VALÈNCIA. El arranque del nuevo curso político en el Partido Popular de la Comunitat Valenciana se ha recibido en las filas de la gaviota con ciertas dosis de optimismo: los dominios de Isabel Bonig fueron elegidos para la Interparlamentaria que tuvo lugar este fin de semana y que contó con la presencia de Mariano Rajoy, seis ministros y el grueso de las figuras más destacadas del partido.
Además, los populares valencianos observan cómo siguen acumulando buena dosis de munición en su arsenal de oposición contra el Consell del Botànic a cuenta, sobre todo, del inicio de curso escolar -decreto ley de plurilingüismo de por medio- y la polémica sobre los centros de menores que dirige Mónica Oltra.
Ahora bien, aunque el inicio de curso esté resultando en cierta medida plácido para el PPCV, existe cierto poso de descontento en una parte de bases y cargos intermedios que apostaron por la celebración del congreso provincial ya antes de verano y que, en esa primera batalla que tuvo que detener Génova por la fuerza, ya se posicionaron con unos u otros aspirantes.
Cabe recordar que el cónclave debería haberse celebrado en junio, pero la tensión entre el presidente provincial, Vicente Betoret, que aspiraba a repetir en el cargo, y la portavoz en la Diputación, Mari Carmen Contelles, llevó a la dirección nacional del PP a tratar de mediar en el proceso. Un intento que fracasó -no hubo acuerdo ni siquiera para el reglamento del cónclave- y que, tras varios episodios mediáticos incómodos, condujo a Madrid a imponer una gestora con el acuerdo de la propia Bonig.
Llegados a este punto, el pensamiento generalizado que muchos ya se atreven a verbalizar internamente en el seno del partido consiste en asumir que no habrá congreso provincial de Valencia en los próximos meses y, es más, no tendrá lugar hasta que pasen las elecciones de 2019. Un problema que, además, apunta a extenderse al resto de procesos comarcales y locales -incluido el de València capital donde también se impuso una gestora que preside Luis Santamaría- dado que de los estatutos populares se desprende que estos cónclaves deben celebrarse en cascada. De hecho, algunos dirigentes ya deslizan que podrían ser impugnados si tienen lugar sin que se haya producido el provincial.
Al margen de la flexibilidad que suele caracterizar los estatutos del PP, varios altos cargos consultados por este diario no ven con malos ojos este aplazamiento generalizado atendiendo a la estrategia. En este sentido, evitar un cónclave a cara de perro entre unos aspirantes que, tal y como se apreció durante la primavera, protagonizaban un enfrentamiento enconado era una prioridad para Madrid, que ya de paso evitaba que Bonig pudiera acumular poder territorial a través de la candidata que apadrinaba en la sombra, Mari Carmen Contelles.
Así, una gestora de cinco miembros presidida por un valenciano con carrera política en Madrid como Rubén Moreno es una garantía de tranquilidad para Génova. En primera instancia, tampoco resulta un problema para Bonig puesto que con esta maniobra ha conseguido apartar a Betoret -con quien la relación era distante- sin que exista posibilidad de un contrapoder provincial. Esta situación, a largo plazo, permitiría un mayor control por parte de la líder regional a la hora del diseño de las candidaturas a Les Corts y también en el ámbito municipal.
Ahora bien, el plan tiene lagunas, empezando por el déficit democrático que implica el aplazamiento por más de dos años de los procesos congresuales en los que la militancia tiene la oportunidad de participar. Si no se celebra el citado cónclave hasta pasado 2019, los afiliados del PP de Valencia habrán pasado como mínimo más de siete años sin tener la ocasión de votar en una urna en una elección provincial, algo que se extendería a los procesos comarcales y locales. Un motivo de por sí grueso -bien es cierto que no especialmente para el PP- cuyo sacrificio, no obstante, puede llegarse a entender en una organización como la popular, muy dada a atajar posibles conflictos orgánicos que salten a la opinión pública aunque se socave la participación.
Está por ver también si a medio y largo plazo la estrategia también resulta positiva para Bonig. En cierta medida existe malestar de diversos cargos que se implicaron respaldando a uno u otro candidato en el fallido proceso, si bien los favorables a la imposición de una gestora consideran que esa inflamación bajará ante la realidad de que no se produce un proceso de vencedores y vencidos.
Ahora bien, fuentes del partido señalan el peligro que supone, de ser así, la congelación de todos los procesos de la provincia, dado que hay un alto riesgo de que se produzca el abandono en estructuras locales -sobre todo en las más pequeñas- ante la falta de renovación y la sensación de interinidad. De la misma manera, algunos dirigentes consideran que Bonig, de no celebrar estos congresos perderá una oportunidad de comenzar a implantar una cuota territorial propia en la provincia de Valencia. "Será como Alberto Fabra, un líder sin poder territorial con la única carta de la victoria electoral", comentaba un veterano dirigente a este diario.
Por otro lado, y así lo señalan también algunas fuentes, la no resolución del problema provincial y los consiguientes comarcales y locales puede agravar el malestar conforme se acerquen los comicios de 2019; dado que existirá un vacío de poder en la designación de los candidatos, donde la dirección provincial tiene un papel esencial dado que a través de un congreso se conforma la dirección del partido que instala una serie de referentes territoriales que a su vez conocen la realidad comarcal. "Si mantenemos a cinco personas colocadas a dedo durante dos años y ganamos las elecciones querrá decir que podemos prescindir de las direcciones provinciales y locales", ironizaba un dirigente popular consultado por este diario.