VALÈNCIA. "Hemos aprendido mucho de Compromís". Esta afirmación ha salido en más de una ocasión de la boca de la actual secretaria general del PPCV, Eva Ortiz. Una reflexión que durante la presente legislatura se ha visto reflejada en la manera de ejercer oposición por parte de los populares frente al Consell del Botànic liderado por PSPV y Compromís. Acudir a los tribunales por las solicitudes de información no cumplidas ha sido un ejemplo aplicado por la formación que lidera Isabel Bonig que ya sufrió cuando su partido capitaneaba la Generalitat.
Ahora, no obstante, los populares han dado una vuelta de tuerca a su estrategia para recuperar el crédito perdido ante el electorado. Sin complejos, y pese a que un importante número de sus antiguos referentes se encuentran en el banquillo o investigados en distintos procesos judiciales, han trasladado la batalla política a los tribunales: la fórmula elegida, las denuncias por fraccionamientos de contratos.
El pasado viernes se hacía público que la Fiscalía había abierto diligencias -el procedimiento habitual- tras la denuncia firmada precisamente por Eva Ortiz contra la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, por un posible delito de prevaricación debido al troceo de contratos que evitaban el concurso y por la continuada aplicación de procedimientos de enriquecimiento injusto en la gestión que, según las cuentas del PP se elevaban como mínimo hasta los 43 millones de euros.
Esta denuncia, presentada a mediados de enero, se ha juntado con otras interpuestas a finales de diciembre también por Ortiz según pudo conocerse este jueves. Así, la Fiscalía ha solicitado esta misma semana a las consellerias de Educación y Transparencia que le remitan una copia autenticada de todos los contratos suscritos en relación a las actividades Primavera Educativa y Objetivos del Milenio a raíz de la denuncia de la diputada por -otra vez- fraccionamiento de contratos, por la que ha abierto diligencias de investigación. La responsabilidad directa que se atribuye por parte de Ortiz recae sobre cuatro altos cargos: los consellers Vicent Marzà y Manuel Alcaraz, y los directores generales de Cooperación y Política Lingüística, Federico Buyolo y Rubén Trenzano.
Según el PPCV, en ambos departamentos se realizaron conductas de fraccionamiento sistemático del objeto de los contratos administrativos "a los efectos de evitar la aplicación de procedimientos abiertos a la libre concurrencia, así como la auditoría de los órganos de la Intervención, otorgando contratos arbitrariamente, prescindiendo manifiesta y abusivamente de las exigencias legales, llegando a ordenar los pagos contra el expreso criterio de la Intervención".
En el caso de la actividad 'Objetivos de Desarrollo del Milenio' de la Conselleria de Transparencia, señala que, según su conocimiento, se realizaron "al menos" cuatro contratos por importe global de 58.212 euros que, pese a estar destinados a un objeto único, "fueron fraccionados evitando así procedimientos más exigentes y un mayor grado de fiscalización".
En relación con la 'Primavera Educativa' de Educación, según el PPCV, se observan "numerosos y flagrantes incumplimientos del procedimiento y de los requisitos legales en la contratación" de las actividades, "efectuados con la única finalidad de adjudicar arbitrariamente determinados contratos y efectuar pagos de la misma forma arbitraria, cinematográficas, equipos, sonido, pantallas y ordenador". Y, además, apuntan a que se han podido pagar duplicadamente servicios.
Por su parte, desde el Consell replicaron a las denuncias del PPCV acusándoles de estar llevando a cabo una "campaña orquestada" con el fin de "desviar la atención" de sus propias "vergüenzas".
Sobre el caso de Educación y Transparencia, estas fuentes criticaron la "absoluta falta de trabajo riguroso" en la "recogida y verificación de información" por parte de la formación popular para llevar a Fiscalía la acusación de fraccionamiento de contratos. A su juicio, esto denota la "dejadez" a la hora de trabajar por parte de los 'populares'.
"No se suman correctamente cantidades económicas, se suma o se detrae el IVA a conveniencia, se confunden nombres de meses (junio por julio) o años de facturación (2015 y 2016)", apuntaron.
Más allá del Consell: troceos en la Diputación
http://www.valenciaplaza.com/el-pp-exige-a-jorge-rodriguez-el-cese-de-xavier-rius-por-fraccionar-contratos