VALÈNCIA. (EP). El Gobierno ha aclarado que no puede revelar el importe total del coste del viaje que realizó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Castellón el pasado mes de julio en virtud de la Ley de Secretos Oficiales; excepto los 282,92 euros que supusieron los gastos de protocolo.
Un portavoz del Ejecutivo ha explicado a Europa Press que todos los detalles del desplazamiento, incluida la comitiva que acompañó al presidente en el viaje, no pueden ser revelados porque "afectarían a los planes de protección" recogidos en la Ley de Secretos Oficiales. El único dato público es el de gastos de protocolo "los días previos", que ascienden a 282,92 euros.
Así consta en una resolución de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno que responde a una petición de información del asesor del Grupo Popular en el Ayuntamiento de València, Luis Salom, sobre "el coste aproximado y sin desglosar de todo el desplazamiento del Presidente y sus acompañantes, incluido el coste de apertura especial del aeropuerto de Castellón para este desplazamiento".
Este viaje de Pedro Sánchez generó polémica porque el presidente aprovechó la ocasión para asistir junto a su mujer a un concierto en el Festival Internacional de Benicàssim (FIB). Sin embargo, el Ejecutivo recalca que el objeto del desplazamiento fue una visita a la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, y el presidente de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig.
Fuentes del Gobierno también destacan que toda la normativa sobre materia clasificada en los viajes del presidente es anterior al actual Gobierno "y ha sido utilizada por todos los Ejecutivos precedentes, ya sean de PP o de PSOE".
La respuesta de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno fue formulada a instancias del Consejo de Transparencia, al que el 'popular' Luis Salom recurrió tras una primera respuesta en la que no se detallaban datos del viaje.
En concreto, el Gobierno insistía en que, tratándose de materia clasificada, tanto los informes sobre movimientos de aeronaves militares" --como el Falcon en el que viajó Sánchez-- "como los planes de protección de autoridades y pasajeros sometidas a la misma" están protegidos por la Ley de Secretos Oficiales.
El PP quiere que el subdirector general de Transparencia y Buen Gobierno, Javier Amorós, comparezca en el Congreso para explicar por qué el Ejecutivo socialista blinda los viajes del presidente, Pedro Sánchez, amparándose en la Ley de Secretos Oficiales.
En concreto, los 'populares' piden que Amorós acuda a la Comisión de Política Territorial y Función Pública "para informar sobre la censura y crítica al presidente del Gobierno, por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, por abusar del secreto oficial para ocultar sus viajes".
Así consta en una resolución de la Secretaria General de la Presidencia del Gobierno, a la que tuvo acceso Europa Press, en respuesta a la petición de información del asesor del grupo municipal 'popular' en el Ayuntamiento de València Luis Salom sobre el "coste aproximado y sin desglosar de todo el desplazamiento del presidente y sus acompañantes, incluido el coste de apertura especial del aeropuerto de Castellón para este desplazamiento".
Al respecto, el Gobierno señala que "el gasto total computado por el Departamento de Protocolo los días previos fue de 282,92 euros", y subraya que "el viaje oficial tuvo como objeto la visita en Castellón a la alcaldesa y al presidente de la Generalitat".
Sobre el resto de la comitiva que acompañó al presidente, el Ejecutivo insiste en que "facilitar más información al respecto sobre cualquier desplazamiento afectaría sin duda a los planes de protección", regulada en la Ley de Secretos Oficiales.
El pasado 19 de agosto Salom solicitó al Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad información sobre el coste del viaje de Sánchez a Castellón, con el posterior desplazamiento al FIB, así como el viaje de regreso a La Moncloa.
En su petición, el 'popular' puntualizaba que "en ningún caso se solicita información sobre personas acompañantes, ni datos relativos al dispositivo de seguridad ni sobre el trayecto", sino "el coste total aproximado y sin desglosar del desplazamiento presidencial de ida y vuelta".
No obstante, y transcurrido el plazo máximo para resolver la reclamación, no obtuvo respuesta, por lo que presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que instó al Gobierno a facilitar la información requerida.
En declaraciones a Europa Press, Salom ha tachado de "tomadura de pelo" del Gobierno y "una broma de mal gusto" el hecho de "valorar en 282,92 euros el viaje privado en el Falcón a Castellón", por lo que avanzó que volverá a reclamar la actuación del Consejo de Transparencia y presentará una queja al Defensor del Pueblo.