l conseller de Educación, Vicent Marzà, y la portavoz, Mónica Oltra, durante la rueda de prensaVALÈNCIA, (EP). El Juzgado de Instrucción número 3 de València ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa por presuntas irregularidades en el pago a colegios concertados de la Comunitat Valenciana.
La decisión judicial se produce después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara el archivo al no apreciar que se incurriera en ilícito penal, y de que la Abogacía de la Generalitat no se opusiera a esa petición.
El procedimiento, que se abrió por los presuntos delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental, partió de una denuncia interpuesta por Compromís en la que aludía a la posible existencia de liberados sindicales que cobrarían del dinero de la Conselleria de Educación destinado a las nóminas de los profesores sin realizar labores docentes.
El pasado mes de mayo, el fiscal remitió al juzgado un escrito en el que solicitaba el sobreseimiento de las actuaciones al considerar que, en todo caso, podría existir alguna irregularidad contable, pero no penal.
Ahora, en un auto fechado el 5 de junio y contra el que cabe recurso en el plazo de tres días, el juez acuerda el sobreseimiento provisional de la causa y explica que, tras haber informado a las partes de la petición del ministerio público, el letrado de la Generalitat no se opone al archivo de la pieza aunque sí a la deducción de testimonios y siguiente remisión al Tribunal de Cuentas al entender que "si se archiva por no existir indicios de ilegalidad ni menoscabo sino simple descuadre administrativo no procede esa medida".
El juez, por su parte, argumenta que "no existiendo partes personadas que interesen la continuación del procedimiento al entender que no existen indicios suficientes de ilícito penal (...) procede acordar el sobreseimiento provisional de las actuaciones". Por lo que se refiere a la toma de testimonios y el envío de la información a Tribunal de Cuentas, lo considera "innecesario".
El sobreseimiento supondrá que no hay causa contra el único investigado, el presidente de la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (Feceval-CECE), José Manuel Boquet.
Por otra parte, el grupo parlamentario Compromís en las Corts Valencianes denunció ante la Fiscalía Anticorrupción que hasta 2014, durante la etapa de gobierno del PP, se produjo el supuesto "nombramiento ficticio" de 22 personas que cobraban de la administración valenciana como profesores de Religión en centros públicos pero que "en realidad trabajaban en las diócesis de Valencia, Alicante y Castellón".
