VALÈNCIA. Sanidad ha dado el pistoletazo de salida al proceso reversión del departamento de salud de Torrevieja sin poner sobre la mesa cómo se abordará la vuelta a lo público. La consellera del ramo, Ana Barceló, oficializaba este martes la decisión de no mantener la gestión de concesión del área de salud -que finaliza el 15 de octubre de 2021- pero no concretaba a los trabajadores de la UTE cómo será la fórmula con la que pasarán a ser empleados de la sanidad pública.
El departamento de Barceló, que debe comunicar un año antes la decisión de no prórroga, mandaba este miércoles la carta correspondiente a Ribera Salud, gestora del área, para enfrentarse a la que será la segunda reversión de una concesión tras el proceso de La Ribera en 2018. Un tránsito que dio no pocos dolores de cabeza a la administración, que se vio obligada a rectificar su idea inicial de incorporar a los empleados como indefinidos no fijos para finalmente integrarlos como personal a extinguir.
"La forma de gestión pública se decidirá a lo largo del proceso", señalan desde la conselleria. En todo caso, esta nueva reversión abre un escenario que a priori no se contemplaba cuando Carmen Montón ejecutó la integración del Hospital de Alzira en la gestión directa: el de la empresa pública. Una posibilidad que empezó a tantearse cuando se puso sobre la mesa la recuperación del departamento de Dénia y que se afianzó como una solución factible con una resolución de Sanidad donde acordaba iniciar la elaboración de un proyecto de decreto ley con el que se pretendía crear una sociedad para gestionar servicios sanitarios.
Una fórmula que pretendía ejecutarse para abordar la reversión de las concesiones ante la atropellada experiencia que supuso el proceso de devolver a la gestión pública un departamento sanitario entero inyectando directamente en la Generalitat a 1.400 trabajadores laborales como personal a extinguir, una cifra que se replica en Torrevieja. Sin embargo, por el momento el proceso sigue en el mismo punto. De hecho, se esperaba que el departamento de Barceló incluyera la creación de dicha sociedad en la Ley de Acompañamiento de 2021, cuestión que, por el momento, no se menciona.
El grueso de esta decisión de gestionar la reversión a través de una sociedad pública, tal y como se señalaba en el documento para su impulso, es el de la dualidad de regímenes jurídicos generados en la reversión del Hospital de Alzira, donde el personal estatutario y laboral mantienen diferentes condiciones de trabajo. "La coexistencia de ambas categorías supone una situación irregular e impropia para la administración sanitaria puesto que implica gestionar recursos humanos en régimen estatutario y simultáneamente recursos humanos en régimen laboral", recogía el documento.
Otros motivos que animaban a Sanidad a utilizar esta idea es la diferencia de los principios que inspiran estos derechos, los diferentes ámbitos de la resolución de conflictos -la jurisdicción contencioso-administrativa y la jurisdicción social-, los agravios comparativos en las condiciones de trabajo y la duplicidad de órganos de representación y de negociación. A día de hoy, en el departamento de La Ribera conviven regímenes laborales dispares, con diferentes horarios, condiciones de trabajo e incumplimientos de convenio que, además, finalizó en diciembre de 2018 y todavía no se ha renegociado con Sanidad.
No obstante, cabe recordar que la Ley de Salud de la Comunitat Valenciana sí recoge el procedimiento para los casos de subrogación de personal tras asumir un servicio prestado por una empresa privada con sucesión de empresas. Como ya ocurrió en Alzira, se trata de mantener a los empleados en sus puestos de trabajo como personal a extinguir con sus condiciones de personal laboral. Motivo por el que la decisión de asumir a los trabajadores del departamento de Torrevieja también estaría amparada por la ley. En el caso de la empresa pública, el régimen empleado sería el de indefinido no fijo al tener que respetarse los principios de igualdad, mérito y capacidad de los empleados públicos.
Desde los sindicatos, por el momento, no tienen claro que canalizar la reversión de las concesiones a través de una empresa pública sea lo más idóneo. Rosa Atiénzar, secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO-PV, apunta dudas respecto a esta fórmula al entender que podría permitir, en un futuro, una nueva privatización del servicio además de entender que perjudica al personal estatutario, quien en principio no podría moverse a esos departamentos. "No deja de parecernos contradictorio la integración de los consorcios sanitarios y que ahora hablen de empresa pública", señala. También recuerda que los tribunales han avalado la reversión de La Ribera, por lo que aboga por un proceso más pulido pero que se desenvuelva de forma similar.
Adrián Todolí, investigador del Derecho del Trabajo de la Universitat de València, considera que la integración será complicada en ambos casos. "Ninguna opción permite una integración total porque los principios constitucionales no lo permiten", recuerda, además de señalar que la empresa pública facilitaría la vuelta a una privatización en el futuro. En todo caso, Tadolí resalta las ventajas de la gestión directa al poder integrarse las plazas generadas en el futuro podrían en en el sistema valenciano, una cuestión que permitiría la movilidad entre departamentos. Sin embargo, en el caso de una empresa pública -como ocurre con los consorcios- sería un departamento estanco en el que el personal solo podría circunscribirse a ese área.
