Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha diseñado un nuevo impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos y la incineración, lo que para la Comunitat Valenciana supondrá gravar los vertidos municipales y encarecer los que genera el sector de la construcción. Y es que, aunque la autonomía valenciana es una de las regiones que ya cuenta con un gravamen de este tipo, el impuesto del Gobierno central aumenta cuantías para algunos sectores e incluye un tipo municipal.
El anteproyecto de ley del Gobierno, que recientemente ha salido a exposición pública y todavía tiene que pasar el trámite parlamentario, fija un aumento del gravamen en mayor medida del depósito en vertedero frente a la incineración. Se trata de un tributo cedido, por lo que será gestionado por las comunidades autónomas. De hecho, el texto señala que las comunidades autónomas podrán incrementar los tipos impositivos recogidos en la norma respecto de los residuos entregados, almacenados, abandonados o incinerados en sus respectivos territorios.
En concreto, el impuesto recaerá sobre los residuos destinados a vertedero o incineración y variará en función de la clase de residuo y el tipo de vertedero (vertedero de residuos no peligrosos, de residuos peligrosos o de residuos inertes) o instalación de incineración de residuos (instalaciones de eliminación o de valorización energética).
En el caso de la Comunitat, los supuestos para el cobro de esta tasa y las actuales cuantías quedaron redefinidas en 2018, tras una amplia modificación en la Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, conocida como Ley de Acompañamiento. Pero, con esta nueva norma, el escenario podría cambiar, especialmente para las empresas constructoras, ya que, frente al euro por tonelada establecido en la normativa autonómica, el Gobierno aumenta el gravamen a tres euros por tonelada para los Residuos de Construcción y Demolición.
Asimismo, el Ejecutivo incluye tipos municipales, inexistentes hasta ahora en la normativa valenciana. Así, el nuevo impuesto recoge que en el caso de residuos municipales entregados en instalaciones de incineración para la eliminación de residuos la cuota será de 20 euros por tonelada, mientras que los que sean entregados en instalaciones de incineración de valorización queda fijado en 15 euros por tonelada.
Por otro lado, el nuevo gravamen estatal fija que en el caso de residuos entregados en vertederos de residuos no peligrosos el importe será 40 euros por tonelada para los residuos municipales y de 20 euros para los diferentes a los locales. En el caso de residuos entregados en vertederos de residuos peligrosos será de 5 euros por tonelada, mientras que en vertederos de residuos inertes se ha establecido en 3 euros por tonelada.
Desde la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (Emtre), su presidente, Sergi Campillo, asegura que todavía están estudiando el impacto de esta medida estatal en el correspondiente impuesto local, la conocida como tasa Tamer (tasa por el tratamiento y eliminación de residuos). "Todavía es pronto. Es un Anteproyecto de Ley y en la tramitación puede cambiar, pero lo estamos estudiando", señala. No obstante, lo que sí considera que sería "razonable" es que antes de su entrada en vigor se estableciera un periodo transitorio para hacer el encaje en las cuentas municipales.
"Está claro que lo que se quiere gravar es la mala gestión de los residuos, porque mucha parte de ellos podría ser reciclable. Por tanto, lo que busca es reducir la generación de residuos y que todo lo que se produzca sea reciclado, pero desde la entidad tendremos que ver cómo se gestiona, aunque es evidente que habrá una tasa que que pagar", apostilla el también vicealcalde de València.
Según explica el Ministerio, el espíritu del texto parte de que numerosas comunidades autónomas han regulado algún canon o impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos y la incineración, pero existe una falta de armonización entre los diferentes impuestos autonómicos. Una ausencia de homogeneidad en las figuras impositivas entre regiones que, según el departamento que dirige Teresa Ribera, genera el llamado 'turismo de residuos' entre determinadas autonomías.
Además, señala que la falta de una mínima coordinación "incrementa los costes indirectos para los contribuyentes, dificulta la aplicación de las normas, constituye una importante barrera de entrada adicional para posibles empresas de nueva creación que pretendan desarrollar las actividades gravadas y dificulta el cumplimiento de los objetivos de preparación para la reutilización y reciclado fijado para los residuos municipales".
Asimismo, con este impuesto, se cumple una recomendación realizada por la Comisión Europea a España en 2018 en un análisis temprano de detección de incumplimientos en los objetivos comunitarios de residuos.
