La protesta vecinal celebrada hace un año para exigir la construcción de naves cerradas. Foto: PEPE OLIVARESALICANTE. El pleno del Ayuntamiento de Alicante también ha debatido este jueves en torno a la actividad de carga y descarga de graneles desarrollada en el Puerto de Alicante, mediante dos propuestas de declaración institucional hasta cierto punto paralelas: la original, en defensa de los trabajadores, planteada por el PSOE, y una propuesta de transacción, presentada por Compromís, idéntica a la aprobada por unanimidad en les Corts, hace sólo una semana.
Por sorprendente que parezca, las dos han sido aprobadas, aunque han cosechado respaldos diferentes. La propuesta presentada por el PSOE (manifestar el compromiso del Ayuntamiento de Alicante en el fomento y desarrollo del puerto, su apoyo a los trabajadores y solicitar de las autoridades del Estado y de la Generalitat Valenciana la colaboración precisa y la eliminación de barreras que lo dificulten) ha prosperado con los votos de los seis ediles del equipo de Gobierno, los ocho del PP, los cinco de Ciudadanos (Cs), y los de los dos no adscritos. Guanyar y Compromís, por su parte, se han abstenido. La segunda, aprobada por unanimidad en el parlamento autonómico, también ha prosperado pero sin el respaldo de los seis concejales socialistas, pese a que el PSPV sí la apoyó en les Corts.
Por partes. El debate de las dos iniciativas ha estado precedido por una representante de los trabajadores portuarios, quien ha insistido en que la polémica sobre la actividad se ciñe a una cuestión procedimental y ha llegado a solicitar la dimisión del exconcejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), quien dictó tres decretos de suspensión de actividad y emplazó a las empresas estibadoras a solicitar licencia ambiental, días antes de abandonar sus delegaciones y dejar el equipo de Gobierno.
El portavoz adjunto del PSOE, Fernando Marcos, ha defendido la propuesta original en defensa de los trabajadores y contra las barreras que lo y ha insistido en que se está planteando la existencia de problemas sobre la salud para suspender la actividad de las empresas cuando "las revisiones médicas periódicas" realizadas a los operarios que se encargan de ejercer esa actividad de carga y descarga de materiales pulverulentos no han detectado la existencia de ningún problema. Tampoco la inspección de Trabajo ha detectado ninguna enfermedad profesional relacionada con esa operativa, ha insistido, por lo que ha abogado por "dejarles trabajar en paz".
El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha incidido en la defensa de su propia propuesta (una réplica de la proposición no de ley aprobada por unanimidad en les Corts por la que se insta al Consell a promover la construcción de naves cerradas y reclamar la implicación del Ministerio de Fomento), que en este momento la situación ha mejorado respecto a hace dos años y medio, en la medida en que ya se ha acabado "la situación de ciudad sin ley", al tramitarse una autorización ambiental integrada condicionada a la ejecución de medidas correctoras. Con todo, ha insistido en que lo deseable es que "se tienda a ir a una actividad desarrollada en naves cerradas".
Su homólogo de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, ha explicado que no tiene nada en contra de los trabajadores del Puerto y ha insistido en que la cuestión es "por qué las empresas se obstinan en no pedir la licencia ambiental" que los técnicos municipales y de la Conselleria de Medio Ambiente consideran necesaria. En esta línea, ha incidido en que, a su juicio, parte de la responsabilidad de la situación actual la tiene Compromís, que dirige el departamento autonómico de Medio Ambiente, ya que tenía la oportunidad de exigir desde el principio la construcción de naves cerradas en depresión a la hora de conceder la autorización ambiental. Sea como fuere, ha mantenido que él ha sido "muy prudente con este tema" y que no podía hacer otra cosa que cumplir la legalidad, al exigir la licencia. Su intervención se ha visto interrumpida por las protestas y los gritos de un grupo de trabajadores del Puerto presentes en el salón de plenos. Fuentes del grupo municipal de Guanyar han asegurado que se ha pedido la presencia de Policía Local para evitar altercados y garantizar la seguridad de su portavoz.
El alcalde, Gabriel Echávarri, ha intervenido en el debate durante el turno de réplica para sostener que el apoyo a los trabajadores no tiene nada que ver con dejar solos a los vecinos que vienen reclamando medidas contra el movimiento de graneles al aire libre. En esta línea, ha reiterado que nada hace indicar que exista un problema de contaminación que afecte a la salud y que, sin embargo, con todo este tema sí "se está creando una sensación de inseguridad jurídica que hace que nadie quiera venir a Alicante". Ha insistido en que ha podido contrastar con el presidente del Puerto, Juan Antonio Gisbert, que "en Alicante ya hay naves cerradas, los silos verticales del muelle 21, iguales que las del Puerto de Santander que figuran en la proposición no de Ley aprobada en les Corts". Después, ha argumentado que "no es posible que el Ministerio de Fomento pague naves cerradas; no es posible en ningún puerto de Europa", ha apuntado. "Se podrían considerar ayudas irregulares al alterar la libre competencia", ha remarcado. Así que ha señalado que aprobar la iniciativa que plantea Compromís, pese a que el PSPV sí la votó en les Corts, "es papel mojado", un "brindis al sol". "No la vamos a rechazar, pero tampoco la vamos a apoyar", ha dicho, antes de producirse la votación por separado de las dos declaraciones.
La portavoz adjunta del PP, Mari Carmen de España, por su parte, ha incidido en que hasta ahora no existen mediciones que confirmen que se superan los niveles de contaminación, salvo en días o momentos puntuales, pero ha recalcado que el PP está a favor de que se mejore el desarrollo de la operativa para evitar problemas de contaminación.
Antes del debate sobre la operativa relacionada con los graneles, en el pleno se ha debatido sobre otros asuntos de actualidad durante el apartado de ruegos y preguntas. El concejal de Limpieza, el socialista Fernando Marcos, ha respondido ante una pregunta formulada por el portavoz adjunto de Cs, Antonio Manresa, que no se ha aplicado ninguna sanción sobre la UTE concesionaria del servicio de limpieza viaria y recogida de la basura, aunque sí ha apuntado que si se han producido dos deducciones en los pagos: una de 3.000 euros, por una "lentitud" en la prestación de determinados servicios y otra, aplicada en octubre, de 17.700 euros, por las horas no prestadas durante las jornadas de huelga.
Sobre el plan de ordenación de veladores de Gabriel Miró, la edil de Urbanismo y Ocupación de Vía Pública, la socialista Eva Montesinos, ha contestado a otra pregunta formulada por Cs, que sigue abierto el periodo de estudio de alegaciones a ese decreto de regulación dictado por el exconcejal de Guanyar, Miguel Ángel Pavón. "A partir de mañana decidiremos cuál es la continuidad de ese plan", ha apuntado.
El pleno también ha rechazado la declaración institucional presentada por el PP por la que se trataba de instar al Ayuntamiento a entablar negociaciones con el Banco Sabadell en busca de la cesión, total o parcial, de sus participaciones en el Teatro Principal. La propuesta ha sido desestimada con los votos de PSOE, Guanyar, Compromís y la concejal no adscrita, Nerea Belmonte, mientras que Cs y el edil no adscrito Fernando Sepulcre se han abstenido, después de que el alcalde, Gabriel Echávarri, haya reiterado -como ya hizo el martes en una entrevista concedida a Radio Alicante- que se está trabajando en una solución para salvar al teatro.
