Ramón Salvador de camino a la Audiencia Nacional, junto a su abogado, en una foto de archivo.MURCIA (EFE/M.G.) El constructor ilicitano Ramón Salvador, implicado en el caso Brugal y denunciado por el FROB ante la Fiscalía Anticorrupción en las causas de los pelotazos inmobiliarios de Banco de Valencia y Bancaja, se sentará en el banquillo de los acusados en Murcia. El juzgado de instrucción número 8 lo ha ha procesado junto al exconcejal de Urbanismo de la cuidad Fernando Berberena, al exgerente de ese servicio Alberto Guerra y al exjefe de Planeamiento municipal Joaquín Peñalver por presunta corrupción urbanística.
El auto en el que se acuerda abrir la fase intermedia del procedimiento abreviado, dictado dentro de la pieza separada del caso Umbra conocida como Teatro Circo, procesa también a otros dos investigados: la funcionaria municipal María de la O Chica y Miguel Ángel Barroso, representante de una empresa constructora.
Los seis han sido investigados por los indicios aparecidos contra ello a raíz del convenio para la rehabilitación de ese teatro, aprobado en 2006 por el Ayuntamiento de Murcia. Según las investigaciones judiciales, la presunta corrupción urbanística se habría producido con la compra de terrenos en la expansión norte de la ciudad a cambio de compensaciones económicas para los compradores y la restauración del teatro.
Según publicó El Mundo, Salvador adquirió el inmueble el 22 de abril de 2004 por 5,8 millones de euros. Lo hizo seis días antes de que el Ayuntamiento de Murcia aprobara en pleno que el dueño de ese inmueble sería compensado con ventajas en el plan urbanístico ZB-SD-CT13 (donde Salvador tenía intereses) a cambio de rehabilitar y revender el teatro al Ayuntamiento. Salvador colocó el inmueble al consistorio por seis millones en febrero de 2006.
El promotor también consiguió como compensación un considerable aumento de la edificabilidad de sus fincas en ese mismo plan parcial y se ahorró los costes de indemnizar a las empresas dueñas de los terrenos de las explotaciones porcinas que allí había. Ese dinero, unos 69 millones, fue asumido directamente por el Ayuntamiento de Murcia.
El juzgado considera que los indicios recopilados a lo largo de varios años de instrucción apuntan a que los tres integrantes de la antigua cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia pueden haber incurrido en un delito de prevaricación, al igual que Ramón Salvador Águeda y la funcionaria. Por su parte, Guerra y Barroso habrían incurrido en los de negociaciones prohibidas a los funcionarios y cohecho.
Además, Ramón Salvador Águeda y Berberena pueden haber incurrido en uno de cohecho, imputación que el juzgado basa, entre otros indicios, en el hallazgo en poder del exconcejal de tres relojes de gran valor comprados por el constructor, que aseguró los había adquirido en Alicante por indicación de aquel porque le hacían una importante rebaja en una joyería. El auto no concede credibilidad a esa afirmación exculpatoria y señala que la factura de la compra fue extendida a una de las empresas controladas por el empresario.
Se acuerda el sobreseimiento de las diligencias para otros dos investigados. La resolución da 30 días a las partes para que puedan presentar sus escritos de acusación o de solicitud de sobreseimiento de la causa
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