El Consell declara urgente revertir las resonancias casi tres años después de expirar el contrato

VALÈNCIA. El Gobierno valenciano declarará este viernes como urgente la tramitación del proyecto de decreto para revertir el servicio de resonancias magnéticas a la gestión directa en la sanidad valenciana tras casi tres años con el contrato expirado. Y es que, el pleno del Consell aprobará encarar por la vía rápida el proyecto para dar celeridad a la incorporación de un centenar de trabajadores de la UTE Erescanner Salud -actual prestadora del servicio- a los departamentos sanitarios. 

Como ya apuntaba Valencia Plaza hace unas semanas, el departamento de Ana Barceló retomaba el proceso tras abandonar la idea de la Empresa Pública de Salud (EPS) en la que se pretendía aglutinar al personal de las resonancias, del departamento de Torrevieja y el servicio de farmacia socio-sanitaria de las residencias públicas. Una decisión que retornaba el proceso a la idea inicial, que era la integración directa. 

Ya hace dos años y ocho meses que el concurso de resonancias magnéticas adjudicado a la UTE -participada en su mayoría por Eresa (Ascires) y acompañada por Inscanner y Ribera Salud- llegó a su fin y, sin embargo, desde Sanidad no han sido capaces en este plazo de ejecutar una reversión más que de sobra prevista. Una cuestión que ha llevado a la administración valenciana a seguir abonando el servicio a través del sistema de enriquecimiento injusto y que ha supuesto sobrecostes millonarios.

"En el decreto debe quedar determinada la naturaleza laboral de la relación de empleo, sus condiciones de trabajo, así como el hecho de que van a ocupar plazas de naturaleza estatutaria de manera transitoria en tanto en cuanto no concurran las causas legales de extinción en su contrato de trabajo y su forma de provisión una vez queden vacantes", señala la declaración de urgencia.

Unas ayudas del ministerio marcan la "urgencia"

Sobre el porqué se declara ahora de "urgencia" una cuestión que lleva años dando vueltas, Sanidad lo justifica en el reducido plazo temporal fijado por el Ministerio de Sanidad para recibir crédito con el fin de contratar y recibir equipos, tras una sesión celebrada el pasado 14 de julio relativa al acuerdo para distribuir 398,9 millones entre comunidades autónomas con cargo a presupuesto con el fin de adquirir equipos.

Unas ayudas enmarcadas en el Plan de inversiones en equipos de alta tecnología del sistema nacional de salud del Plan de recuperación que, según hace saber Sanidad, hace que se estime necesaria la tramitación urgente del expediente de conformidad con la normativa vigente. Mientras, también achacan el retraso a "la inquietud" de la Conselleria de Sanidad por encontrar la mejor fórmula para la correcta inclusión del servicio en la estructura de la sanidad pública valenciana.

A esto, suman el "asegurarse la salvaguarda de los intereses de los trabajadores que vienen desarrollando su actividad profesional en el ejercicio de esta actividad para la UTE Erescanner Salud". Un combo que, según el departamento de Barceló, ha dilatado de forma indeseada la finalización de la externalización de este servicio. 

Ahora, el proyecto de decreto, que ya fue aprobado en febrero de 2018 en mesa sectorial, tendrá que volver a ésta en el caso de tener una nueva versión, además de salir a información pública y pasar por los correspondientes organismos como Abogacía de la Generalitat o Consell Jurídic Consultiu en el caso de que sufra modificaciones respecto al ya planteado hace más de un año.

El problema de la externalización

"La resonancia magnética es una técnica más como las otras y hasta ahora lo estaba gestionando una empresa privada, lo que significa que nosotros no tenemos control de esas exploraciones. Ellos hacen los citan y hacen sus informes de forma totalmente independiente a lo que es el continuo diagnóstico terapéutico del paciente y nuestra misión queda interrumpida", señalaba Carlos Muñoz, radiólogo del hospital La Fe y vicepresidente de la Sociedad de Radiología de la Comunidad Valenciana hace unos meses, en una de las concentraciones contra la empresa pública.