Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La reversión del servicio de resonancias magnéticas en los hospitales de la red pública de la Generalitat Valenciana es el cuento de nunca acabar. Cuando parecía que la Conselleria de Sanidad había trazado un plan para finalmente devolver el servicio a manos públicas, la mala gestión del proceso de creación de la Empresa Pública de Salud por parte del departamento de Ana Barceló ha devuelto la reversión a un limbo que sigue alargando la situación irregular en la que se encuentra el servicio prestado por la UTE Erescanner -conformada por Eresa, Inscanner y Ribera Salud-.
Este lunes, la consellera de Sanidad se reunía con los sindicatos para anunciarles la retirada del proyecto de creación de la Empresa Pública de Salud a través de la cual se pretendía canalizar a todo el personal tras la reversión de concesiones y servicios. Sin embargo, fue el pasado jueves cuando Barceló anunciaba al comité de empresa del departamento de Torrevieja que finalmente serían integrados de forma directa en la administración ante el desacuerdo de los socios del Botànic -Compromís y Unides Podem- y de los colectivos involucrados.
Sin embargo, nada se mencionó de las resonancias magnéticas, que tal y como constaba en el decreto-ley para crear dicha sociedad, era uno de los servicios que se pretendían asumir junto a la farmacia socio-sanitaria de centros públicos. De hecho, tal y como se recogía en la memoria económica de este vehículo, el último cálculo era el de acoger 107 trabajadores que se canalizarían a través de este recurso. Ahora, con la retirada de la EPS, éstos trabajadores vuelven a quedar en el limbo al no concretarse cómo se gestionará su futuro.
Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Según señalan fuentes de la Conselleria de Sanidad, lo natural sería volver al proceso previo, cuando un informe del Consell Jurídic Consultiu (CJC) dio el visto bueno a la subrogación tras un informe negativo de la Abogacía de la Generalitat que paralizó el proceso. Esto supondría que el personal de las UTE que trabaja en los departamentos públicos pasara a formar parte de la administración con gestión directa, como demandan los radiólogos y con la misma fórmula que Alzira y Torrevieja.
Sin embargo, Barceló todavía no se ha manifestado de forma clara sobre qué ocurrirá con este colectivo. De hecho, como señalan fuentes sindicales que estuvieron presentes en la reunión con la consellera, no contestó a la preguntas referentes a esta cuestión. Sin embargo, parece ser que sí llamó a última hora de este lunes a la dirección de la Sociedad de Radiología de la Comunitat Valenciana (SRCV), quien ha liderado una intensa campaña para evitar que este servicio se gestionara desde la empresa pública, para comunicarles el fin del plan de la EPS.
Tanto los sindicatos como la sociedad coincidían en que devolver las resonancias magnéticas a los departamentos favorece el desarrollo profesional pleno, la difusión del conocimiento científico y una mejor gestión, ya que desde los servicios
radiológicos se podrá acceder a puestos estatutarios en las resonancias magnéticas y llevar a cabo todas las competencias de manera única e integral.
Ya hace dos años y ocho meses que el concurso de resonancias magnéticas adjudicado a la UTE Erescanner Salud finalizó y, sin embargo, desde Sanidad no han sido capaces en este plazo de ejecutar una reversión más que de sobra prevista y que sí abordaron con el departamento de salud de La Ribera. Ahora, la decisión tomada por el desacuerdo político y de los profesionales sigue alargando una situación que solo hace que mantener el sobrecoste de Sanidad en el servicio.
Y es que la situación- que por el momento es indefinida- obliga a la administración pública a afrontar su pago a través del sistema de enriquecimiento injusto a pesar del tiempo que el Gobierno de Ximo Puig ha tenido para planificar la vuelta a lo público. Un servicio cuyo contrato terminó el 31 de octubre de 2018 y que, en este caso, sí está demostrado que no solo supondría una mejora del servicio por su mayor integración, sino un fuerte ahorro monetario.
Como apuntaba la memoria de la EPS, firmada por la subsecretaria Mónica Almiñana, el retraso en la reversión a la gestión pública del servicio de resonancias magnéticas en hospitales valencianos ha supuesto que la Generalitat haya pagado un sobreprecio de 21 millones de euros solo el año pasado. Y, a pesar de que los radiólogos señalaban falta de rigor en los cálculos, lo cierto es que incluso si el ahorro fuera menor, el montante sigue siendo millonario.
Como se apuntaba, el primer atasco de la recuperación del servicio fue con el decreto de subrogación del personal de la UTE a la administración pública tras un informe de la Abogacía de la Generalitat que no daba por válido el proceso, cuestión a la que finalmente dio el visto bueno el Consell Jurídic Consultiu en febrero del 2019. Hasta enero de 2020, con David Fernández al frente de la subsecretaría, Sanidad estuvo esperando un informe de Hacienda en un proceso que sigue enconado con la pandemia.
Para la recuperación, la Conselleria de Sanidad empezó a promover la empresa pública sanitaria para encajar la subrogación del personal de las resonancias y de los hospitales de concesión tras las complejidades generadas en la reversión del departamento de salud de La Ribera una solución que ya ha quedado descartada. Ahora, en manos de Mónica Almiñana, habrá que ver cuan urgente es la cuestión.
