VALÈNCIA. (EFE) El PSPV-PSOE ha solicitado hoy a la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, que reivindique "una financiación justa" para la Comunitat Valenciana, después de que su partido en Madrid la haya ratificado para encabezar la candidatura del partido a la Generalitat en las próximas elecciones autonómicas.
Según un comunicado del partido socialista, el secretario de Economía en la provincia de Castellón, Javier Serralvo, se ha mostrado "escéptico y pesimista" al respecto porque "a Bonig le pasa lo que a muchos entrenadores de fútbol, que cuanto más veces son ratificados, más próximo está su cese".
En este sentido, ha recordado que las continuas ratificaciones de Bonig parten de lo que tanto en la sede del PP en Génova como La Moncloa consideran su "pecado original": "haber osado criticar los Presupuestos Generales del Estado que elaboró el Gobierno de Rajoy el pasado mes de marzo".
Fue una crítica que "duró escasas horas", porque "rápidamente fue obligada desde Madrid a rectificar y desdecirse", pero que, según el diputado socialista, le ha ocasionado importantes problemas a la presidenta regional del PP, que "se siente desde entonces en la cuerda floja, constantemente cuestionada".
No obstante, el también teniente de alcalde de Vila-real, espera que "ahora que ha cogido algo de aire, Bonig se decida a elevar la voz para exigir la financiación y a acudir a la manifestación que se realizará en octubre para que los valencianos tengamos una financiación justa".
Serralvo ha considerado que "ha llegado la hora de que Bonig dé un puñetazo encima de la mesa para exigir que Rajoy y Montoro traten a la Comunidad Valencina como se merece, financiándola adecuadamente".
Además, ha apuntado que en esta tarea debería acompañarla el presidente provincial del PP, Miguel Barrachina, quien, a juicio del socialista, "también se queda mudo viendo cómo se las gastan en el PP con quienes osan levantar la voz y prefiere recurrir a aquello 'calladito estás más guapo'"
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral