VALÈNCIA. (EP). La Secretaria de Estado para las Administraciones Territoriales ha puesto objeciones a dos artículos del proyecto de Ley de Cooperación y Desarrollo Sostenible de la Generalitat Valenciana, unas observaciones que ha trasladado al Gobierno valenciano para que las valore y, "con el alcance y en la forma que estime más apropiada", pueda "despejar de antemano" cualquier problema que en el futuro se plantee con la aplicación de esa norma.
Así consta en la carta que se ha hecho llegar a la Generalitat, por parte del director general de Relaciones con las Comunidades Autónomas y Entes Locales, en la que se explica que esta administración ha examinado el proyecto de ley del Consell, sobre el que Hacienda formula observaciones.
La Inspección General del Ministerio de Hacienda ha apuntado, en primer lugar, que dado el "carácter de acción exterior del Estado de la política de cooperación internacional para el desarrollo", considera conveniente que el texto del Consell recoja "el sometimiento expreso al artículo 20 de la ley 23/1998 de 7 de julio de Cooperación Internacional al desarrollo, por cuanto que la aplicación de los principios recogidos en el artículo 3 podrían no ser coincidentes con las prioridades establecidas en la sección segunda del capítulo I" de esa norma.
En segundo lugar, se consideran no constitucionales los aspectos del artículo 16 de colaboración en el ámbito internacional, por cuanto que el artículo 143 de la Constitución Española atribuye al Estado las relaciones internacionales".
Sin embargo, desde la Conselleria de Transparencia de la Generalitat se ha destacado que la ley valenciana "está consensuada por el Consell Valencià de Cooperació y ha pasado todos los organismos necesarios para su tramitación". Actualmente, la norma, aprobada en abril por el Pleno, está ahora en fase de debate en las Corts y, desde la Conselleria "se va a facilitar cualquier tipo de reforma que se plantee ante esta cuestión".
No obstante, el Consell ha expresado su "discrepancia" ante las consideraciones enviadas aunque se muestra "abierto al diálogo" y ha destacado que el texto es fruto de un proceso de elaboración "participado y plural", y ha alcanzado el consenso del sector, tanto de las ONGD como en el Consell Valencià de Cooperació.
Además, subraya que ha pasado por todos los organismos necesarios para su tramitación como la Abogacía de la Generalitat, el Consejo Económico y Social así como el Consell Jurídic Consultiu, que no ha realizado "ninguna consideración" respecto al artículo 16, al que hace referencia la carta del Gobierno, ni ha planteado ninguna duda sobre su constitucionalidad.
Además la Conselleria destaca que la Ley es "totalmente respetuosa" con los límites en materia legislativa de la Comunitat Valenciana y ha señalado que la Generalitat "tiene competencias sobre la cooperación al desarrollo y, en este sentido, puede determinar actuaciones en este ámbito".
Por otro lado, en el mismo preámbulo de la norma ya se tiene en cuenta la legislación básica estatal y por ello establece que "asume los principios, los objetivos y directrices básicas de la Ley estatal 23/1998, de 7 de julio, de cooperación internacional para el desarrollo, y la Ley estatal 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado".
La Conselleria de Transparencia publicará en su web las consideraciones que hace el Gobierno y remitirá la carta a las Corts para que en el trámite parlamentario los grupos políticos la tengan en cuenta.
Por su parte, el delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, ha indicado que el Ejecutivo central debe "velar por el cumplimiento de la legalidad" de todas las normas que se dictan por comunidades autónomas y entidades locales y ha añadido que tiene "dudas" sobre la constitucionalidad y legalidad de esta ley, por lo que ha enviado la carta de observaciones "en aras del respeto y lealtad entre instituciones". "Esto es un Estado de Derecho y tenemos que tenerlo claro. No podemos ir por libre en materia exterior dada la importancia de la materia y hay que tener unidad de acción", ha sostenido.
En este sentido, ha recalcado que las competencias en asuntos exteriores corresponden al Gobierno de España y las normas del resto de administraciones se debe ajustar a ese marco competencial, además de que las directrices básicas en esta materia las establece el Congreso de los Diputados.
En esta línea, ha calificado de "importante" la carta de colaboración remitida y las dudas que se advierten y que la Generalitat "tiene que ser consciente de que la competencia es del Estado y la cooperación internacional forma parte de ese concepto más amplio y cualquier ley autonómica se debe enmarcar a la normativa estatal".