Ana Barceló. Foto: Rober Solsona (EP)VALÈNCIA. El sindicato sanitario Simap ha instado este lunes que la consellera de Sanidad, Ana Barceló, a paralizar la operación de venta entre los socios de Marina Salud y a abrir un expediente sancionador a la empresa por no recabar la autorización previa y expresa de su departamento para el traspaso del 65% de las acciones de DKV al grupo Ribera.
Según opina el sindicato en un comunicado, las medidas que ha tomado hasta ahora la responsable de la Conselleria de Sanidad son "insuficientes si la pretensión es parar esta compraventa accionarial". "Esta forma de proceder esconde un grave problema de base en la consideración del problema, ya que está enfocando la operación de Ribera Salud como si fuera un mero trueque de acciones de carácter mercantil, ignorando que las competencias en materia de Sanidad están transferidas a la Generalitat Valenciana y que esta limitación del derecho de venta entre socios se incorporó a la Ley Valenciana de Salut con la única finalidad de salvaguardar la capacidad organizativa de la Conselleria de Sanitat i Salut Pública", refleja el sindicato sanitario.
La entidad considera "inadmisible" que la Conselleria "no exija una paralización, se inhiba en su responsabilidad y condicione sus actuaciones al informe de la CNMC, que próximamente debe pronunciarse sobre esta operación. "Con esta actitud pasiva y derivando la responsabilidad a organismos ajenos al propio gobierno valenciano se comprometen peligrosamente el objetivo de hacer cumplir la Ley de Salud de 2014", añade el Simap.
La formación critica, además, que "desviar la responsabilidad" aun organismo externo posiblemente complique más el proceso, ya que se pierde un tiempo "muy necesario" cuando lo pertinente es "una actuación contundente de la Consellera de Sanidad paralizando la operación con la denegación expresa de la misma".
El Simap destaca que no ha habido una autorización expresa previa de la Conselleria para el acuerdo entre DKV y Ribera, lo cual incumple la Ley de Salud modificada en 2018 por el cual una misma empresa no puede controlar más del 40% del accionariado de dos o más concesionarias de departamentos sanitarios de la Comunitat.
"Lo realizado por DKV y Ribera Salud al llevar a cabo este proceso sin la preceptiva autorización expresa previa de la Conselleria de Sanidad incumple el pliego de condiciones de la concesión, entre otros incumplimientos previos, y en opinión de este sindicato, los responsables del gobierno valenciano no deberían seguir sin responder de forma conveniente ante estas situaciones", argumenta el Simap.
Para el sindicato, la Conselleria de Sanidad está a tiempo de dar "una respuesta clara, valiente, comprometida y necesaria de paralizar la venta accionarial sin esperar a más informes de la Abogacía de la Generalitat". Al respecto, señala que sigue siendo válido el informe de este organismo emitido en 2016 sobre este mismo asunto en el que concluyó que para que la transacción fuera válida se debía autorizar de forma expresa y previa por la Administración.
"Hay que denegar de forma expresa y formal la venta accionarial y hay que iniciar el camino de la reversión, ese es el compromiso que debe cumplir este gobierno valenciano con sus ciudadanos", concluye el sindicato.
