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Casi el 60% de las quejas recibidas en 2017 son sobre educacion y servicios sociales 

El Síndic de Greuges acusa a la Conselleria de Igualdad de incumplir su obligación de colaborar

La supresión de conciertos en bachillerato y el plurilingüismo, mayoría de quejas al Síndic

2/05/2018 - 

VALÈNCIA. (EFE). El informe del Síndic de Greuges de 2017 acusa a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra de estar produciendo "un daño considerable al crédito" de la institución equivalente al Defensor del Pueblo ante la ciudadanía, por incumplir su obligación legal de colaborar con ella.

"La situación a la que se ha llegado resulta difícilmente sostenible", asevera el último informe del Síndic de Greuges, que se ha entregado hoy a Les Corts Valencianes y posteriormente han dado a conocer en rueda de prensa el Síndic, José Cholbi, y los dos adjuntos, Ángel Luna y Carlos Morenilla.

El informe refleja que, de las trece Administraciones que no han contestado a las peticiones de información de la institución tras varios requerimientos, la Conselleria de Igualdad ocupa el primer lugar, con 133 quejas, y también el de las Administraciones que no han dado respuesta a las sugerencias del Síndic, con 95 casos.


El Síndic de Greuges lamenta que, por primera vez, en un destacado número de expedientes ha tenido que dictar resoluciones sin haber recibido "respuesta alguna" de la Conselleria, después de reiterados requerimientos y tras más de cuatro meses de espera, lo que supone un incumplimiento de la ley de la institución.

Expone que no tiene capacidad para concluir si esas "anomalías se deben a la falta de medios o a una deficiente organización de los mismos", pero asevera que tiene la obligación legal de "denunciar ante Les Corts el avanzado deterioro de esta situación", pues afecta a la protección de los derechos de personas en graves dificultades.

El síndic entrega el informe a Enric Morera. EFE/Manuel Bruque

"Tema doblemente grave"

Luna ha advertido de que esta cuestión es "doblemente grave" porque en la mayoría de los casos son respuestas "absolutamente estandarizadas" lo que, a su juicio, "justifica menos, si es que hubiera alguna posibilidad de justificar, que no se conteste en plazo". "hay respuestas que son complejas que se puede entender que se tarde en contestar, pero cuando se hace una respuesta estándar en la que lo único que cambia es el nombre de la persona no es posible de entender que se tarde cuatro meses".

Ha explicado que esta situación ocurrió con anterioridad y se le puso de manifiesto a la Conselleria y su respuesta fue que tenía falta de medios materiales y personales y, por tanto, justificaba el retraso "en el retraso que tenía a su vez a la hora de recibir los escritos del Síndic". No obstante, ha considerado que "el problema dejó de ser problema" con la llegada de la administración electrónica y, pese a ello, "lejos de arreglarse se viene agravando", ha recriminado.

En este sentido, ha avanzado que en lo que va de año hay "muchísimos expedientes" que se han resuelto "son informes de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas".

Conciertos en bachillerato y plurilingüismo

La supresión de unidades concertadas de bachillerato en centros educativos de la Comunitat Valenciana y la "disconformidad" con el nuevo modelo lingüístico educativo generaron 5.765 quejas al Síndic de Greuges en el pasado ejercicio de 2017, mientras que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra fue la administración que más peticiones de información de esta institución no contestó o lo hizo con cuatro meses de retraso, lo que obligó a dictar resoluciones sin su respuesta.

El documento recoge que en el pasado ejercicio se llevaron a cabo 30.136 actuaciones en defensa de la ciudadanía, de las cuales 17.544 corresponden a quejas tramitadas por la institución, 39 fueron de oficio, y 12.592 a consultas atendidas por la Oficina de Atención a la Ciudadanía. En cuanto a la procedencia, el 1,36 por ciento, unas 235 quejas, fueron en la provincia de Castellón; el 35,99%, 6.241, en la de Valencia y el 62,65%, 10.863 en la de Alicante. 

Respecto a las principales quejas, el 59% de los problemas que investigó el Síndic en 2017 estuvieron relacionados con la prestación de servicios públicos básicos del estado de bienestar como la educación, sanidad, atención a la dependencia, servicios sociales, vivienda o igualdad. En concreto, es el ámbito de la educación el que concentra el mayor número de quejas, con un total de 6.661, de las que 5.147 corresponden a acciones por la supresión de las unidades concertadas en bachillerato y 618 por la "disconformidad" con el nuevo modelo lingüístico.

No obstante, también las hay por la atención "deficitaria" a menores con necesidades educativas especiales o por la falta de personal para solventar los problemas de higiene en aulas de 3 años. En materia de Medio Ambiente, la institución tramitó un total de 2.891 quejas, de las que 1.322 fueron por el tratamiento de aguas residuales en la Isla de Tabarca y 341 estuvieron relacionada con los problemas del ruido en el barrio de Russafa de València, mientras que en el área de sanidad se recibieron 2.290 quejas, 1.183 por la falta de desfibriladores en instalaciones deportivas y otras relacionadas con las listas de espera o las infraestructuras sanitarias.

 

En materia de dependencia, las quejas por la aplicación de la ley alcanzaron las 937 y las más habituales se refirieron a los retrasos en el reconocimiento de las prestaciones reconocidas en la norma o con el retraso en la grabación de solicitudes. También fueron frecuentes las quejas en materia de responsabilidad patrimonial por fallecimiento de solicitante de la declaración de dependencia.

Las quejas en servicios locales llegaron a las 937; en empleo público fueron 338; en servicios sociales se recibieron 281, especialmente por retrasos en valoración del grado de discapacidad o por la renta garantizada de la ciudadanía, mientras que urbanismo acumuló 279 quejas; hacienda pública, 157 por temas relacionados con los tributos gestionados por los ayuntamientos o la administración autonómica; y vivienda concentró 133, principalmente por demoras en el acceso a inmuebles públicos por parte de los colectivos más 

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