VALÈNCIA. El conseller de Educación, Vicent Marzà, se ha esforzado en transmitir un mensaje de tranquilidad desde que se aprobó el decreto de plurilingüismo, a pesar del malestar en parte de la comunidad educativa por falta de claridad en las instrucciones y caos en la admisión escolar. Sin embargo, el decreto del plurilingüismo, una de las medidas estrella del equipo del Gobierno autonómico para darle un impulso al uso del valenciano en los colegios, ha recibido la última estocada de cara al curso que comienza en septiembre por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Conocida la determinación del equipo de Marzà para aplicar la nueva norma y la ausencia de un plan alternativo en caso de no poder aplicar el decreto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCV solicitó el detalle de las medidas que la Conselleria estaba adoptando para cumplir la resolución judicial que suspendió cautelarmente el decreto, a instancias de la Diputación de Alicante, que lo recurrió y solicitó su paralización.
A pesar de las dudas sobre la aplicación de los programas lingüísticos que los centros debían aplicar en septiembre, desde el principio, el Consell quiso evitar una vuelta al decreto del PP, de 2012, y manifestó que no existía un plan B. Se continuaba con la idea de Marzà, eso sí, evitando referirse al decreto en cualquier nueva instrucción a partir del momento de la suspensión.
Al no tener plan B, el TSJCV se lo ha servido a la Conselleria en forma de auto y de sentencia, ambos hechos públicos este jueves: el plan lingúístico en el curso 2017-2018 va a ser otra vez el del PP.
En la sentencia, el TSJCV declara la nulidad parcial del decreto 9/2017 que establece el modelo lingüístico educativo valenciano en la enseñanza no universitaria. Los magistrados de la Sección Cuarta estiman parcialmente el recurso interpuesto por el sindicato CSI-F y anulan la disposición adicional 5ª de la norma por entender que vulnera el derecho fundamental a la igualdad y el derecho a la educación reconocidos en los artículos 14 y 27 de la Constitución, al discriminar a los alumnos que optan por una enseñanza mayoritariamente en castellano frente a los que eligen el valenciano como lengua vehicular, ya que éstos últimos reciben más horas de docencia en inglés.
El Tribunal considera que la disposición adicional 5ª supone "una evidente diferencia de trato entre el valenciano y el castellano que tiene una clara incidencia" en el certificado que acredita el nivel de inglés del alumnado al concluir los distintos niveles educativos (Infantil y Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachiller).
En el auto, el TSJCV insta a Educación a recuperar la normativa aprobada por el PP en el año 2012, que es el que estaba vigente hasta este curso, al mismo tiempo que avisa de que las medidas aplicadas para cumplir con la orden de suspensión cautelar son insuficientes.
"Cuando se dicta una medida cautelar como ésta no basta con dejar de desarrollar la norma suspendida, como se pretende por el letrado de la Generalitat, es necesario retrotraer sus efectos al momento del inicio de ese desarrollo normativo, esto es, no se trata de hacer revivir la Disposición Derogatoria del Decreto, como pide que no se haga el letrado de la Generalidad, sino de impedir un vacío legal, vacío que queda colmado por la legalidad anterior", cita el TSJCV.
Por otra parte, el TSJ también señala que la suspensión cautelar decretada implica el mantenimiento del modelo lingüístico que tenían los colegios antes de votar los distintos niveles de plurilingüismo.
La Conselleria de Educación tiene un plazo de cinco días para volver a rebatir los argumentos del tribunal. El equipo de Marzà ya ha declarado que respeta la decisión conocida esta tarde, pero no la comparte, toda vez que su intención es "garantizar y hacer efectivo el plurilingüismo en todo el alumnado valenciano". Marzà anunciará este viernes la postura que va a tomar después de este revés.
Educación señala que "cumplirá la resolución" y añade que, "a efectos prácticos, afecta el alumnado que está matriculado el próximo curso en Educación Infantil de 3 años, mientras que el resto de alumnos continúa con los programas lingüísticos que han tenido hasta el curso 2016-2017".
En realidad, afecta a todos los alumnos de infantil, de 3 a 5 años, a los que se iba a aplicar el decreto en el curso que empieza en septiembre, ya que en el resto de etapas estaba previsto para más adelante. Pero especialmente afecta a las familias de los más pequeños que habían elegido centro en función del decreto de plurilingüismo ahora suspendido. Los de 4 y 5 años, simplemente no tendrán cambios respecto al curso recién terminado.
El equipo de Marzà confiaba en que, al haber evitado el choque directo con el Gobierno de España -que no recurrió el decreto-, la suspensión cautelar se acabaría levantando. No fue así. Entonces hubo que recurrir a un informe de la Abogacía de la Generalitat para tratar de saber cuál iba a ser el siguiente paso.
Poco después, el Alto Tribunal solicitó a la Conselleria un nuevo informe para cerciorarse de que las medidas que se estaban aplicando iban encaminadas a cumplir con la suspensión y no a pasar por encima de un decreto para desplegar toda una nueva normativa. Además de la vigilancia del cumplimiento de los autos, el TSJCV instó a la Conselleria a señalar a la autoridad o funcionario responsable de que se acate la suspensión.
La Conselleria ofreció dos nombres, el del conseller Vicent Marzà, y el de su número dos, el secretario autonómico de Educación e Investigación, Miguel Soler. Sin embargo, en el texto difundido este jueves por la sala, el tribunal solo identifica al secretario autonómico, por ser quien firma el informe que se presentó al TSJCV, aunque como se aprecia en la imagen, la Conselleria señaló a los dos altos cargos.
El documento explicativo del cumplimiento de los autos elaborado por Educación no convenció al TSJCV y este jueves llegó el último varapalo de los tribunales, con lo que la incertidumbre ha aumentado. Más aún cuando las familias han elegido centro para sus hijos en función del nuevo programa.
Tras conocerse la resolución del TSJCV, la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, se apresuró a celebrar un "triunfo" que ha sido posible gracias a la movilización de la "sociedad". Ciudadanos, por su parte, apuntó a Marzà y le atribuyó la responsabilidad plena del "caos que ha creado en Educación". A juicio de la portavoz adjunta del partido en Les Corts, Merche Ventura, "no se puede hacer política educativa desde el sectarismo y sin escuchar a nadie".
Fuera del redil político, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), la primera en recurrir esta medida del Consell, se reafirma en su opinión de que el decreto, tal como estaba planteado, suscitaba demasiadas dudas legales.
La Confederación Católica de Padres de Alumnos de la Comunidad Valenciana (Concapa-CV) exige de nuevo la dimisión del conseller de Educación por coaccionar a las familias y atacar la libertad de elección de las familias.
La Federación Provincial de Asociaciones de Padres de Alumnos de Alicante (FAPA) Gabriel Miró sostiene que hay mucha confusión sobre cómo empezará el futuro curso. Su portavoz, Ramón Gómez, cree que debería haber un existido un plazo extraordinario de matriculación, desde el momento en el que el TSJ acordó la suspensión cautelar del decreto de plurilingüismo.
"Se debieron aclarar las dudas razonables porque muchos padres no tenían claro dónde matricular a sus hijos o si cambiar de centro, de acuerdo con el nivel de plurilingüismo elegido por el equipo directivo". Y además de ese periodo extraordinario de matriculación, también habría que aclarar los libros de textos con los que comenzarán los alumnos de Infantil, si les valen o no, y si los han comprado, si se les devuelve el dinero o se intercambian con el programa Xarxa Llibres. Y por último, el tema de los horarios y las asignaturas, si hay que hacer cambios, en qué lengua se van a impartir, y si estarán disponibles el 11 de septiembre cuando comience el curso.