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El accidente de metro y la visita del Papa, grandes citas judiciales para 2020

1/01/2020 - 

VALÈNCIA. El año 2019 ha terminado en materia judicial con el visto para sentencia de uno de los mayores macrojuicios que había en agenda, el del caso Palau, que juzgó el presunto desfalco del coliseo valenciano. Pero si 2019 terminó con un gran juicio, 2020 llega con el inicio de otro juicio no menos espectacular, el del accidente de metro en el que hubo 43 fallecidos y otros 46 heridos de diversa consideración. Arrancará a finales de enero y se prolongará hasta el mes de julio, justo 14 años después del fatídico accidente.

Los procesados, además de la exgerente de FGV Marisa Gracia, son el director de Operaciones, Manuel Sansano; el responsable de Auditoría para la Seguridad y Circulación, Juan José Gimeno; el jefe de Talleres de València Sud, Luis Miguel Domingo Alepuz; el jefe de la Línea 1, Sebastián Argente; el director adjunto de Explotación, Vicente Contreras; el director técnico, Francisco García, y el responsable de estudios y proyectos, Francisco Orts.

El otro gran juicio del año será el de la pieza de la Gürtel sobre la visita del Papa en la Audiencia Nacional. El tribunal ha fijado 44 sesiones de juicio a esta pieza sobre la contratación de pantallas y megafonía a empresas de la red para los actos de la visita de Benedicto XVI a València, que se celebrará en la sede de San Fernando de Henares (Madrid).

En la causa están procesados, por los presuntos contratos fraudulentos el expresidente de Les Corts Juan Cotino, para quien el fiscal pide 11 años de cárcel, y una veintena de personas. De ellas es el exdirector de la televisión pública valenciana (RTVV) Pedro García Gimeno sobre quien recae la mayor petición de pena, 40 años.

También se juzgará a varios altos cargos de RTVV, así como al cabecilla de la
Los hechos se acotan a la contratación de alquiler de pantallas, mantenimiento y megafonía, cuyo coste, 7 millones de euros, supuestamente fue fijado por los imputados, quienes decidieron que lo asumiera el ente público RTVV, que a su vez lo adjudicaría a través de Teconsa, empresa pantalla del grupo Correa.

Otros tres juicios deberían señalarse para 2020, aunque de momento no hay fecha. El primero es el que afecta al exdirector de RTVV, José López Jaraba, por los contratos con la productora de José Luis Moreno, a la que, según las acusaciones, se le pagaron programas por encima del precio de mercado. López Jaraba está acusado de malversación, prevaricación y falsedad documental pero solo por las acusaciones particulares, ya que la Fiscalía solicita la libre absolución.

 En la misma situación se encuentran los miembros de la patronal de las escuelas concertadas Feceval. En este caso, la Fiscalía tampoco acusa pero sí la Abogacía de la Generalitat. Este procedimiento se abrió para investigar varias contrataciones de personal, como profesores, que en realidad supuestamente trabajaban para esta patronal de enseñanza concertada.

Por último, también se espera el primero relacionado con el caso IVAM. La Fiscalía Anticorrupción solicita seis años de prisión para Consuelo Císcar por la compra de obras presuntamente falsas del escultor Gerardo Rueda cuando era directora del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM). El ministerio Público también pide cinco años y medio de cárcel para el que fuera director económico del museo Juan Carlos Lledó y otros cinco para el hijo adoptivo del escultor, José Luís Rueda. Los tres están acusados de malversación de caudales públicos.

Este procedimiento está a falta de que la Audiencia Provincial resuelva los recursos presentados por las defensas. Si la audiencia confirma el auto de incoación de procedimiento abreviado de la magistrada, tan solo faltará que se señale una fecha para el juicio. A consuelo Císcar todavía le queda otra pieza más abierta de este caso que continúa en fase de instrucción, la que afecta a su hijo Rafael Blasco Císcar, el artista conocido como Rablaci, por la compra y exposición de sus obras en medio mundo.

 

Sentencias

Además de juicios, a principios de año deberían hacerse públicas las dos sentencias de los dos macrojuicios celebrados en 2019 y que todavía no tienen fallo. Para enero se espera la del juicio del caso Cooperación, que sentó en el banquillo al exconseller Rafael Blasco por supuestamente estafar el dinero destinado a la construcción de un hospital en Haití.

Blasco ha sido juzgado por las presuntas irregularidades en diez contratos con diferentes ONG por valor de más de cinco millones de euros, así como por el desvío de 350.000 euros destinados a la construcción de un hospital en Haití. Junto al exconseller, los principales procesados fueron el empresario Augusto César Tauroni, y su 'número dos' en la conselleria, Marc Llinares. El problema de esta sentencia es que hubo algunas conformidades con todas las partes, pero también otras que solo se alcanzaron con la Fiscalía, por lo que el tribunal no lo tiene nada fácil a la hora de emitir su fallo.

La otra sentencia que se espera para los primeros meses del año es la del juicio del caso Palau, que quedó visto para sentencia el pasado 23 de diciembre. En la sala se juzgó el presunto desfalco cometido en el coliseo valenciano por el exdirector financiero del Palau de Les Arts, Ernesto Moreno; el presidente del consejo de administración de Patrocini, José Antonio Noguera Puchol; el ex consejero delegado de esta firma Joaquín Maldonado, y el administrador de la sociedad Radcliffe —mercantil que actuaba de intermediaria en las contrataciones—, Pablo Broseta.

 Por último, en febrero está prevista la deliberación y el fallo del recurso contra la sentencia que condenó al que fuera mano derecha de Rita Barberá, Alfonso Grau, por blanqueo de capitales y cohecho. Alfonso Grau fue condenado a cuatro años de prisión por aceptar dos relojes de lujo de un contratista del Ayuntamiento en 2010 y 2011, cambiarlos por otros más caros y pagar la diferencia con dinero negro.

Instrucción

Aunque en 2019 y, ahora, en 2020, varias macrocausas han llegado a juicio, todavía son muchos los casos de corrupción que siguen en fase de instrucción. Entre los más destacados se encuentran Taula, Alquería, Erial, Corbín, MasMut, visita del Papa, F1, Ivam, flotador o la trama del fuego por mencionar algunos.

El hecho que con más ansia se espera es la declaración de dos de los acusados por blanqueo en la pieza A, la de los ‘pitufos’, de Taula. Según adelantó Valencia Plaza, ambos reconocerán que la ‘cajera’ del PP municipal Mari Carmen García-Fuster trató de devolverles el dinero que entregaron como donativo. De producirse la declaración en estos términos, la causa daría un giro de 180 grados a favor de la Fiscalía Anticorrupción y su acusación por blanqueo de capitales. La pieza de los zombies, trabajadores que cobraban de Imelsa pero no iban a trabajar, está a falta del auto de procesamiento. El resto de piezas sigue en instrucción.

Del caso Erial, donde está imputado el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana por supuestamente desfalcar más de 14 millones de euros de dinero público procedentes de dos contratos de la administración pública con la familia Cotino, se espera que entre enero y febrero se levante la última parte secreta del sumario. Esta pieza secreta es la que afecta a trasiego del dinero de un paraíso fiscal a otro.

El procedimiento judicial que más en pañales está es el que mantiene imputado al cuñado de la exalcaldesa de València Rita Barberá, José María Corbín. La causa está bajo secreto de sumario y no hay, por el momento, una fecha para levantar el secreto.

Según fuentes conocedoras del caso, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) investiga al cuñado de Barberá por, entre otros delitos, crear facturas falsas que justificaran las mordidas que supuestamente le pagaron varios empresarios contratistas del consistorio valenciano entre los años 2006 y 2015.

MasMut y Alquería

Pero si hay dos casos que mantienen en jaque al actual gobierno son Alquería y MasMut. El primero, tiene como imputado al expresidente de la Diputación de València, el exsocialista Jorge Rodríguez, y a varios consejeros de Divalterra, antigua Imelsa, por malversar más de dos millones de euros con contratos de alta dirección para ‘amigos’. Este caso está en su recta final, por lo que podría tener auto de procesamiento este mismo año.

El otro caso, es el caso MasMut, que afecta a Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat Ximo Puig. Francis está acusado junto al director de Política Lingüística, Ruben Trenzano, de fraude de subvenciones, malversación y prevaricación. Esta investigación, que comenzó con una denuncia del PPCV, ha terminado en manos de la Fiscalía Anticorrupción que, tras investigar la documentación que obra por el momento en la causa, ha puesto a la Guardia Civil a investigar al hermano del presidente.

 El caso MasMut no ha hecho más que crecer desde que se hiciera pública la querella. De hecho, entre las nuevas piedras en el camino judicial está el hecho de que, según la cuenta justificativa de las subvenciones de fomento del valenciano que la Conselleria de Educación valenciana y la Generalitat de Cataluña han facilitado al PPCV, Francis Puig utilizó la misma factura cinco veces con importes diferentes para justificar subvenciones. De ser cierto, el hermano de Puig podría verse con otro delito más, el de falsedad documental.

Además de Trenzano y Puig, la Fiscalía ha unido a la causa le denuncia de una extrabajadora de otra empresa de los hermanos Juan y Enrique Adell Bover, quien explicó ante el Ministerio Público, que los hermanos dueños de Canal Maestrat y Kriol Produccions no solo habrían cometido también fraude de subvenciones sino que, además, serían los socios en la sombra de Francis Puig.

De hecho, Inés Aular, exmujer de uno de los hermanos Adell, dijo en su denuncia que Francis Puig era el "socio en la sombra" de los Adell Bover y que, los Adell y sus socios "integraban una red dedicada a la obtención de subvenciones mediante falsedades". Francis Puig y Trenzano estaban citados como imputados el pasado 10 de diciembre, pero al no haberse incorporado el nuevo juez al juzgado se suspendieron. Es de prever que una vez tome posesión el magistrado en enero vuelva a poner fecha a las declaraciones.

El resto de casos, como por ejemplo Flotador, la trama del fuego, la visita del papa -la parte valenciana- o la fórmula 1 siguen sin prisa pero sin pausa en instrucción, la mayoría de ellos con declaraciones de testigos.

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