VALÈNCIA. El fiscal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Luis Sanz ha pedido que se estime la solicitud de la diputada del PPCV, Eva Ortiz, quien presentó un recurso contencioso administrativo contra la decisión de la Agencia Antifraude de negarle el expediente incoado en relación con las empresas Kriol Produccions y Canal Maestrat, ambas de los hermanos Adell Bover, presuntos socios en la sombra del hermano del presidente de la Generalitat Ximo Puig.
En el escrito presentado por el fiscal Luis Sanz, al que ha tenido acceso Valencia Plaza, el representante del Ministerio Público dice que Antifraude alegó que "no se puede acceder a la entrega solicitada por motivos de confidencialidad", a lo que el PP recurrió diciendo que se había producido "una vulneración del artículo 23 de la Constitución". Dicho artículo dice que todos los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal".
Expone Sanz que el problema planteado "no es nuevo", y que ha sido tratado por multitud de tribunales y sentencias, tanto del Tribunal Supremo como de los diferentes TSJ. Y añade que todas ellas dicen que, como dice el PP, el artículo 23 de la CE les otorga el derecho a participar porque, además, "la consulta forma parte de su estatus parlamentario". Y apostilla que la información "no puede entorpecerse, limitarse o bloquearse, so pena de conculcar el artículo 23".
El PPCV solicitó en agosto la entrega del expediente de investigación incoado por la Agencia Antifraude, incluyendo todas las actuaciones practicadas, hasta la fecha de respuesta a esa iniciativa, con motivo de la presentación de una denuncia sobre supuesto falseamiento de contenidos, en la justificación de la concesión de ayudas públicas para la promoción del valenciano por parte de las mercantiles Kriol y Canal Maestrat, incluyendo toda la documentación aportada por las referidas mercantiles en respuesta al requerimiento del órgano inspector.
Ahora deberá ser la Sala de Lo Contencioso del alto tribunal valenciano quien decida si, finalmente, el PPCV tiene o no derecho a acceder a la información solicitada a la Agencia Antifraude.