Mónica Oltra y Àgueda Micó en una Ejecutiva de Compromís. Foto: EFEVALÈNCIA/MADRID (EP/VP). El Tribunal de Cuentas presentará el martes, 13 de febrero, en el Congreso el informe que cuestionó la contabilidad de 2015 de nueve partidos, entre ellos Compromís, Ciudadanos, Izquierda Unida (IU), Convergència (CDC) -socio de la nueva Junts per Catalunya (JxCat)-, y EH Bildu, tras detectar demasiadas incidencias, deficiencias y discrepancias que limitan de examen.
Precisamente esas irregularidades en las cuentas de Ciudadanos han sido utilizadas por el PP para cargar contra los 'naranjas', a los que ha afeado que el "demoledor" informe del fiscalizador es "incompatible" con el mensaje de regeneración de Albert Rivera.
El presidente del Tribunal, Ramón Álvarez de Miranda, acude este martes a la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Tribunal de Cuentas para presentar el "Informe de fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las aportaciones percibidas por las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de ellos, ejercicios 2014 y 2015".
Este informe examina las cuentas anuales de 30 partidos que percibieron, directa o indirectamente, algún tipo de subvención pública para atender sus gastos de funcionamiento otorgada por el Estado o las comunidades autónomas, o como consecuencia de haber obtenido representación parlamentaria en los procesos electorales de 2015.
Aunque con salvedades, el Tribunal ha emitido una opinión favorable de 20 partidos respecto del ejercicio 2014, y de 19 en cuanto a 2015, incluyendo al PP, al PSOE y Podemos. Por contra, ha emitido opinión desfavorable sobre siete partidos en 2014 -Compromís, IU Aralar, EH Bildu, CDC, Eusko Alkartasuna (EA) y Partido Aragonés-, y hasta nueve en 2015 (las mismas más Cs y EH Bildu), debido a las limitaciones al alcance y/o a la importancia cualitativa de las salvedades puestas de manifiesto.
Por diversas razones, no ha sido posible emitir opinión sobre los estados contables de dos formaciones: Unió Democrática (UDC), el socio democristiano de CiU que acabó en concurso de acreedores, y Unión Progreso y Democracia (UPyD), ya abandonado por Rosa Díez y que no entregó gran parte de la documentación que se le pedía.
La deuda con entidades de crédito del conjunto de formaciones políticas ascendía, a finales de 2015, a 233,3 millones (193,9 millones un año antes).
Al cierre de los ejercicios fiscalizados, seis formaciones presentaban patrimonio neto negativo, incluyendo a Iniciativa per Catalunya (hoy en En Comú), UDC y la federación de CiU. En el caso de estas dos últimas organizaciones, que ya no concurren a elecciones aunque sí buena parte de sus antiguos dirigentes, su situación de desequilibrio patrimonial ya se había puesto de manifiesto en informes de fiscalización anteriores.
En sus recomendaciones, el Tribunal de Cuentas propone que las formaciones políticas que presenten durante dos o más ejercicios económicos una situación patrimonial negativa ajusten sus actividades económicas con objeto de alcanzar el necesario reequilibrio patrimonial y elaboren un plan de saneamiento para evitar caer en situaciones de insolvencia, habida cuenta de que los ingresos públicos representan la mayor parte de los ingresos registrados.
La institución denuncia también que una docena de formaciones no presentaron en 2014 y 2015 el preceptivo informe relativo a la revisión del sistema de control interno prescrito en la Ley de Financiación de Partidos Políticos, entre ellas PNV, Geroa Bai, IU, Nueva Canarias, Bildu (junto a la marca Sortu y la antecesora Amaiur), BNG, CDC, UDC y la federación CiU.
El Tribunal de Cuentas avisa de que "la falta de un sistema de auditoría o control interno a que hace referencia dicho precepto podría constituir una irregularidad sancionable tipificada en el artículo 17 de la mencionada Ley Orgánica".
Se han detectado además otros incumplimientos que también podrían constituir infracciones sancionables, como la no identificación de los cargos públicos o de los donantes que realizaron aportaciones a las formaciones políticas, la no determinación de las personas físicas que efectuaron donaciones, las donaciones aceptadas de personas jurídicas pese a la prohibición de 2015, la participación indirecta, a través de sociedades mercantiles, en los rendimientos procedentes de la actividad mercantil, o el incumplimiento del deber de colaboración por las formaciones políticas con el Tribunal de Cuentas.
El informe revela más incumplimientos que no son sancionables, como la no apertura de cuentas bancarias específicas para el ingreso de cuotas, aportaciones y donaciones; la falta de ingreso de cuotas, aportaciones y donaciones en cuentas bancarias específicas; las donaciones de personas jurídicas sin aportar el acuerdo del órgano social competente (antes de la entrada en vigor de la prohibición); así como asignaciones a los grupos políticos en las entidades locales ingresadas directamente, por las entidades concedentes, como subvenciones en las cuentas bancarias de funcionamiento ordinario de los respectivos partidos políticos.
Pese a los compromisos de transparencia, trece formaciones en 2014 y 11 en 2015 no publicaron en su web, o al menos no de forma completa, las cuentas anuales de cada ejercicio; además, doce formaciones no habían publicado en su web el Informe del Tribunal de Cuentas de 2013. Tampoco se habían aprobado ni publicado las instrucciones internas preceptivas en materia de contratación por 22 formaciones políticas.
Entre las grandes cifras del informe se destaca que la financiación pública de los partidos llegó de las subvenciones de funcionamiento ordinario, por importes totales de 171,9 millones de euros en 2014, y 160,7 millones en 2015 (incluyendo subvenciones para gastos de seguridad por 2,7 millones de euros, en cada uno de los ejercicios); y de subvenciones electorales, por 30,9 millones de euros, en 2014, y 102,7 millones, en 2015.
La financiación privada, por su parte, ascendió a un total de 52,9 millones de euros, en 2014, y a 65,3 millones, en 2015, y procedía, fundamentalmente, de: cuotas y aportaciones de afiliados, por importe total de 23,2 millones de euros en 2014, y de 23,4 millones en 2015; aportaciones de cargos públicos, por 16,7 millones de euros en 2014, y 17 millones en 2015; y donaciones privadas, por 4,5 millones de euros en 2014, y 6 millones en 2015.
Entre sus recomendaciones, el Tribunal pide también que las cuentas anuales consolidadas de las formaciones políticas incluyan la actividad desarrollada por todos los grupos institucionales de los partidos políticos, a fin de que reflejen la imagen fiel de la formación considerada como una única realidad económico-financiera. Asimismo, deberían regularse los requisitos y condiciones en las que dichos grupos institucionales puedan hacer aportaciones a los partidos.
Asimismo, considera conveniente actualizar el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior, habida cuenta de que la legislación actual contempla la obligatoriedad de que todos ellos remitan al Tribunal de Cuentas sus cuentas anuales y el informe de auditoría, y que el incumplimiento de dicha obligación conlleva una posible infracción tipificada en el artículo 17 de la Ley de Financiación de Partidos Políticos.
En cuanto a la prohibición de la condonación total o parcial de las deudas contraídas por las formaciones políticas con las entidades de crédito, aconseja establecer que la misma no pueda eludirse mediante la falta de pago de la deuda vencida de forma indefinida, una argucia que en la práctica supone no liquidarla.
