VALENCIA (EFE). El Tribunal de Cuentas ha condenado al exconseller Rafael Blasco y a sus colaboradores directos en la Conselleria de Solidaridad a devolver 161.000 euros a la Generalitat por los perjuicios causados a los fondos públicos en la concesión de varias subvenciones a la Fundación Cyes.
Además de a Blasco, el tribunal condena al exsubsecretario de la Conselleria Alejandro Catalá; el exdirector general de Inmigración Josep Maria Felip y al entonces presidente de la citada fundación, Marcial López, "como responsables contables directos y solidarios" al pago de esta cantidad.
También se condena al ex jefe del Área de Cooperación Marc Llinares a devolver 64.000 euros; al empresario Augusto César Tauroni a abonar 40.255 euros, y a Josefa Cervera, pareja de Marcial López, a pagar 12.881 euros.
El Tribunal estima de esta manera la demanda de reintegro efectuada por la Generalitat, que estimaba que las actuaciones de los condenados había generado unos daños y perjuicios para las arcas públicas de 161.020 euros, y pedía que estos fueran condenados a reintegrar estos fondos.
En una sentencia del 19 de enero, el Tribunal de Cuentas considera que ha quedado "suficientemente acreditado" que los hechos constituyen un supuesto alcance de fondos públicos, ya que los gestores púbicos demandados otorgaron subvenciones a Fundación Cyes (sin relación con la constructora del mismo nombre) sin que esta reuniera los requisitos exigidos.
La fundación tampoco justificó que los gastos realizados se hubieran destinado a los fines para los que se otorgaron, y pese a ello no se le exigió su devolución, y además, se emitieron facturas falsas para encubrir comisiones a Tauroni y a Cervera, quien colaboró con su pareja para lucrarse de las subvenciones.
El Tribunal de Cuentas considera acreditado que Blasco, en su condición de conseller, acordó otorgar las subvenciones sin resultar procedentes y con el ánimo de beneficiar a la Fundación Cyes, a la que se otorgó la cantidad máxima.
Está probado también que Tauroni percibió una comisión del 25 % de su importe, y que Josefa Cervera elaboró "unas facturas por trabajos inexistentes como un subterfugio para detraer el 8 % de las subvenciones" que podían dedicar, como máximo, a gastos indirectos.
Ve probado que Cyes recibió las subvenciones cuando no reunía todos los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, y que a pesar de no justificar adecuadamente los gastos, no se le pidió justificación ni se revocaron las ayudas ni se le pidió el reintegro de las mismas.
Afirma que Blasco, como gestor púbico y responsable de la Conselleria, debería haber verificado que las actuaciones llevadas a cabo en relación con los expedientes de subvención se ajustaban a lo legalmente dispuesto, adoptando las medidas necesarias para salvaguardar los derechos y fondos de la Conselleria.
El exconseller debió de prever que podía producirse un menoscabo de los fondos públicos ante unas actuaciones como las llevadas a cabo en este caso, por lo que el Tribunal califica su actuación de "negligencia grave".
También ve negligente la actuación de Alejandro Català, quien como subsecretario de la Conselleria, libró las certificaciones en las que se dieron por justificados gastos presentados y la inversión dada a la subvención por parte de la Fundación Cyes, lo que llevó a Josep Maria Felip a dar por concluidos los proyectos y otorgar las subvenciones.
También ve "gravemente negligente" el comportamiento de Felip, pues cuando firmó el cierre de los expedientes ya era consciente de que la fundación "había sido beneficiaria de grandes cantidades de dinero en otros proyectos que no habían sido aplicadas a los fines para los que se concedieron".
Esto, junto con los requerimientos a la concesionaria para que subsanara defectos, "deberían haber sido elementos suficientes para que el demandado hubiera extremado la diligencia exigida al gestor de fondos públicos".
El Tribunal considera que Marcial López, María Josefa Cervera y Augusto César Tauroni intervinieron y participaron activamente en los hechos que ocasionaron el perjuicio a los fondos y por ello los condena también de forma "directa y solidaria".
