El Tribunal Europeo anula la multa a Irlanda por perdonar 13.000 millones en impuestos a Google

BRUSELAS. El Tribunal Europeo de Justicia (TJUE) le da la razón a Irlanda y anula la decisión de la Comisión Europea contra la exención fiscal a Google por valor de 13.000 millones de euros. Esta sentencia del Tribunal con sede en Luxemburgo hace más difícil el acuerdo del Consejo Europeo, que se celebrará el viernes, para aprobar un Plan de Recuperación post covid-19 sin condicionalidades. Los países del norte, con exenciones fiscales a las grandes empresas, se han unido en contra de los del sur y se niegan a afrontar la salida de la crisis de forma conjunta y solidaria exigiendo la devolución de las ayudas.

La Comisión había determinado que Irlanda había actuado contra la normativa europea al equiparar la exención de impuestos a Google con una ayuda de Estado que distorsionaba la competencia y el mercado interior a favor de la multinacional norteamericana. La Comisión estimaba que Irlanda habría otorgado 13.000 millones de euros en concesiones fiscales ilegales para la multinacional norteamericana, sin tener residencia fiscal en el país.

El Tribunal General de la Unión Europea anula ahora la decisión de la Comisión sobre sentencias fiscales irlandesas a favor de Google. La sentencia argumenta que la Comisión no ha demostrado con la norma jurídica requerida la existencia de una ventaja para la multinacional norteamericana.

Precisamente, hoy la Comisión Europea ha adoptado un nuevo y ambicioso paquete fiscal, para garantizar que la política fiscal de la UE respalde la recuperación económica y el crecimiento a largo plazo de Europa. El paquete se basa en los dos pilares de equidad y simplicidad. La imposición justa sigue siendo una de las principales prioridades para la Comisión Europea, como un medio de proteger los ingresos públicos, que desempeñarán un papel importante para la recuperación económica de la UE a corto plazo y la prosperidad a largo plazo.

El Paquete busca aumentar la equidad fiscal, intensificando la lucha contra el abuso fiscal, frenando la competencia fiscal injusta y aumentando la transparencia fiscal. Paralelamente, se centra en simplificar las normas y procedimientos fiscales, para mejorar el entorno de las empresas en toda la UE. Esto incluye eliminar los obstáculos fiscales y las cargas administrativas para los contribuyentes en muchos sectores, para que sea más fácil para las empresas prosperar y crecer en el Mercado Único.

Esta iniciativa choca con la sentencia dictada por el TJUE y con las políticas proteccionistas de países como Irlanda y el grupo de nórdicos que lidera Países Bajos en contra del Plan de Recuperación para salir de la crisis del coronavirus.

Este grupo de países se unido a los bálticos y alguno más para conseguir desbancar a la vicepresidenta española de Economía, Nadia Calviño, de la presidencia del Eurogrupo. En su lugar, el elegido la pasada semana fue el ministro irlandés Paschal Donohoe.

En concreto, Austria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Chipre, Países Bajos, Bélgica y Malta y Lituania se decantaron por el irlandés en la segunda vuelta. Destacar que al menos la mitad de estos países tienen un sistema fiscal favorable a las multinacionales extranjeras que distorsiona el mercado interior en detrimento de otros países de la Unión. Es el caso por ejemplo de Fiat-Chrysler, laque tiene la producción en Italia, pero paga impuestos en Países Bajos.

El Plan de Recuperación post Covid-19 pretende aumentar los impuestos verdes y digitales para incrementar los recursos propios de la Unión Europea, lo que choca con la política fiscal de estos países, que no quieren perder la soberanía fiscal y la ventaja de ser un atractivo para las empresas extranjeras.

Ahora, la sentencia del TJUE favorece su posición y la refuerza de cara al Consejo Europeo, cuya cumbre de presidentes de gobierno y jefes de Estado se celebrará el viernes y sábado próximos, por primer vez de forma presencial en Bruselas desde que se decretó la pandemia.

La sentencia da las razón al sistema fiscal irlandés

En 2016, la Comisión adoptó una decisión sobre dos resoluciones fiscales emitidas por la Autoridad Tributaria de Irlanda, el 29 de enero de 1991 y el 23 de mayo de 2007, a favor de Apple Sales International (ASI) y Apple Operations Europa (AOE), que se constituyeron como compañías bajo la ley irlandesa, pero que no eran residentes fiscales irlandeses. Las resoluciones fiscales aprobaron los métodos utilizados por ASI y AOE para determinar sus ganancias impositivas en Irlanda, en relación con las actividades comerciales de sus respectivas sucursales irlandesas. El fallo de 2007 permaneció vigente hasta que se estableció la nueva estructura corporativa de Apple en Irlanda en 2014.

Mediante su decisión, la Comisión consideró que las resoluciones fiscales en cuestión constituían unas ayudas de Estado ejecutadas ilegalmente por Irlanda. La ayuda fue declarada incompatible con el mercado interior y la Comisión exigió la recuperación de la ayuda en cuestión. Según el Tribunal, la Comisión se equivocó al declarar la existencia de una ventaja económica selectiva y, por lo tanto, de ayudas estatales en favor de ASI y EAO.

El Tribunal aprueba las evaluaciones de la Comisión relacionadas con la fiscalidad normal en virtud de la legislación fiscal irlandesa aplicable en el presente caso. Sin embargo, el Tribunal considera que la Comisión concluyó erróneamente que las autoridades irlandesas otorgaron una ventaja a ASI y AOE, por no haber asignado a sus sucursales irlandesas las licencias de propiedad intelectual del grupo Apple de ASI y AOE y, como resultado, todos los ingresos comerciales de ASI y AOE, obtenidos de las ventas del grupo Apple fuera del continente americano.

Según el Tribunal, la Comisión debería haber demostrado que esos ingresos representaban el valor de las actividades realmente realizadas por las propias sucursales irlandesas, teniendo en cuenta, en particular, por un lado, las actividades y funciones realmente ejercidas por las sucursales irlandesas. de ASI y AOE y, por otro lado, las decisiones estratégicas tomadas e implementadas fuera de estas sucursales.

La Comisión Europea ha adoptado hoy un nuevo y ambicioso paquete fiscal para garantizar que la política fiscal de la UE respalde la recuperación económica y el crecimiento a largo plazo de Europa. El paquete se basa en los dos pilares de equidad y simplicidad. La imposición justa sigue siendo una de las principales prioridades para la Comisión Europea, como un medio de proteger los ingresos públicos, que desempeñarán un papel importante para la recuperación económica de la UE a corto plazo y la prosperidad a largo plazo.

El Paquete de hoy busca aumentar la equidad fiscal, intensificando la lucha contra el abuso fiscal, frenando la competencia fiscal injusta y aumentando la transparencia fiscal. Paralelamente, se centra en simplificar las normas y procedimientos fiscales, para mejorar el entorno de las empresas en toda la UE. Esto incluye eliminar los obstáculos fiscales y las cargas administrativas para los contribuyentes en muchos sectores, para que sea más fácil para las empresas prosperar y crecer en el Mercado Único.