VALÈNCIA. (EP). La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, han firmado este lunes con los representantes sindicales el IV convenio único para el personal laboral de la Administración General del Estado, que fija mejoras retributivas generales y un salario mínimo de 1.136 euros al mes este año para estos trabajadores, así como el acuerdo sobre los fondos adicionales, con los que se sufraga parte de la subida salarial, que supondrá 280 euros al año (20 euros más al mes) con efectos desde el 1 de enero de 2018.
En el acto de firma del acuerdo, suscrito tras la reunión de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado, Batet ha destacado la voluntad de alcanzar acuerdos de los sindicatos y la mejora de derechos laborales y salarios que se consigue con el acuerdo, renovado tras 10 años y que afectará a más de 40.000 trabajadores.
El convenio supone un incremento salarial para los trabajadores integrados en los grupos profesionales con retribuciones más bajas, que será financiado con los fondos adicionales aprobados para los años 2018 y 2019.
En concreto, se aprueba una subida del 5,5% de media para las todas las tablas salariales del personal laboral de la Administración del Estado, incluyendo el 2,25% de subida general de los funcionarios de este año y los fondos adicionales de 280 euros al año (20 euros al mes), según han explicado los sindicatos.
De esta forma, el salario mínimo del personal laboral, en torno a 10.000 trabajadores, subirá un 9,36% este año, que unido al 2,25% de subida general alcanza el 11,6%, hasta alcanzar los 1.136 euros. No obstante, para el personal laboral de nuevo ingreso, el salario mínimo será de 1.070 euros mensuales. De cara a 2020, la subida podrá alcanzar un máximo del 14% y llegar casi a los 1.200 euros (entre 1.161 y 1.198 euros) que reclamaban los sindicatos.
Además, se contempla una subida lineal para todo el personal laboral de 280 euros anuales (20 euros al mes) con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2018, de forma que una vez que entre en vigor el convenio, los trabajadores cobrarán los atrasos, previsiblemente antes del verano.
El convenio tendrá un coste en torno a 25 millones de euros, de los que 10,17 millones de euros se financian con los fondos adicionales. Además, desde el año 2020 se comprometerá un 25% más de los fondos adicionales para implementar medidas retributivas de homogeneización y desarrollo de la carrera profesional del personal laboral.
Fondos adicionales
La ministra Batet también ha firmado este lunes el acuerdo de distribución de los fondos adicionales con CC.OO., UGT y USO, ya que a este acuerdo no se ha sumado CSIF, y que servirá para financiar parte del incremento salarial de las retribuciones más bajas del personal laboral y para mejorar el complemento de destino del personal dedicado a la atención al ciudadano.
Igualmente, servirá para reclasificar a trabajadores de instituciones penitenciarias, en torno a 12.800 efectivos que pasarán de los niveles 15 a al 16 y del 23 al 24. En total, los dos acuerdos del IV convenio único y de fondos adicionales mejorarán la situación laboral de más de 130.000 trabajadores de la Administración General del Estado, ha subrayado Batet. El coste de ambos alcanza los 45 millones de euros.
Con el II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y las Condiciones de Trabajo se acordó que las administraciones pudiesen destinar, previa negociación, fondos adicionales, del 0,20% de la masa salarial para 2018, un 0,25% para 2019 y un 0,30% para 2020.
El importe de los fondos adicionales para el periodo 2018-2019 asciende a 32,2 millones de euros. La ley de PGE 2018 autorizó el 0,20% de la masa salarial, 14,2 millones de euros, a los fines establecidos en el acuerdo con los sindicatos, y el real decreto de diciembre del año pasado de medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público destinó el 0,25 % para este año (18 millones de euros).
Batet ha explicado que con el IV convenio único se establece una clasificación profesional conforme al sistema educativo y al Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, equiparándose así al personal laboral con el resto del mercado laboral del Estado.
Además, se ordenan los puestos de trabajo en función de los niveles de titulación, formación y capacitación necesarios para las diferentes funciones requeridas por los servicios públicos, se ordena la movilidad del personal laboral y se favorece su promoción profesional.
También recoge la posibilidad de que el personal laboral de la AGE pueda acogerse a la jubilación parcial anticipada, en las mismas condiciones que el resto de trabajadores del mercado de trabajo, a partir del 1 de enero de 2021.
Igualmente, recoge por primera vez el concurso abierto permanente, que facilitará la movilidad y la cobertura de puestos de forma más rápida, con la consiguiente cobertura de necesidades en los servicios públicos afectados.
El secretario general de CC.OO. en la AGE, José Manuel Vera, ha mostrado su "profunda satisfacción" por el "importante esfuerzo" para mejorar las retribuciones y ha tildado el IV convenio único como "uno de los convenios de empresa más importantes".
Vera ha recordado que su organización y UGT denunciaron hace solo tres años el III convenio único, por lo que ha destacado la relevancia del nuevo sistema de clasificación profesional y la recuperación del derecho de jubilación parcial, lo que contribuirá al rejuvenecimiento de la plantilla, junto a las mejoras retributivas, con un alza del 9% para los salarios más bajos este mismo año.
En esta línea, el secretario de la Administración General del Estado de la federación de servicios públicos de UGT, Carlos Álvarez, ha subrayado que con el acuerdo se pone un "sello de dignidad" al convenio, ya que recupera poder adquisitivo para acercar la retribución media del personal laboral a la de otras administraciones. "Hemos firmado un convenio único moderno y digno, que recoge parcialmente las principales reivindicaciones", ha enfatizado Álvarez.
De su lado, el secretario de Acción Sindical de CSIF, Francisco Camarillo, ha valorado que se haya conseguido el concurso abierto y permanente en movilidad y la jubilación parcial para 2021 con el acuerdo del convenio único.
Sin embargo, ha rechazado el acuerdo de fondos adicionales porque "deja fuera al 70% de la plantilla de funcionarios" y la subida de 20 euros mensuales acordada es "claramente insuficiente" para paliar la pérdida de poder adquisitivo de la crisis.
CSIF ha tildado este acuerdo de "improvisado y chapucero", y es que, según ha explicado Camarillo, solo se han producido dos reuniones de un grupo de trabajo, pero la firma no se ha realizado aún en la Mesa General. A su juicio, el acuerdo se ha zanjado "de prisa y corriendo" y cree que hay un componente electoralista en la prontitud de dicho acuerdo.
