VALÈNCIA. El Gobierno valenciano logró en 2018 reducir un 16,2% el montante de las conocidas como facturas en el cajón, que son los compromisos de pago asumidos que no figuraban en los presupuestos de la Generalitat para ese año. Con todo, la suma de estas facturas aún superaba los mil millones de euros, una cantidad muy elevada que supone un lastre para el presupuesto de 2019, que ascendía a 16.700 millones sin contar el servicio de la deuda.
Estas obligaciones se recogen en dos partidas de la Cuenta General, la 409 (operaciones pendientes de aplicar al presupuesto) y la 411 (acreedores por periodificación de gastos presupuestarios). La cuenta 409 acabó el años pasado con 803,35 millones de euros, un 16,6% menos que en 2017 -en el que aumentó respecto a 2016-. El saldo de la cuenta 411 ascendía a 246,84 millones, un 14,8% menos que el año anterior. La suma de ambas cuentas ascendió el año pasado a 1.050 millones de euros, frente a los 1.253 millones de 2017.
Hace al menos dos décadas que la Generalitat empezó a sacar facturas del presupuesto al no llegar a fin de año, práctica que todos los gobiernos justifican por la falta de financiación del Estado y la necesidad de seguir prestando servicios. También el conseller de Hacienda, Vicent Soler, achaca el problema a la infrafinanciación.
Como es habitual, la Conselleria de Sanidad Universal se lleva la palma. El año pasado, el departamento que dirige Ana Barceló sumó más de 500 millones de euros en la cuenta 409, de los que 190 correspondían a medicamentos. A ello hay que sumar otros productos médicos cuyo suministro no se puede detener aunque se acabe el dinero. En la cuenta 411, Sanidad tenía pendientes 24 millones que no pagó al Instituto Valenciano de Oncología (IVO) cuando se acabó el concierto y estuvo negociando un nuevo acuerdo, que no se alcanzó hasta abril de 2019.
Destaca el incremento de la Conselleria de Igualdad, que pasa de 6 millones a 67 en 2018 debido al dinero que el departamento que dirige la vicepresidenta Mónica Oltra tiene que devolver a muchas familias por una sentencia que anuló el copago impuesto a personas dependientes. Esta Conselleria ha pasado a ser la segunda en el montante de las facturas no contabilizadas en el ejercicio.
En la Cuenta General se destacan otras áreas o ámbitos donde también se echo la pelota hacia delante. Es el caso de los 63 millones de euros "correspondientes a los intereses de demora devengados a 31 de diciembre de 2018 y pendientes de imputar al presupuesto en dicha fecha", según la información remitida por las distintas Consellerias.
Además, existen 44 millones correspondientes a obligaciones derivadas de sentencias judiciales firmes en materia de personal de la Conselleria de Sanidad Universal y que a final de año también se encontraban pendientes de aplicar a presupuesto.