Alberto de Rosa, consejero delegado de Ribera Salud. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. Las exigencias que Ribera Salud reclama a Sanidad por la vía judicial con motivo de las concesiones sanitarias siguen cayendo en saco roto. En esta ocasión, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valencia (TSJCV) ha desestimado los recursos contencioso-administrativos en los que reclamaba a la Generalitat Valenciana 181 millones de euros por reequilibrio económico.
Así consta en una de las alegaciones realizadas por la Conselleria de Sanidad al informe de fiscalización de la Generalitat Valenciana publicado por la Sindicatura de Comptes este lunes, donde se apunta a la recepción por parte de la Abogacía de la Generalitat de dos sentencias vinculadas a las concesiones de Torrevieja y Elx-Crevillent (Vinalopó), ambas gestionadas por Ribera Salud.
La compañía solicitó a la administración una bonificación de 93,7 millones y 87,7 millones respectivamente al considerar que se habían tomado decisiones desde la Conselleria de Sanidad que habían afectado a la facturación de la concesionaria a pesar de no constar en los pliegos de condiciones que guían la concesión. Mientras, todavía queda pendiente la resolución judicial de la demanda realizada por la entonces gestora del departamento de La Ribera y que solicitaba, por la misma cuestión, 57,1 millones de euros.
Cabe recordar que la concesionaria llegó a acumular hasta un total de ocho frentes abiertos con la administración, entre ellos el que judicializaba la resolución de finalización del contrato de la concesión, que también fue desestimado, o el recurso contra las normas de reversión, todavía pendiente de resolver. También queda pendiente de resolución la demanda interpuesta por Torrevieja Salud de reclamación de cantidad por el concepto de actualización de la cápita de los ejercicios 2006 a 2012 por importe de 13,1 millones de euros.
Sin embargo, desde la compañía liderada por Alberto de Rosa han desistido en varios procedimientos judicializados, entre ellos el correspondiente a la actualización de la cápita reclamado desde la sociedad gestora de La Ribera. Una decisión tomada en el marco del acuerdo extrajudicial que también se daba a conocer en este informe del ente fiscalizador.
Con este acuerdo, el departamento de Ana Barceló buscaba resolver el conflicto de la liquidación con Ribera Salud por el ya extinguido contrato de La Ribera. Una negociación que finalmente ha arrojado un importe de 28,4 millones a favor de la empresa, tras el acuerdo de las liquidaciones entre 2013 y 2015 y otras cuentas pendientes. Y es que la Conselleria de Sanidad hizo un cálculo a favor de la Generalitat de 105,7 millones de euros que Ribera Salud estimaba en la mitad, motivo por el que la concesionaria acabó recurriendo esta decisión ante el TSJCV.
Para concluir el conflicto judicial, el 18 de abril de 2019 ambas partes formalizaron un acuerdo transaccional en el que se cuantificaron las liquidaciones anteriores en 73,7 millones de euros a favor de la Generalitat que sumando el resto de cuestiones pendientes ha finalizado con un importe a favor de la compañía. Un acuerdo con el que la Generalitat asegura que ha evitado tener que pagar 10,8 millones y sus correspondientes intereses al retirar una reclamación la compañía.
