MADRID, (EP). El tribunal que juzga la primera época de la trama Gürtel (1999-2005) ha aceptado citar a declarar en calidad de testigo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que certifique si existió una caja B en el Partido Popular durante su etapa de secretario general y como director en varias campañas electorales que se investigan en esta causa. La petición ha prosperado -a la tercera-, a petición la acusación popular que ejerce la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE).
La decisión se ha adoptado a pesar de la posición contraria tanto de la Fiscalía como del abogado del Estado, el abogado del PP y varios letrados de la defensa. "Por mayoría la Sala considera esta prueba admisible", ha señalado el presidente del tribunal, Ángel Hurtado.
Al inicio de la sesión con la que se ha reanudado la vista por este caso la fiscal Concepción Nicolás se ha mostrado contraria a la petición de testifical de Rajoy por considerarla "inútil e innecesaria" ya que "nada ha cambiado" respecto al pasado mes de octubre, cuando se rechazó la testifical del presidente del Gobierno al inicio del juicio.
La fiscal ha argumentado también que la citación de Rajoy a estas alturas del juicio sería "redundante" porque los hechos que la acusación particular pretende que se confirmen con el testimonio del presidente del Gobierno, como es la existencia de una caja B en el PP que podría haber beneficiado a alguno de los acusados ya ha sido suficientemente acreditada por otras pruebas o documentos
EL abogado del Estado ha señalado por su parte que esta declaración es "inútil y redundante" y no han cambiado las circunstancias, no han aparecido nuevos elementos que sustentaran la petición de ADADE. A la negativa del representante de los servicios jurídicos del Estado se han unido varios abogados de las defensas de los enjuiciados en esta pieza de "Gürtel" y el abogado del PP, que ha destacado la "improcedencia" de la diligencia, que consideran que sería "perturbadora" y contribuiría al "circo mediático".
La Sala había mostrado contrario a esta pretensión al inicio del juicio el pasado mes de octubre con los mismos argumentos que utilizó en una primera ocasión, en febrero de 2016.
Al inicio de la sesión con la que se ha reanudado la vista por este caso, la fiscal Concepción Nicolás se ha mostrado contraria a la petición de testifical de Rajoy por considerarla "inútil e innecesaria" ya que "nada ha cambiado" respecto al pasado mes de octubre, cuando se rechazó citarle al inicio del juicio.
La fiscal ha argumentado también que la citación de Rajoy a estas alturas de la vista sería "redundante" porque los hechos que la acusación particular pretende que se confirmen con el testimonio del presidente del Gobierno, como es la existencia de una caja B en el PP que podría haber beneficiado a alguno de los acusados, ya han sido suficientemente acreditados por otras pruebas o documentos.
El abogado del Estado ha señalado, por su parte, que esta declaración es "inútil y redundante" porque no han aparecido nuevos elementos que sustenten la petición de ADADE. A la negativa del representante de los servicios jurídicos del Estado se han unido varios abogados de las defensas de los enjuiciados en esta pieza de 'Gürtel' y el abogado del PP, que ha destacado la "improcedencia" de la diligencia, que considera que sería "perturbadora" y contribuiría al "circo mediático".
Tras escuchar estos argumentos, el tribunal se ha retirado a deliberar para resolver la cuestión. La Sala ya se había mostrado contraria a esta pretensión al inicio del juicio el pasado mes de octubre con los mismos argumentos que utilizó en una primera ocasión, en febrero de 2016.
En ese momento ya indicó que la presencia de Rajoy en el juicio era innecesaria porque ya se había aceptado la declaración de los exdirigentes 'populares' Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes y Javier Arenas, como secretarios generales del partido y de Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja como responsables del mismo durante entre 1999 y 2005, periodo que se está juzgando, con la mayoría de la Sala para considerar necesaria la comparecencia del presidente.
Para la acusación popular, sin embargo, "la conciencia social exige sanciones" y para comportamientos o posiciones orgánicas en las personas jurídicas "resulta necesario oír a sus máximos responsables, en casos como el que nos ocupa en el que su representada está acusada de haberse beneficiado ilícitamente del delito de otros, y por supuesto, no colocarlos en una urna de cristal".
Además, ADADE considera que a estas alturas del juicio han podido constatar que el abogado que representa los intereses del PP ha querido trasladar la responsabilidad de las ilícitas subvenciones electorales realizadas por el Grupo Correa a sus directos beneficiarios--los entonces alcaldes, Ortega de Majadahonda y Sepúlveda de Pozuelo-- y viéndose clara la intención "de evitar molestias, de salvar al jefe Rajoy", cargando las responsabilidades a "escalones inferiores". Por ello consideran imprescindible oír a Rajoy, que fue director de diversas campañas electorales.