MADRID, (EP). El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha archivado este martes la causa contra el presidente y el director del diario 'La Razón', Mauricio Casals y Francisco Marhuenda, respectivamente, por presuntas coacciones a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.
En su auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 acuerda desimputar, sobreseer provisionalmente y archivar las actuaciones iniciadas contra Casals y Marhuenda después de que los dos directivos prestaran declaración la semana pasada, justo a continuación de Cifuentes, su consejero de Presidencia, Ángel Garrido; su jefa de gabinete, Marisa González; y el presidente del Grupo Planeta, José Crehueras.
Según Velasco, la dirigente madrileña manifestó en la declaración que prestó por escrito que "no se sintió" coaccionada, "sino que, y es lo que importa, en ningún caso lo habrían conseguido". Al mismo tiempo, aseguró que no denunció las actividades de Edmundo Rodríguez Sobrino en el Canal de Isabel II "por la actuación de Marhuenda y Casals".
En esta misma línea, Garrido y González declararon en su comparecencia ante el magistrado que "los encuentros con Marhuenda fueron aprovechando actos coincidentes" y que el consejero de Presidencia, como responsable político último del Canal de Isabel II, "no se llegó a reunir para hablar de ese tema".
De este modo, el juez considera que no ha lugar la aplicación en este caso del artículo 464 del Código Penal, que establece penas de prisión de uno a cuatro años para todo aquel que utilice la "violencia o intimidación para intentar influir directa o indirectamente en quien sea denunciante, parte o imputado, abogado, procurador, perito, intérprete o testigo en un procedimiento para que modifique su actuación procesal".
Por otra parte, Velasco señala en su auto que los directivos de 'La Razón' dieron una "versión verosímil de lo que parecía más agravado" en las conversaciones telefónicas que le intervinieron a Rodríguez Sobrino, las cuales enmarca en "la actuación de dos amigos" que tratan, tal y como dijeron ellos, de convencerle "mediante mentiras piadosas y paliativas" de que estaban actuando para que su implicación en la 'operación Lezo' no llevara a la Comunidad de Madrid a denunciar.
Asimismo, Velasco destaca que de las pruebas aportadas por Marhuenda en su declaración se entiende que el periódico "no hizo una campaña especial o muy distinta" contra el Gobierno de Cifuentes "de la propia de una línea editorial, perdiendo fuerza coactiva y explicando episodios como los que aparecen en las escuchas y que a la postre son hechos que no tienen consistencia como para encontrar en ellos una sistematicidad y permanencia en la presión que justifiquen las imputaciones.
Y además, la versión que dio el propio Edmundo Rodríguez Sobrino sobre este asunto cuando también declaró ante el juez por su implicación en la 'operación Lezo' fue que "la actuación de Marhuenda y Casals era para ayudarle emocionalmente y no para torcer la actuación de colaboración de la Comunidad de Madrid", lo cual, en opinión del juez, refuerza la idea de que, a falta de otros elementos, "la actuación de Marhuenda y Casals no es delictiva".
