y en 2006 el PPCV empezó a contratar a Orange Market para preparar sus campañas autonómicas y municipales.
Por ejemplo, abonó, sin tributar ni contabilizar, unos 1,15 millones en las autonómicas de 2007 y un total de 78.878 euros en las municipales de ese año por actos, entre los que se encontraba uno protagonizado por el presidente del Gobierno en funciones Mariano Rajoy en Alicante (16.882 euros).
Según el juez instructor José de la Mata, el sistema de pago de los gastos que realizaba Orange Market para el partido se abonó "presuntamente de forma dual, es decir que al menos una parte relevante se abonó con cantidades económicas ajenas al circuito económico legal, mientras otra se hacía de forma legal mediante la emisión de factura".
En la lista de testigos de este juicio figuran el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps y el extesorero del PP Luis Bárcenas.
Vicente Rambla y Ricardo Costa
