VALÈNCIA (EFE). El Defensor del Pueblo ha informado a la Fiscalía General del Estado sobre la situación de desamparo que sufren muchos menores tutelados por la Generalitat al cumplir la mayoría de edad, ya que deben abandonar el centro de acogida y se quedan en la calle sin recursos ni permiso de residencia y trabajo.
La iniciativa de Francisco Fernández Marugán se ha producido a raíz de las quejas de la Campaña por el Cierre de los CIEs para el fin de las deportaciones en nombre de diez de estos chicos, algunos de los cuales fueron encerrados previamente en el CIE de Zapadores.
Según ha informado la Campaña en un comunicado, el Defensor les notificó el pasado 6 de noviembre que había decidido dar traslado de este asunto a la Fiscalía General "a la vista de la cantidad de menores tutelados por la Comunidad Valenciana que acceden a su mayoría de edad sin contar con la autorización de residencia a la que tienen derecho".
Ello, prosigue el Defensor, "dificulta tanto la asignación de un recurso para ex tutelados, el acceso a las ayudas que pudieran corresponderles y la continuidad del proceso iniciado durante su minoría de edad, entre otros muchos inconvenientes".
En el escrito analiza el fondo del problema, que no sólo afecta al caso concreto sino a muchos jóvenes abandonados a su suerte por la Administración cuando dejan de ser menores, según las mismas fuentes.
El Defensor destaca la existencia de la Nota Interna 1/2019 dictada por la Fiscalía General del Estado, conjunta de los Fiscales de Sala de Extranjería, Menores y Contencioso Administrativo, sobre la tramitación de la residencia de los menores extranjeros no acompañados.
Recuerda que en ella "se promovía la obligación de supervisar el cumplimiento por las Entidades Públicas de Protección de Menores de su deber de instar ante la autoridad gubernativa la documentación de los menores extranjeros no acompañados y la agilización de los trámites correspondientes".
Según la Campaña, no sólo da traslado de las irregularidades cometidas con estos jóvenes sino que también pone de manifiesto el incumplimiento de la propia Fiscalía de su obligación de supervisar el funcionamiento de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, competente en la protección de menores.
El acompañamiento a estos jóvenes por parte de la Campaña CIEs No comenzó a principios de este año, al detectar en el lapso de pocas semanas la presencia de hasta siete menores de edad privados de libertad en Zapadores, cinco de los cuales demostraron ser menores de edad y fueron trasladados a diferentes centros de protección.
Sin embargo, los otros dos no fueron reconocidos como menores de edad porque su documentación no fue aceptada por el Juzgado de Instrucción número 3 de València en funciones de control del CIE, aunque finalmente fueron puestos en libertad por la imposibilidad de que fueran deportados.
Pasados pocos meses, en pleno estado de alarma, uno de los chicos volvió a contactar con la Campaña CIEs NO y comunció que había alcanzado los 18 años y había tenido que abandonar el centro sin que se le hubiera tramitado el permiso de residencia ni se le hubiera solicitado un recurso habitacional, por lo que estaba en la calle.
CIEs NO ha podido contactar con 12 de ellos, diez de ellos habían sido tutelados por la Comunitat Valenciana y otros dos por otra comunidad.
Los chicos, a quienes no se había gestionado una plaza en la Red de Emancipación, la solicitaron después de su salida del centro de menores con el acompañamiento de la Campaña sin que hasta el momento hayan recibido respuesta alguna por parte de la Conselleria, por lo que la mayoría continúa en la calle y se sienten "abandonados y maltratados" por el sistema que debería protegerles.
Piden ser documentados con un permiso que les permita residir y trabajar de forma legal, y acceder a los recursos de la Red de Emancipación para Jóvenes Ex Tutelados de la Comunitat Valenciana.
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