Vicent Marzà, conseller de Educación. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. La Generalitat valenciana no quiere bajo ningún concepto que el juzgado archive la causa abierta contra la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (Feceval) por el presunto pago de salarios a cargo de erario. Por ello, a la oposición a la petición de archivo de la Fiscalía Anticorrupción envía, ahora, un informe ampliatorio firmado por los jefes de servicio de centros privados y concertados, Mari Carmen Quiles, y de formación del profesorado, Pedro Sigler.
Este informe tiene que ver con la pieza judicial sobre la concertada que todavía permanece abierta, a la espera de la decisión del magistrado sobre si se archiva como pide Anticorrupción o sigue la instrucción como solicita el Consell. La otra pieza, la que afectaba a los sobresueldos, se cerró hace dos semanas sin oposición de la Abogacía de la Generalitat.
La abogacía de la Generalitat explica que "se aporta informe de los dos centros directivos responsables del pago de las nóminas de los profesores de los colegios concertados y de la justificación y acreditación de la formación de los profesores". Y agrega que "el abono de los salarios de estas personas que nunca jamás impartieron docencia en centros concertados con cargo a fondos públicos no ha podido ser justificado de ninguna manera y, hasta resulta dudoso que estas personas realizaran alguna labor relacionada con la docencia".
Y apostilla la Abogacía que "al efecto de acreditar que jamás se justificaron las actividades por las que dichos trabajadores recibían su salario con cargo al presupuesto, se aporta el siguiente informe en el que puede comprobarse que no existe en los archivos administrativos ninguna documentación que acredite que dichos trabajadores realizaban tareas de organización de la formación". La Generalitat sostiene que si se vincula el contenido del informe a lo ya acreditado en la causa con la relación a la "falsedad de la contratación" de los mencionados trabajadores, "se refuerza de una manera muy poderosa que los fondos públicos se destinaron a intereses ajenos al interés público".
Por su parte Vicente Boluda, abogado de Feceval, argumenta con respecto al nuevo escrito y al informe del Consell que le causa "perplejidad" que la Generalitat aporte un informe fechado el mismo día en el que el Ministerio Público realiza la petición de sobreseimiento, no comprendiéndose por qué el mismo no es aportado en el momento en el que se le dio traslado para realizar alegaciones a dicha petición, pues es de entender que el informe ya obraba en su poder". Añade que el informe "adolece de falsedades y contradicciones con la propia información aportada a la causa por esta parte y por la propia Conselleria".
El letrado asegura que el informe está plagado de imprecisiones y afirmaciones que no son ciertas y pone un ejemplo: "Respecto a la coordinación de actividades, D. José Manuel Boquet es el único de los interesados, según se desprende de la documentación obrante en el Servicio de Formación del Profesorado, que realizó trabajos de coordinación de actividades durante los años 2009 y 2013”. Sin embargo, según el abogado de la concertada, "la realidad es que el Sr. Boquet jamás ha realizado tarea alguna como coordinador de formación y la retribución que ha venido percibiendo de la Conselleria hasta el año 2013 responde a su condición de docente en el Colegio Jardín, labor que viene desempeñando nada menos que desde el año 1975, siendo a partir de 1987 cuando comenzó a ser retribuido mediante el sistema de pago delegado".
En relación a la pretendida inexistencia de justificación de las actividades realizadas por los coordinadores, asegura que queda acreditado y así lo ha considerado el Ministerio Público que los cursos de formación contenidos en los planes propuestos por Feceval no sólo tuvieron lugar, sino que contaron con la aprobación de la Conselleria desde que el Convenio fue firmado en 2003.
Por último la Generalitat asegura que no existe en los archivos administrativos ninguna documentación que acredite que dichos trabajadores realizaban tareas de organización de la formación.
El letrado de Feceval asegura que "tal razonamiento resulta incomprensible y falso, pues la Conselleria tenía pleno conocimiento de la existencia de dichas personas y de la labor que desempeñaban", pues así constaba en el convenio firmado y en el sistema de pago delegado, donde figuraban como "liberados de la patronal", además de en comunicaciones expresas entre Feceval y la Conselleria.
