VALÈNCIA. Es una asignatura pendiente de la administración valenciana y una de las principales reivindicaciones y quejas del sector de la construcción: agilizar la tramitación de las licencias de obra para desatascar el actual embudo. Un lastre que desde hace años pone en jaque la viabilidad de los proyectos por la lentitud de algunos consistorios valencianos debido a la falta de personal y el dinamismo de la actividad inmobiliaria. Incluso, algunos inversores se han decantado por otras plazas ante los largos tiempo de espera entre que la solicitud del permiso y su obtención. Un verdadero quebradero de cabeza para muchos empresarios al que el Consell quiere poner solución.
Con tal propósito, la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, que dirige el socialista Arcadi España, ultima la redacción de un decreto que para dar una respuesta a esta compleja situación. Para ello, recurre a la colaboración con entidades externas con el objetivo de ayudar a los ayuntamientos valencianos a agilizar la tramitación de las licencias de obra. Una solución para aliviar la carga de trabajo de los funcionarios y desatascar el cuello de botella que existe en muchos municipios de la Comunitat.
Era este verano cuando el departamento de Obras Públicas sacaba a información pública el proyecto para recibir las alegaciones de los interesados. Cumplido el plazo, ahora trabajan en la redacción del decreto final que prevén que pueda salir en dos o tres meses. De hecho, el conseller España hacía alusión a esta cuestión tras reunirse con el presidente de la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción (Fevec), Francisco Zamora. "Estamos preparando un decreto que saldrá en los próximos meses y que permitirá colaborar con los ayuntamientos, siempre con supervisión de funcionarios, para agilizar los atascos. Se trata de una herramienta para dinamizar el sector", enfatizó.
¿Qué mecanismo contempla la norma? La colaboración de entidades privadas en la verificación y control de las actuaciones urbanísticas. Para ello, prevé la creación de un Registro de Entidades Colaboradoras Acreditadas que podrán emitir un certificado de conformidad, un documento equiparable al generado por los técnicos municipales para obtener la licencia de obra. Estas entidades, que pueden ser desde colegios hasta empresas, podrán ejercer funciones de verificación de cumplimiento de la idoneidad de los proyectos, revisar la documentación técnica de la licencia de obra, controlar la adecuación de la ejecución de las obras a la licencia otorgada o de la comprobación de las obras una vez finalizadas. Se configurarán como entes de carácter voluntario, de forma que las personas interesadas podrán libremente hacer uso o no de sus servicios.
El objeto de este decreto es regular el sistema de habilitación, funcionamiento y registro de las entidades colaboradoras para el ejercicio de las funciones de verificación de la integridad documental y técnica y del cumplimiento de la normativa y la adecuación de las obras en los procedimientos de intervención municipal de obras. "Será una herramienta fundamental para revitalizar el sector y contribuir a que no pase como ahora que muchas veces cuesta más la tramitación de una licencia que la propia construcción", subrayó España.
Eso sí, para poder ejercer esta actividad las entidades deberán contar con la acreditación de la ENAC, especializada en acreditar a entidades colaboradoras de la administración, así como contar con un seguro civil y unos determinados perfiles profesionales del personal técnico.
¿El objetivo? Garantizar que la entidad dispondrá de la adecuada capacidad técnica y que realizará su actividad con imparcialidad y objetividad. Sin embargo, estas entidades no sustituirán las potestades de comprobación e inspección propias de la administración que podrán, en cualquier momento, verificar las funciones y actuaciones desarrolladas por las entidades.
Desde Fevec, su presidente Francisco Zamora consideró fundamental la puesta en marcha de un mecanismo que ayude a dinamizar la actividad y que simplifique los trámites. Y es que según explica, en declaraciones con este diario, en un momento de mucha actividad en el sector de la construcción, hay unas 1.000 viviendas a la espera de licencia en el consistorio valenciano desde hace dos años.
A su juicio, con la figura que incorporará el decreto de la Conselleria se simplificarán los trámites y se agilizará el proceso hasta la obtención de la licencia gracias a esa supervisión externa. Sin embargo, recalca que para que funcione adecuadamente si esa empresa ya supervisa un proyecto no debería volver a revisarlo un funcionario porque entonces no tendría sentido y habría duplicidades. "Un arquitecto es un profesional cualificado que conoce el sector. Ya se ha examinado para obtener su título y no hace falta que un funcionario controle su actividad". puntualiza.
Pero, además, en el encuentro se abordó uno de los principales problemas a los que se enfrenta el sector de la construcción como es la falta de mano de obra y la necesidad de revisar los planes de formación. "Pedimos cursos determinados sobre ciertas actividades del sector para dotar a las empresas de perfiles profesionales que ahora escasean", señaló. "Hoy en día hace falta la figura del obrero porque en las rehabilitaciones, por ejemplo, no solo tienes un oficio, sino que necesitas conocimientos en varias materias", recalcó.
Precisamente una formación más cualificada permitiría, a su juicio, que más personas se incorporasen al mercado laboral y, a su vez, ese empleo sería de mejor calidad. "Los obreros en la construcción son un sector con futuro. En la provincia de Valencia hay unos 40.000 profesionales y el año que viene se necesitaría entre un 20 y un 30% más", concluyó.