VALÈNCIA. La sospechosa operación llevada a cabo en la lujosa urbanización La Finca de Pozuelo de Alarcón (Madrid) en 2005 por la supuesta trama liderada por el exministro Eduardo Zaplana ha centrado una parte importante de las declaraciones de este martes en el juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, que investiga el caso Erial. La comparecencia como testigos del periodista Luis Herrero y del conocido como el arquitecto de los famosos Joaquín Torres era esperada por los investigadores para tratar de apuntalar cómo se fraguó el pelotazo de 4,31 millones de euros por la compraventa de un inmueble y los movimientos de dinero entre sociedades instrumentales. Ambos aparecían en la agenda del que fuera dirigente del PP por encuentros que coincidían en el tiempo con los intercambios de las cantidades.
El inicio de todo fue, al parecer, a través de Luis Herrero. Según explicó el periodista ante la Guardia Civil –y ratificó ante la juez–, Zaplana, de quien era amigo íntimo, acudió a él por su interés en adquirir una vivienda en esta zona. De acuerdo con fuentes conocedoras de la declaración, comentó que le pidió que le pusiera en contacto con el propietario de Urbanizadora Somosaguas, el empresario fallecido Luis García Cereceda. Y así lo hizo. Se lo presentó, relató el comunicador, en el despacho cuando todavía era ministro. Aun así, indicó que nunca supo cómo quedó la operación.
Más detalles aportó Joaquín Torres, el arquitecto de La Finca, quien admitió que mantuvo encuentros con los "testaferros" de Zaplana en alguna ocasión. Señaló, concretamente, a Joaquín Barceló (el que fuera director de relaciones institucionales de Terra Mítica) y a Francisco Grau (asesor fiscal del también expresidente de la Generalitat). Igualmente, aseguró que Cereceda le ordenó que no le pasara ninguna factura directamente al exministro y que este último le dijo que hablara con Joaquín Barceló y con su secretaria, Mitsouko Henríquez, para todo lo relacionado con el asunto.
El arquitecto reconoció, del mismo modo, que sabía que la operación era especulativa y no de compra al uso, que con ella Zaplana ganó "mucho dinero", aunque no sabe a cuánto ascendió, y que no tenía intención de vivir en la casa.
Según consta en el sumario del caso Erial, todo fue llevado a cabo a través de Costera del Glorio, una sociedad instrumental que sirvió supuestamente a la trama para la adquisición de bienes mediante dinero de origen ilícito. Administrada por Barceló, recibía fondos de Medlevante. Esta última estaba nutrida, a su vez, con dinero de Imison Internacional, la empresa matriz de todo el entramado que fue constituida en 2001 por los Cotino en Luxemburgo y pasó a estar gestionada por Beatriz García Paesa, la sobrina del espía Francisco Paesa.
Costera del Glorio adquirió un inmueble en La Finca de Urbanizadora Somosaguas, propiedad de Cereceda. Lo hizo mediante un contrato privado por 2,1 millones. Entre 2005 y 2007 abonó en tres pagos 862.773 euros a Urbanizadora Somosaguas con fondos que, acreditaron los investigadores, provenían de tres fuentes (una cuenta personal de Joaquín Barceló, otra de la mercantil Medlevante y una línea de crédito suscrita por Costera).
Escasos meses después, Urbanizadora Somosaguas volvió a adquirir los derechos de la propiedad vendida a la empresa de Barceló pero por un importe notablemente superior: 4,31 millones, lo que supuso una plusvalía superior a tres millones. De ese dinero se habría beneficiado, según los investigadores, Zaplana.
Al margen de lo relativo a esta operación, las declaraciones de testigos de este martes incluyeron también al responsable de la inmobiliaria Engel & Volkers, la que gestionaba el alquiler de un piso del exministro en València.
Esa vivienda era alquilada, de acuerdo con lo que se pudo descubrir en las diligencias de entrada y registro practicadas, y el alquiler lo ostentaba un empresario búlgaro, Miroslav Schopoff, implicado en una causa en la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales y fraude fiscal con lingotes de oro. Éste, a su vez, y en contra lo de pactado con la propiedad, lo habría subarrendado a la hija de Zaplana, María, y a su marido, Luis Iglesias.
El responsable de la inmobiliaria, sin embargo, no aclaró nada para desesperación del fiscal y la juez. Según fuentes conocedoras de la comparecencia, no contestó cómo llegó el piso a Engel & Volkers, cómo firmó el alquiler Miroslav o por qué era subarrendador. Indicó que no hablaba con él directamente, sino que lo hacía un compañero ya fallecido, y que él únicamente se comunicaba con María Zaplana. Aun así, tampoco pudo precisar cómo se negoció el precio del alquiler porque, señaló, lo llevaban los gestores, aunque no sabía quiénes eran.
Éste era de 3.500 euros al mes (42.000 al año) y los pagos, que ascendieron a 115.000 euros, se realizaron desde la cuenta del yerno de Zaplana. La Fiscalía ha solicitado todo el expediente relacionado con el piso al responsable de la inmobiliaria ante la sospecha de que el alquiler se usó para blanquear dinero.
Este martes fue interrogado también un perito que elaboró un informe que considera justificado el elevado patrimonio de Zaplana y de su familia en base a las diferentes fuentes de ingresos. Las conclusiones de este documento, encargado en 2018, tratan de contrarrestar las tesis de los investigadores sobre la procedencia ilícita de los fondos con los que adquirieron numerosos bienes.
El documento revelaba que el patrimonio inmobiliario del exministro y su mujer, Rosa Barceló, "vendría suficientemente justificado por donaciones, plusvalías e ingresos provenientes de la actividad profesional" de ambos durante el periodo analizado de 31 años (de 1987 a 2018).