MADRID (EFE). El acuerdo sobre el cupo vasco, por el que el Gobierno devolverá 1.400 millones a Euskadi, está desanimando a la comisión de expertos para la reforma de la financiación en su esfuerzo por hacer un modelo mínimamente objetivo y que garantice la igualdad entre regiones.
La comisión cuenta, desde este viernes, con la renuncia del experto designado por Asturias, el catedrático de Economía Pública de la Universidad de Oviedo Carlos Monasterio, por considerar que si el Gobierno no escucha la opinión de este órgano es que es "irrelevante" y, por tanto, no tiene sentido seguir en él.
Para otros miembros de la comisión de expertos consultados por Efe, como el catedrático designado por Baleares, Guillem López Casasnovas, el acuerdo sobre el cupo ha creado un "sentir general" de desánimo y ha dejado a los expertos con "cara de póquer" ante la dificultad de explicar a las regiones de régimen común la situación de las forales, "con plena capacidad fiscal y nula aportación solidaria".
Casasnovas, que es catedrático de Hacienda Pública en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, precisa que el pacto sobre el cupo no interfiere políticamente en el debate de la comisión que tiene un mandato para las regiones de régimen común pero sí lo hace desde un punto de vista técnico, por sus efectos tributarios.
No obstante, este experto deja claro que el acuerdo alcanzado por el Gobierno y el PNV, y que permite salvar los presupuestos, no es justo, supone un agravio a otras comunidades y ahonda en la sobrefinanciación del País Vasco. Además, asegura que el acuerdo, en los términos que fue firmado, no es exportable a otras comunidades aunque Cataluña podría exigir algo similar, "pero no igual".
Por su parte, Monasterio, que el viernes envió la carta de renuncia al presidente de la comisión, Manuel González, considera que el acuerdo interfiere "claramente" en los trabajos de la comisión. Y recuerda que si bien la Constitución reconoce a las forales un sistema de financiación cualitativamente distinto, "tal sistema no debería ser cuantitativamente diferente" ya que la Carta Magna establece que las diferencias entre estatutos no pueden implicar privilegios económicos.
Este catedrático exige saber cómo se ha llegado a que "la cifra correcta" del cupo a pagar en 2017 sean 965 millones y advierte que de no conocerse la metodología del cálculo se caerá en una absoluta falta de transparencia. Para el director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, el acuerdo del Gobierno con el PNV es "una situación normal en el juego político" por lo que, en ese sentido, "nada que objetar".
Sin embargo, De la Fuente reconoce que el resultado de los pactos "no contribuye a mejorar la equidad del sistema, pues incrementa la ya muy considerable ventaja del País Vasco sobre otros territorios en términos de financiación por habitante ajustado".
En el caso de Canarias, con quien también el Gobierno ha tenido acuerdo, este experto teme que se pueda dejar al archipiélago en una situación "mas ventajosa de lo que sería razonable". Desde esta perspectiva, dice, "hubiese sido preferible un acuerdo presupuestario en el que esos recursos se hubiesen utilizado en mejorar las cuentas de comunidades peor financiadas bajo el sistema actual".
Por su parte, el profesor de Economía de la Universidad de Zaragoza y también integrante de la comisión de expertos, Alain Cuenca, opina que tanto el País Vasco como las tres diputaciones forales están sobrefinanciadas. Cuenca explica que esto se debe a que su aportación a los gastos generales (los no transferidos) es muy inferior a la que procedería pero, además, y dado que recaudan el IVA y otros impuestos indirectos se debería hacer un ajuste a favor del resto de España, "y, sin embargo, se ha hecho a favor del País Vasco".
Asimismo, según este experto, las forales no contribuyen a la solidaridad con el resto de las comunidades "con quienes comercian y conviven sin ninguna restricción". Cuenca sostiene que teóricamente el sistema del concierto si se aplicara sólo a impuestos directos sería extensible a todas las comunidades pero en la práctica no es posible porque las diputaciones forales han demostrado que no son fiables: "cuando discrepan, no pagan".
Respecto a si el acuerdo sobre el cupo es eminentemente político, Cuenca se limita a recordar que el pacto se cerró en La Moncloa por el propio presidente Mariano Rajoy. "En todo caso -recuerda- que todos los mecanismos por los que se reparte dinero (y por tanto poder) deben ser políticos".
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral