El compromiso de las administraciones públicas con la innovación

VALÈNCIA. “La Compra Pública Innovadora (CPI) ofrece respuestas a retos o necesidades de la Administración con soluciones que no están ahora mismo en el mercado. En cierto modo reproduce lo que ya sucede en el sector privado, donde empresas de cabecera, como Ford o Mercadona, lanzan una serie de demandas a su cadena de proveedores que se han de resolver con innovación y que permiten que los proveedores crezcan. Estos procedimientos, por tanto, no sólo tienen un impacto en la calidad de los servicios que prestan las organizaciones, sino también en el crecimiento de los proveedores”. Así es como resume el concepto de Compra Pública Innovadora Francisco Álvarez, responsable de prensa y comunicación en la Agència Valenciana de la Innovació (AVI).

En cuanto a los objetivos que se persiguen con la CPI son, fundamentalmente, tres:  mejorar los servicios públicos mediante la incorporación de soluciones innovadoras, el fomento de la innovación empresarial y el apoyo a la internacionalización de empresas innovadoras aprovechando el mercado público local como campo de pruebas y trampolín.

Gijón se proclamaba a mediados del año pasado como el primer Ayuntamiento nacional en apostar por la CPI ejecutada a través de la entidad Gijón Impulsa. Rubén Hidalgo, su responsable, argumentaba la iniciativa alegando que “la compra pública representa el 18-20%, aproximadamente, de nuestro PIB. Con los problemas que tenemos actualmente de falta de inversión en investigación, por un lado, y de falta de aplicabilidad de las investigaciones que generamos, por otro, la compra pública de innovación representa una oportunidad para elevar la capacidad de gasto en innovación aplicándola directamente a través de la compra pública. Esto, además, dota de menores tiempos de respuesta para los servicios públicos al no tener que esperar a productos de mercado para entender cómo pueden usar la tecnología en la consecución de sus objetivos”.

Con dicho criterio, la primera iniciativa de Gijón Impulsa en este sentido fue sacar a licitación pública un proyecto para el desarrollo de una herramienta de análisis inteligente de datos que fuese útil tanto para la inteligencia colectiva de los emprendedores de la zona como para la Administración local. Partiendo de la extracción de datos generados tanto por la Administración local como por otras organizaciones y el resto del tejido empresarial, el Ayuntamiento gijonés persigue crear una herramienta que ayude a explotar esa información, ya articulada y curada, para la toma de decisiones inteligentes públicas como privadas. “A nosotros, por ejemplo, puede servirnos para ahorrar costes y hacer el seguimiento y análisis del impacto real de nuestras políticas de innovación. En el caso de los emprendedores puede orientarles en materia de mercado, tendencias de consumo, competencia…y, ya de cara a los ciudadanos, la herramienta puede mejorar la empleabilidad de la zona consultando cuáles son aquellos perfiles profesionales que más se demandan o las competencias que se exigen”, explica Rubén Hidalgo. 

El Ayuntamiento de Madrid asigna una partida de 4 millones

También en el Ayuntamiento de Madrid presumen de liderazgo en este terreno. El anuncio lanzado hace unos días por el Consistorio es la ejecución de un programa de CPI de más de 3,9 millones de euros. En total son nueve proyectos sufragados con inversiones que catalogan de “financieramente sostenibles”. 

El presupuesto se divide en dos bloques: compra pública precomercial -servicios de I+D para desarrollar prototipos de interés para Madrid- y compra pública de tecnología innovadora,  es decir, aquella que contribuye a mejorar la prestación de los servicios municipales, aplicando tecnología sensiblemente mejorada o completamente novedosa. Gran parte de las iniciativas se centran en mejorar la calidad del aire, accesibilidad y la incorporación de tecnología en los servicios públicos.

“Gracias a este programa muchas empresas innovadoras de Madrid podrán tener un primer cliente”, asegura Luis Cueto, responsable de Innovación y coordinador general de la Alcaldía de Madrid. En cuanto al tipo de soluciones que pedirán a los innovadores cita, como ejemplos, la medición de micropartículas en el aire “que hoy ni siquiera se detectan, pero que son respiradas por los ciudadanos” o la eliminación de contaminación “no mediante los clásicos filtros químicos, sino mediante instrumentos vivos, como bacterias que se comen la contaminación”. Aclara también Cueto, que “este tipo de innovaciones no son, como hasta ahora, subvenciones para que alguien diseñe algo sino que se lo compramos”.

La adaptación a la Generalitat

En lo que respecta a la Administración autonómica en la Comunitat Valenciana se están encarrilando los sistemas administrativos para impulsar la CPI. Según informa Francisco Álvarez, “la AVI está elaborando una guía de compra pública adaptada a la Generalitat, y que han de validar las consellerias. Asimismo, la Agència también ayudará a los distintos departamentos que quieran iniciar procedimientos de CPI a concretar cuáles son sus necesidades y les acompañará durante todo el proceso hasta la ejecución de la compra pública innovadora. Digamos que se les prestará apoyo técnico”.

Según la misma fuente, hasta ahora, en la Comunitat Valenciana, se han llevado a cabo algunos ejemplos de CPI, pero muy escasos, citando como ejemplos Fisabio o la Diputación de Castellón. Con el propósito de incentivarla, la AVI trabaja en distintos ámbitos:

-Ayudas en concurrencia competitiva. En la convocatoria de 2019, que se abrirá en los próximos días, la Agència dispondrá de dos líneas de ayudas vinculadas a la CPI. Por un lado, se financiará acciones para dar a conocer a las entidades locales qué es la compra pública innovadora y para ayudarles a constituir departamentos especializados en estos procedimientos complejos. Y, por otro, ayudar a las empresas a presentarse a estas licitaciones e impulsar el desarrollo de I+D+i para poder optar  a estos concursos. 

-Promoción e impulso de iniciativas de CPI. Se puso en marcha en 2018 y está dirigida a los consistorios, pero también a entidades que llevan a cabo acciones de difusión.

Recuerdan, asimismo, que en 2019 se activa la segunda línea, dirigida a las empresas valencianas. “La idea es ayudarles a optar a estos concursos, que son mucho más complejos de lo normal, financiándoles gastos técnicos. Pero también parte de la I+D+i necesaria para poder concurrir”.