VALÈNCIA (EFE). El Gobierno ha planteado en el diálogo social fórmulas que garanticen el poder adquisitivo de las pensiones, pero que eviten que acaben subiendo por encima del coste de la vida, como ha ocurrido en 2020 con una revalorización del 0,9 % frente a un índice de precios de consumo (IPC) del -0,5 %.
Se daría así cumplimiento a la recomendación del Pacto de Toledo, que aboga por mantener el poder adquisitivo de las pensiones con una revalorización anual basada en el IPC real, pero intentando que no se produzcan ganancias adicionales de poder de compra, según han explicado a EFE fuentes del diálogo social.
En la ficha de pensiones enviada por el Gobierno a Bruselas, se habla de derogar el todavía vigente índice de revalorización de las pensiones (IRP) introducido por el PP en 2013, que solo garantizaba una subida mínima anual del 0,25 %.
Para sustituirlo se apuesta por una nueva fórmula vinculada al IPC "que simultáneamente evite la necesidad de reducciones nominales en el eventual caso de que se produjeran ganancias puntuales de poder adquisitivo".
Consciente de que una bajada nominal de las pensiones no sería aceptada socialmente, el Gobierno ha optado por buscar una fórmula que permita dar con la revalorización exacta.
No obstante, los sindicatos creen que este planteamiento sería difícil de comprender para la opinión pública, por lo que reclaman a la Seguridad Social una fórmula lo más sencilla posible que traslade tranquilidad a los pensionistas.
Lo que no ha llegado todavía a la mesa de negociación es la ampliación del periodo de cómputo para calcular la pensión, a pesar de que el Gobierno ha incluido esta medida en la ficha enviada a Bruselas.
En uno de los borradores previos se hicieron cálculos sobre una eventual subida a 35 años, que finalmente no fue incluida en el documento remitido a la Comisión Europea.
A tenor de las manifestaciones públicas realizadas por los líderes sindicales en las últimas semanas, no parece viable que un nuevo aumento del periodo para calcular la pensión pueda formar parte de un acuerdo con los agentes sociales, más aún cuando todavía no se ha completado la ampliación pactada en la reforma de 2011.
En 2022 concluirá el aumento progresivo del periodo de cómputo que desde 2013 está subiendo de 15 a 25 años, a razón de un año por cada año.
El Gobierno prevé plantear este asunto en una segunda fase de la negociación, en la que también se trataría la derogación del factor de sostenibilidad de la reforma del PP, cuya entrada en vigor se suspendió hasta 2023 y que supone el ajuste del importe de la pensión a la esperanza de vida prevista.
La Seguridad Social quiere sustituirlo por un "mecanismo de equidad intergeneracional" que tenga en cuenta no solo la esperanza de vida, sino también otros indicadores.
El objetivo es liberar a las generaciones más jóvenes "de un ajuste provocado por la llegada a la edad de jubilación de cohortes de trabajadores más pobladas", en referencia a la generación del "baby boom" que empezará a salir del mercado laboral en breve.
A la espera de que se negocien estos puntos, encima de la mesa ya hay propuestas para desincentivar la jubilación anticipada y para fomentar la jubilación demorada voluntaria, un asunto que ha encontrado más reticencias por parte de los agentes sociales en lo que tiene que ver con restringir las jubilaciones prematuras.
Por el contrario, han acogido de buen grado -al menos los sindicatos- la propuesta de incentivar económicamente el retraso voluntario de la jubilación mediante un cheque único a cobrar en el momento de la salida del mercado laboral.
Sin embargo, fuentes sindicales anticipan que determinar la cuantía de ese cheque va a suponer una negociación complicada.
Nada se ha hablado aún del resto de temas incluidos en la ficha de pensiones trasladada a la Comisión Europea, entre los que se encuentra el sistema de cotización por ingresos reales para los autónomos, la revisión del complemento de maternidad y el aumento de la base máxima de cotización.
A esas reformas se suman el impulso a los planes de pensiones de empleo mediante la creación de un fondo público al que puedan adscribirse y la asunción por parte del Estado de los gastos impropios que ahora financia la Seguridad Social con la previsión de que deje de hacerlo en 2023.
