El empresario que fletó el vuelo de Alperi a Creta declara que lo pagaron las empresas de Ortiz

ALICANTE. El empresario Ricardo Fuster, propietario de la empresa Rocafort de negocios, ha declarado este viernes, en el juicio por el supuesto amaño del Plan General de Alicante investigado en el caso Brugal, que uno de los responsables de las empresas del promotor Enrique Ortiz, Pedro Muguruza, le abonó los 36.000 euros que costó el vuelo a Creta realizado por el exalcalde Luis Díaz Alperi en el verano de 2008. Según la Fiscalía, ese viaje en jet privado es una de las supuestas prebendas con las que el conocido promotor pudo obsequiar al exalcalde a cambio de conseguir un trato de favor en el nuevo planeamiento de la ciudad durante su fase de redacción, entre los años 2007 y 2010.

Fuster ha ratificado, así, sus declaraciones previas en instrucción, en las que ya había dado cuenta de esos pagos. El empresario ha relatado que todo comenzó con una llamada del propio Díaz Alperi, "con quien mantenía una relación de afecto", según ha dicho. En esa llamada, según Fuster, el exprimer edil le comentó que necesitaba un avión de manera urgente y que estaba tratando de contratarlo con otras personas sin éxito. Así, él se puso en contacto con el responsable de la empresa Rivaflecha, Miguel Ángel Barba, quien le dijo que no disponía de aviones de ese tipo y que tenía que contratar un reactor. Al final, según Fuster, consiguió uno pero le advirtió de que "se debía pagar por adelantado porque ese tipo de aviones eran caros, al necesitar mucho combustible". Según su versión, se lo comentó al exalcalde, quien le dio largas "y al final me sedujo y fui yo quien pagué los 36.000 euros". "Él me dijo que a la vuelta me lo pagaría, así que, a los cinco o seis días, empecé a llamarle porque mi empresa empezó a ir mal. Al final, le dije que le pasaría la factura a él o al ayuntamiento, porque no sabía si era un viaje oficial o privado, y me dio un teléfono de las oficinas de Enrique Ortiz en Valencia, con lo que el pago se hizo efectivo", ha declarado.

A preguntas del fiscal, Felipe Briones, Fuster ha respondido que fue Pedro Muguruza quien le citó en una cafetería próxima a sus oficinas y quien le hizo entrega de un sobre con los 36.000 euros en metálico. Todo, después de que él le plantease que, para poder pagar eso, debía haber un motivo, como una prestación de servicio. "Pero al final convenimos que era un error hacer una factura por una prestación porque nos íbamos a meter en un lío de falsa facturación; así que lo consultó, me citó y me pagó", ha dicho.

En esta línea, ha explicado que en la contabilidad de su empresa, la factura quedó reflejada a nombre de Ortiz e Hijos "como de dudoso cobro, aunque después, a final de año, lo aporté yo de mi propia cuenta para compensar esa disminución patrimonial", porque el dinero había salido de la compañía. Después, a preguntas del letrado defensor de Díaz Alperi, Vicente Grima, ha asegurado que en el concepto de la factura quedó registrado como "servicios aéreos porque así lo decidiría el contable de la empresa". También ha respondido que no preguntó a Alperi por qué debía pagarle Ortiz y que entonces no le extrañó "porque sabía que eran muy amigos". Igualmente, también ha señalado que Pedro Muguruza no había iniciado acciones legales contra él por sus primeras declaraciones en sede judicial. A preguntas de Grima, también ha señalado que no recordaba haber alcanzado ningún acuerdo con la Fiscalía sobre su declaración. 

Con todo, Fuster ha incurrido en algunas contradicciones aparentes en su testimonio, en relación a la venta de su empresa a terceros en el año 2010. En un principio ha asegurado que no lo recordaba, aunque después sí que ha reconocido el nombre del comprador. Además, también ha dicho no recordar o no saber detalles sobre la inscripción de esa factura en la contabilidad de su empresa y si la había o no declarado ante Hacienda.

El abogado de Ortiz, Francisco Ruiz Marco, por su parte, ha asegurado que, en su primera declaración en el juzgado de Instrucción de Alicante, Fuster declaró que le habían pagado y que no recordaba la identidad de quién le había entregado el dinero. Después, escribió una carta en la que comunicaba a la Fiscalía que sí recordaba quién le pagó. Por ello, el letrado le ha cuestionado sobre en qué ocasión de las dos había mentido. Al respecto, Fuster ha asegurado que "mentí en la primera ocasión, porque sí recordaba quién era". En esta línea, ha señalado que las dos declaraciones previas las hizo bajo la condición de imputado y que tenía la posibilidad de mentir, a diferencia de lo que sucedía este viernes, cuando comparecía como testigo con obligación de decir verdad. 

Antes de la comparecencia de Fuster, ha prestado testimonio el representante de Rivaflecha, Miguel Ángel Barba, quien ha asegurado que fue Fuster, un cliente habitual suyo, quien le llamó para solicitar la contratación del vuelo y que él lo concertó con la compañía Best Fly. Barba ha apuntado que el vuelo tuvo un coste de 36.000 euros y que debía pagarse antes, porque de lo contrario el avión no despegaba. El defensor de Alperi, ha señalado que el vuelo se produjo el 29 de julio y el pago consta con fecha de 4 de agosto. Con todo, Barba ha apuntado que podía ser que se tratase de un servicio que formase parte de un paquete de horas de vuelo.

También ha comparecido el ingeniero vinculado al área de Suelo del Grupo Ortiz y actual presidente del Hércules, Carlos Parodi, ha declarado que él se dedicaba a "montar planos" siguiendo "las indicaciones que me daba Javier Llorens", el responsable jurídico de ese departamento. Como hizo el propio Llorens el jueves, Parodi ha abundado en que esos planos se elaboraron a partir de la información obtenida en fuentes abiertas, de acceso público, como el catastro o la documentación sobre el PGOU vigente, de 1987, que figuraba publicada en la página web municipal en aquel momento, durante la fase de redacción del que debía convertirse en el nuevo Plan General. Según Parodi, el objetivo era comprobar en qué situación se encontraban los terrenos propiedad de la empresa.

También se ha referido a algunas de las conversaciones mantenidas con Ortiz, captadas por la Policía, en las que se hablaba de la entrega de copias de determinados planos de manera urgente. Así, ha señalado que, en ocasiones, la empresa no disponía de medios necesarios para hacer esas copias. En concreto, ha señalado que en determinado momento, "el plóter estaba averiado y teníamos que acudir a tiendas especializadas". Igualmente, en contestación al defensor de la exalcaldesa, Sonia Castedo, ha negado que hubiese recibido "información" por su parte relacionada con la revisión del planeamiento urbanístico. 

A preguntas del fiscal Anticorrupción, Pablo Romero, Parodi también se ha referido a su participación en la empresa Verass, constituida en enero de 2009 con aportaciones del Grupo Ortiz y otros dos socios con experiencia en el sector de la publicidad y en el mobiliario urbano, en la que él asumía funciones de gerencia, y en la que también participaba el hijo del exalcalde, Luis Díaz Alperi, Oto Díaz, como cuarto socio. Según Parodi, se trataba de una empresa con la que se trataba de utilizar los recursos del grupo, como los aparcamientos públicos, para instalar vallas publicitarias o mupis. Así, ha negado que fuese una empresa creada para que el hijo del exalcalde pudiese trabajar. En su testimonio, ha dicho que él no sabía de dónde procedía la aportación de 30.000 euros por parte de Oto Díaz, ni si se esa suma se la había facilitado Ortiz. "Oto era una figura que ejercía como comercial por ser una persona conocida y la intención era comenzar a trabajar con administraciones y con empresas privadas, pero llegó la situación de crisis", ha explicado.

El fiscal le ha cuestionado sobre un supuesto intento para optar al contrato del Ayuntamiento de Alicante de instalación de vallas publicitarias con motivo de las elecciones europeas. En esta línea, Parodi ha respondido que no le constaba si se había registrado algún problema con el entonces concejal delegado de Tráfico, Pablo Suárez. El exregidor -que en ese momento era no electo- declaró en sesiones anteriores del juicio que él no accedió al uso de los aparcamientos para la instalación de vallas publicitarias. Después, fue destituido de sus funciones.

Parodi también ha respondido, a preguntas del abogado que representa al Ayuntamiento, José María López Coig, que no recordaba si, en una conversación telefónica, se le había encomendado, a petición de su madre, Oti García-Pertusa (entonces concejal del PP), que se asegurase de la renovación de una persona en las empresas dedicadas a la limpieza del Grupo Ortiz. "No lo recuerdo, pero sí le digo que mi madre es muy buena persona, y si puede ayudar a alguien, lo hace", ha respondido.

También ha declarado otro de los empleados de las empresas de Ortiz, el economista Luis Perea, investigado en la pieza del caso Brugal relacionada con el hallazgo de un arma sin licencia en las oficinas del Grupo Cívica. Su testimonio se ha centrado en cuestiones relacionadas con la facturación del grupo. Así, a preguntas del fiscal, Perea ha ratificado que recordaba una conversación en la que hablaba de que había llegado un presupuesto sobre un vuelo de 58.000 euros y que le había parecido "muy caro". Con todo, ha dicho no recordar nada más al respecto y que él no había contactado con nadie para concertar ningún vuelo. Además, también ha asegurado que en las empresas del grupo nunca se había establecido ninguna relación comercial con la compañía de Fuster, Rocafort de Negocios. Según ha recalcado, no figuraba ninguna contratación ni tampoco constaba como proveedor.

Perea también ha reconocido otra factura relacionada con la venta del vehículo Mini Cooper, otra de las supuestas prebendas con las que el promotor pudo obsequiar a la exalcaldesa Sonia Castedo, según los investigadores. A petición del defensor de Ortiz, Perea ha explicado que, cuando se conocieron las primeras informaciones sobre la investigación judicial, "buscamos las facturas de la venta, porque el coche era un activo de la empresa". Así, ha ratificado una factura con fecha de 16 de septiembre de 2009 por un pago de 4.800 euros a nombre de Julia Castelló.

También se ha referido a la entrega de tarjetas de estacionamiento gratuito en los aparcamientos públicos municipales gestionados por Ortiz. Perea ha señalado que se trataba de una de las condiciones previstas en el contrato de concesión y que se expedían tarjetas renovadas cada año para los miembros de la corporación.

Por último, la esposa del promotor, Manuela Carratalá, que también había sido citada a declarar a petición de la Fiscalía, se ha acogido a su derecho a no declarar por su relación de parentesco con uno de los procesados, en alusión a su marido. 

La causa, una de las 20 piezas en las que se dividieron las investigaciones sobre las irregularidades en la adjudicación de la contrata de la basura de Orihuela, se sigue contra los exalcaldes Díaz Alperi, Sonia Castedo y contra el promotor Enrique Ortiz, además de contra los abogados del bufete Salvetti, Javier Gutiérrez y José Luis Castedo. La Fiscalía considera que los dos expolíticos del PP concedieron un trato de favor al constructor a cambio de presuntas dádivas, como entregas de dinero en metálico, viajes pagados o incluso un vehículo modelo Mini Cooper.