Domingo Parra en la Audiencia Nacional. Foto: EFEVALÈNCIA (EFE). El ex consejero delegado de Banco de Valencia Domingo Parra ha admitido este martes en la Audiencia Nacional un delito de administración desleal continuada en la concesión de 312 millones de euros al grupo del empresario Bautista Soler para la compra de una participación en Metrovacesa.
En esta segunda sesión del juicio, Parra, para el que la Fiscalía Anticorrupción pedía en su escrito de conclusiones provisionales cuatro años de prisión, ha reconocido los hechos que se le atribuyen después de que efectuara en la víspera un ingreso de 100.000 euros en la cuenta del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), personado en la causa como acusación.
El que fuera consejero delegado del Banco de Valencia ha repetido su estrategia procesal ya que el pasado febrero aceptó un año y siete meses de cárcel, también por administración desleal, en la gestión de préstamos a una sociedad que le era afín, procedimiento en el que abonó 330.000 euros por el perjuicio causado.
Las presuntas irregularidades que se juzgan en esta ocasión tuvieron lugar en 2007, año en el que Metrovacesa presentó una opa para resolver el enfrentamiento entre la familia Sanahuja, que controlaba el 39,6 % de la inmobiliaria, y Joaquín Rivero -ya fallecido- y su socio, Bautista Soler, que sumaban entre ambos el 39,14 % de su capital.
Por entonces, el Banco de Valencia aprobó una operación de financiación "cascada" a las empresas del "grupo Soler" por importe de 312 millones de euros para la adquisición del 2,4 % de las acciones de Metrovacesa, lo que supondría reforzar su presencia en la compañía.
Precisamente ha comparecido también ante la sección cuarta de la sala de lo Penal, aunque por videoconferencia, el empresario Bautista Soler, que se ha acogido a su derecho a no declarar, ni siquiera a su propia defensa.
Tal como solicitó su letrada durante el trámite de cuestiones previas, la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, ha eximido a Soler, para el que Anticorrupción solicita cuatro años de cárcel como cooperador necesario, de acudir a las sesiones hasta el turno de última palabra.
Además de Parra y Soler, el Ministerio Público dirige su escrito contra la hija de este último, María Victoria Soler, y su marido, Vicente Fons, para los que pide idéntica condena.
Sin embargo, ambos han optado por no prestar declaración, a diferencia de cuanto ha hecho el cuarto de los acusados, Rafael Ruíz-Jarabo, administrador único de una de las sociedades prestatarias, Arlette Dome, creada en 2007 y "en la práctica controlada por María Victoria Soler y Vicente Fons", según la Fiscalía.
Ruíz-Jarabo, que se enfrenta a penas de entre seis y tres años de prisión, ha reconocido que accedió a figurar en ella como único accionista después de que el matrimonio, del que era íntimo amigo, le pidiera "el favor" de que se pusiera al frente ya que por motivos regulatorios, ellos no podían.
Lo hizo, ha dicho, por "pura amistad, a cambio de nada", y ha añadido que le pareció "elevado" el crédito inicial otorgado por el Banco de Valencia para la compra de acciones de Metrovacesa.
No obstante, ha aclarado que él "no sabía ninguno de los entresijos de las operaciones, sólo que se iban pagando los intereses", puesto que se dedicaba "a unos asuntos que no tenían nada que ver con lo de Valencia", de ahí que nunca despachara nunca "nada" con la entidad.
Ruíz Jarabo ha admitido de este modo los hechos que se le atribuyen, si bien únicamente en lo relativo a Arlette Dome, sociedad a la que Banco de Valencia concedió un préstamo por importe de 200 millones de euros que fue posteriormente refinanciado.
El relato que ahora reconocen tanto Parra como él destaca el riesgo de la operación, considerada como "la más importante" y en la que "no se llevó a cabo ningún análisis previo de viabilidad" a pesar de que Arlette Dome "no contaba con personal alguno", concluye la Fiscalía.
Al margen de las penas de prisión, Anticorrupción reclama a todos ellos una indemnización de unos 94 millones de euros para el FROB, que inyectó 4.500 millones de euros públicos para sanear la entidad, hoy integrada en CaixaBank.
